La que hace un año se perfilaba como una de las obras más importantes para aliviar, en parte, la compleja problemática de congestión y precaria calidad de vida de reclusos en las cárceles del departamento, hoy está sumida en la incertidumbre y la indefinición
En efecto, a la interrupción de trabajos en el sitio y la parálisis de la fiducia se sumaron dos nuevos ingredientes: la suspensión del Convenio que definió a la Empresa de Vivienda de Antioquia (VIVA) como la ejecutora del proyecto y, lo que puede ser aún más preocupante, que el antiguo seminario Cristo Sacerdote no es apto para alojar personas, debido a las deficiencias en la estructura de la edificación.
De acuerdo con un informe de la secretaría de Gobierno de Antioquia, el pasado 28 de enero fue suspendido el Convenio Derivado número 01, firmado el 10 de noviembre de 2017, y que parecía ser el primer mojón en la concreción del anhelo de encontrarle un alivio a la crisis carcelaria.
VIVA era la encargada de la construcción de la Colonia Agrícola de Mínima Seguridad (Camis) en Yarumal, norte antioqueño. Dicho convenio contemplaba, además, la selección de una firma fiduciaria que se encargara de la administración de los recursos aportados por el Ministerio de Justicia, 51.200 millones de pesos; la Administración Departamental, 7.000 millones de pesos, y la alcaldía de Medellín, también 7.000 millones de pesos.
El Comité Técnico de Seguimiento a ese convenio, integrado por el Ministerio de Justicia, la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec), el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), la gobernación y las alcaldías de Medellín y Yarumal, determinó que durante este tiempo de aplazamiento “se realizarán las actuaciones jurídicas necesarias para la elaboración de los diseños y su aprobación, así mismo el cronograma de construcción y culminación del proyecto en sus diferentes fases”, señala el aparte final del informe.
En febrero de 2018, fue inscrita la escritura pública por medio de la cual se transfirió el predio al Inpec.
Guillermo Ossa. EL TIEMPO
A esta suspensión se suma el informe técnico de diagnóstico, correspondiente al estudio de patología y vulnerabilidad estructural de la edificación, elaborado por la firma consultora Ingeniería Básica, contratada por VIVA para tal fin, que concluyó que “la estructura existente, es decir, la edificación denominada seminario Cristo Sacerdote, debe ser utilizada en actividades diferentes que no sea el alojamiento de los 1.400 internos”.
De acuerdo con el estudio, el inmueble no cumple con las normas sobre construcciones sismorresistentes.
En ese sentido, durante la etapa de planeación del proyecto, la Uspec y el Inpec realizaron diversas visitas al predio y teniendo en cuenta la fecha de su construcción advirtieron la necesidad de hacer estudios que permitieran tener la certeza de las condiciones del lugar y de su posible destinación.
Le pedí a la ministra de justicia que declare la emergencia carcelaria en Colombia porque el problema nos ha superado y no vemos soluciones en el mediano y corto plazo
Actualmente, están adelantando los trámites de elaboración de nuevos diseños de acuerdo con las especificaciones y lineamientos estipulados por la Uspec que pidió que las necesidades técnicas estén ajustadas a la destinación de los recursos.
A estos tropiezos en el avance de la aspiración de tener la que sería una segunda colonia penitenciaria en el país, la otra es la de Acacías (Meta), le había surgido otro impedimento revelado a finales del año pasado cuando el Ministerio de Justicia le solicitó a la Contraloría General que investigue si habría detrimento patrimonial en el contrato firmado en el gobierno anterior por dicha cartera, la Gobernación de Antioquia, la alcaldía de Yarumal y VIVA.
Según explicó entonces el gobernador Luis Pérez, fue creada una fiducia que manejara el proyecto con autorización técnica y económica para ir desembolsando los recursos. Pero, inexplicablemente, de acuerdo con el mandatario regional, Minjusticia tomó la decisión de no participar. “Nos parece absolutamente grave que el Ministerio le ponga lupa a una obra que es de impacto nacional”, dijo Pérez.
