A diario la Policía en Santa Marta atiende hasta 15 casos de riñas que involucran a colombianos y venezolanos, quienes se mantienen enfrentados por el dominio del espacio público donde ejercen todo tipo de actividades informales.
La falta de oportunidades laborales en la ciudad, sumado a la llegada masiva de migrantes, tienen disparadas las ventas ambulantes y el rebusque en las calles.
Las autoridades indican que cada semana aparecen hasta 50 vendedores, limpiavidrios, cuidadores de carro y otros dedicados a oficios varios, que desean ganarse el sustento diario en los andenes de las avenidas y balnearios.
Esta situación ha generado un aumento en el número de peleas y disputas, debido a que el espacio público se encuentra totalmente invadido y aparentemente no hay lugar para nuevos informales.
“Las riñas se presentan en todos los puntos de la capital del Magdalena, pero principalmente en el Mercado Público, zona céntrica y balnearios como la Bahía y el Rodadero. En estos lugares los problemas entre vendedores colombianos y venezolanos se han vuelto común, con consecuencias lamentables”, manifestó el comandante de la Policía Metropolitana, coronel Gustavo Berdugo.
Ya hubo un muerto
Estos enfrentamientos ya dejaron un muerto esta semana en El Rodadero. Allí, dos venezolanos pasaron de las agresiones verbales a las físicas, al punto que uno de los involucrados se armó con un cuchillo y asesinó de una puñalada a su compatriota, quien se negaba a retirarse del espacio público.
Un comerciante del balneario manifestó que “la informalidad, especialmente en la zona de playa, está fuera de control, pues cada día hay más ventas ambulantes y prestadores de servicios ilegales. Lo más preocupantes es que su presencia no solo genera desorden, sino que también altera el orden público e incrementa la inseguridad para propios y visitantes”.
Los propietarios de restaurantes y establecimientos comerciales del Centro de la ciudad denunciaron, además, que en diferentes sectores se han constituido unas mafias que se han adueñado del espacio público y les cobran a los informales por ocupar un lugar.
“Aquel que no pague lo que se le pide, que va entre los 200 y 300 mil pesos mensuales, los hacen quitar a la fuerza y con amenazas. Hay unos que acceden y pagan lo que les exigen, otros se retiran, y algunos más deciden quedarse y atenerse a las consecuencias al no tener una opción distinta”, manifestó Alberto Gómez, quien es dueño de un almacén.
El comercio legal de Santa Marta, considera que la Policía no es suficiente para controlar la informalidad que está disparada. En ese sentido solicitan el regreso de la Unidad Defensora del Espacio Público que a través de su gestión había logrado recuperar zonas que por muchos años estuvieron ocupadas por las ventas informales.
ROGER URIELES
ESPECIAL PARA EL TIEMPO
SANTA MARTA
