James, el joven que quieren matar por denunciar corrupción policial

Joaquin Sarmiento / AFP

A James lo quieren matar hace tiempo. Cuando arreciaron las amenazas por sus denuncias sobre presunta corrupción policial en una barriada de Medellín, recibió un móvil, un chaleco antibalas y más recientemente un botón de pánico.

Joaquin Sarmiento / AFP

Hoy, este activista de derechos humanos de 30 años, padre de una niña de nueve, que vive en una de las comunas más peligrosas de Medellín, apenas cuenta con la prenda blindada que recibió hace tres años de la estatal Unidad Nacional de Protección (UNP).

Joaquin Sarmiento / AFP

El plan de telefonía celular no volvió a ser renovado y el sistema de alerta que debía oprimir en caso de riesgo, solo funcionó una vez, según relata a la AFP.

Joaquin Sarmiento / AFP

Así, casi que indefenso, James se mueve por entre las calles empinadas de su comuna. Cuando sale de ella, viste el chaleco antibalas, consciente de que difícilmente podrá salvarse si se deciden a matarlo.

Joaquin Sarmiento / AFP

«He recibido varias amenazas (…) por estar visibilizando la problemática en la Comuna 13, y más cuando visibilizamos que algunos policías han hecho parte o trabajan conjuntamente con algunas estructuras criminales», sostiene. James asegura que ya vio de cerca la muerte cuatro veces en los últimos 13 años, la más reciente en 2013.

Joaquin Sarmiento / AFP

Entonces, una bala le quemó una de las costillas. Este joven de cabello corto es uno de los activistas de derechos humanos y líderes sociales que están en la mira en Colombia. Hasta el 13 de agosto, 337 de ellos habían sido asesinados desde 2016, un crimen cada tres días, según la Defensoría del Pueblo (ombudsman).

Joaquin Sarmiento / AFP

Aunque las autoridades se han comprometido a mejorar la protección de estas personas, James todavía espera que su situación sea tenida en cuenta. Consultada por la AFP, la UNP se abstuvo de hablar sobre el caso por razones de seguridad.

Joaquin Sarmiento / AFP

La fiscalía en Medellín, entretanto, afirmó en pasados días que investigaría las denuncias que involucran a uniformados en supuestas alianzas con pandillas.

Joaquin Sarmiento / AFP

Desempleado con chaleco James vive con su madre en una humilde casa. Ya sufrió el desplazamiento en carne propia por amenazas que lo forzaron a irse de un barrio a otro dentro de Medellín, así como la pérdida de un hermano y dos sobrinos por la violencia.

Joaquin Sarmiento / AFP

Desde enero está sin empleo porque – según él – la ONG con la que colaboraba, Corporación Pazifistas, no volvió a suscribir contratos con la alcaldía de Medellín. En su trabajo como defensor, dicta talleres de capacitación en derechos humanos y asesora a quienes deben presentar recursos judiciales de protección.

Joaquin Sarmiento / AFP

Sin embargo, aun sin empleo, pandillas y policías siguen recelando de su activismo. La última vez que lo amenazaron fue hace cuatro meses. «Lo irónico es que hay una cancha que está arreglando un contratista y le ponen cuatro policías porque es un empresario. A los líderes que no tienen plata y que son los que hacen el trabajo en la comunidad, no se les brinda protección», denuncia.

Joaquin Sarmiento / AFP

Mientras tanto – agrega – «tengo que salir a buscar empleo con chaleco (antibalas) y eso hace que algunos crean que los voy a poner en riesgo».