Ante esta contingencia, el gobernador propuso desarrollar construcciones temporales o prefabricadas, incluso en el predio de Yarumal. “Tenemos 40 hectáreas para descongestionar las estaciones de Policía, la Fiscalía, en donde no cabe un detenido más y estamos hasta en violación del Derecho Internacional Humanitario porque hay detenidos en estaciones del Ejército. Hay que correr a solucionar esto, yo por eso le pedí a la ministra de Justicia, Gloria María Borrero, que declare la emergencia carcelaria en Colombia porque el problema nos ha superado y no vemos soluciones en el mediano y corto plazo”, agregaba Pérez en noviembre del año pasado al final de una reunión ordinaria del Comité de Inspección y Seguimiento a la Política Penitenciaria y Carcelaria Departamental, presidido por la ministra.
La funcionaria admitió que están estudiando la posibilidad de construcciones móviles para aliviar el hacinamiento en las cárceles, mientras se concretan los cupos carcelarios de manera definitiva. La idea del Ministerio es tener para el 2022 cerca de 12.000 cupos carcelarios.
Pero, ¿entre tanto qué? Fue en marzo del año pasado cuando con la adecuación del terreno del edificio en Yarumal, donde antes funcionó el seminario Cristo Sacerdote, propiedad de la Diócesis Sonsón-Rionegro, arrancaron las obras que le darían vida a una penitenciaría o cárcel denominada Camis para albergar la población reclusa del departamento que se encuentra en alto grado de hacinamiento.
Y es que, según cifras de la gobernación, mientras el promedio de hacinamiento en el país es de 49,4 por ciento, en Antioquia es del 82,5 por ciento. Cifras que lo ubican en el primer lugar en el país con esta problemática. En otras palabras, esto significa que si bien el departamento tiene 8.118 cupos en las cárceles, la población privada de la libertad es de 14.636. Es decir, una sobrepoblación de 6.518.
Hasta hoy, se han invertido más de 62.200 millones de pesos en el proyecto. El Ministerio de Justicia, la gobernación de Antioquia y el municipio de Medellín son las entidades participantes.
Guillermo Ossa. EL TIEMPO
El nuevo espacio en cuestión, cuya inversión presupuestada por las entidades participantes es de 65.200 millones de pesos, fue diseñado para una capacidad de 1.400 internos, aproximadamente, distribuidos en 5,4 metros cuadrados por persona en celda individual para 300 presos de mínima seguridad y 3,4 metros cuadrados por persona en celda múltiple para 1.100 de mediana seguridad.
Además, se planeó que sea un modelo de reclusión que busca ser ejemplo en el país, toda vez que los internos podrán dedicarse allí a diferentes labores tanto agrícolas como pecuarias. Para esto contará con un terreno de cerca de 42 hectáreas, igualmente consta de una edificación de cuatro niveles y un área de 1.400 metros cuadrados.
Pero hoy, la entrada al seminario sigue destapada y empedrada. Al llegar allí, solo se ve personal de guardia custodiando la estructura. No hay vallas ni avisos publicitarios que anuncien la construcción de la futura colonia agrícola.
Sin embargo, habitantes del sector indicaron que aunque el año pasado sí estuvo muy quieta la obra, últimamente han vuelto a ver más personas y más movimiento. En algunas partes ya hay rejas metálicas instaladas que delimitarían el área de la colonia agrícola, las cuales las instalaron hace poco más de un mes, según cuentan algunos vecinos del sector.
“Sí se ha visto más gente que antes, como a 20 trabajadores. Pero poniendo la malla únicamente, adentro no hemos visto que hagan nada y se ve que sigue igual”, contó otro vecino.
JORGE IVÁN GARCÍA
Editor EL TIEMPO
MEDELLÍN
Twitter: @jorgar_eltiempo
