Los cálculos más pesimistas fueron ampliamente rebasados por la contabilidad real de los bloqueos y paros sucedidos y en curso en el departamento de La Guajira en los recientes meses. Por diversas causas, desde las estructurales hasta las personales, se ven obstaculizados los caminos y el tránsito de personas e insumos para subsistencia y producción, así como los recorridos que esta península brinda a los turistas como nuevo y apetecido destino. Esto muchas veces sin siquiera dar espacio a una reacción de búsqueda de solución a los problemas que los motivan.
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No es casualidad. Tampoco es superficial ni fácil la solución integral de tan compleja crisis.
En Mingueo, pequeño pueblo guajiro por las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta y junto a una planta generadora de electricidad, protestan los locales precisamente por el discontinuo acceso a ella. Más adelante lo hacen los habitantes de Camarones, cuyo suministro de agua es de una precariedad que ningún habitante de Cundinamarca imagina que suceda en Colombia. Mientras tanto, les pavimentan sus vías, y les distraen con obras públicas de poco beneficio general.
Luego de atravesar Riohacha, la capital, y al tomar la ruta hacia las playas maravillosas de Mayapo, El Pájaro y Musichi, nos encontramos con otro bloqueo de comunidades indígenas porque el ICBF no ha cumplido con sus obligaciones para con los menores.
Se espantaría un visitante al saber el índice de mortalidad infantil por desnutrición entre los wayús –setenta veces más probable que muera por esa causa que en la capital colombiana, como se afirma en la Sentencia T-302 de 2017– y los tiempos que lleva vigente una sentencia de la Corte Constitucional que declaró el estado de cosas inconstitucional en La Guajira por esta y otras razones.
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Derechos vulnerados
En efecto, basada en el requerimiento de las propias comunidades y con la participación de todo el Estado representado por gobierno –del presidente para abajo–, cortes, tribunales, Procuraduría y hasta el gato, en un fallo de contundencia y trascendencia, la Constitucional determinó en 2017 el estado de cosas inconstitucional en gran parte del territorio del norte del departamento.
Pero, ¿en qué consiste semejante declaratoria? En términos generales, pero igual de alarmantes, nada menos que en la vulneración masiva y generalizada de varios derechos constitucionales que afecta a un número significativo de personas, sobre todo a niños de la comunidad wayú, y la prolongada omisión de las autoridades en el cumplimiento de sus obligaciones para garantizarlos.
Involucra en esta deplorable, casi que macabra, descripción a todos los niveles del Estado colombiano, y no deja títere con cabeza al plasmar las observaciones directas hechas por los propios miembros de esa Corte. El agua, su falta de acceso, disponibilidad y su bajísima calidad hacen del territorio donde reside la etnia en sus resguardos uno de los lugares más agrestes de Colombia.
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La pobre alimentación, precarizada por la desertificación que avanza y las migraciones de los wayús venezolanos ante tan poca atención del vecino país, echan más leña a la hoguera. Los servicios de salud, de muy poca adaptación a su realidad ambulante, seminómada y dispersa, siguen atizando el fuego del caos.
En fin, si alguien quiere saber dónde se suma toda la capacidad del Estado para incumplir sus propósitos, basta con que recorra el departamento. Mucho énfasis hizo la Corte en la indispensable incorporación de los principios que han construido la cultura de la etnia y sus leyes a través de un diálogo genuino con verdaderos representantes de las comunidades, para que las soluciones conlleven mayor eficacia en su implantación.
Amén de reprochar la actitud indiferente, al menos, de los gobiernos regionales y locales, advierte sobre la inaplazable lucha para evitar que la corrupción siga campeando en los procesos que se cumplen para la utilización de los dineros públicos.
Con regularidad, la Corte regresa a la península y demanda informes de actualización de las tareas gubernamentales que ordenó, y debe observar la evidencia incontrastable de que los esfuerzos de todos los niveles han sido de una pobreza peor que la de nuestra comunidad indígena. Cientos de páginas que ratifican que el papel aguanta todo.
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Según el último boletín de 2022 del INS, el año pasado murieron 85 niños menores a cinco años por desnutrición en La Guajira. Esta cifra llega a doblar o triplicar la de otros departamentos.
Eliana Mejía
Apuestas al empresariado
Los varios ciclos económicos de ocurrencia en el departamento durante su historia incluyen desde el comercio hasta la explotación de talco, sal, gas y carbón.
Hoy, cuando se inicia uno nuevo con la perspectiva de generación de energía eólica por varias empresas nacionales y transnacionales, las agujas del reloj productivo se mueven nuevamente alrededor del mismo concepto de energía, solo que esta vez menos contaminante.
La atención nacional vuelve a concentrarse en La Guajira. La esperanza en lograr mejorar el balance de generación eléctrica del país, bueno de por sí por su 70 por ciento basado en hidráulica, se dilata con una causa evidente en las restricciones de movilidad para el proceso de construcción y montaje de los gigantes molinos de viento ocasionada por los bloqueos.
Sin el libre tránsito para la tarea de ingeniería que acometen, las empresas han dejado saber que analizan todas las posibilidades de decisión organizacional que incluyen por supuesto, el desistimiento de los proyectos. Mal momento para el país, puesto que su atraso actual, sumado a la posibilidad de abandono, coinciden con las demoras para entrar en operación de otro recurso utilísimo para la canasta eléctrica alternativa: el de Hidroituango.
No todos tienen prisa
Los enormes proyectos de energía, muy intensivos en capital, deben acometer su construcción según estrictos cronogramas y planificación en detalle para su puesta en marcha. Es una carrera contra el tiempo, dado que la inversión es de grandes magnitudes y su retorno está asociado al inicio de las ventas cuando entren en producción. Igual podríamos decir del Gobierno, cuando por razones estratégicas le ha apuntado al impulso desde varios aspectos de políticas públicas para estimular en el país la localización de las inversiones multinacionales en materia de generación ‘verde’.
Queremos mostrarle al mundo un liderazgo en este tema, por lo que la coincidencia en esta materia de gobiernos tan diferentes como el de Duque y el de Petro ha sido de las pocas que vamos a ver por estos años. Ambos han visto el aprovechamiento de las ventajas naturales de la península guajira, con vientos permanentes para la energía eólica, como algo que supera sus diferencias.
Otros no tienen la misma prisa. La comunidad dueña de los territorios donde se asientan las instalaciones ha conocido molinos de viento por décadas. Los han ayudado a sacar agua de los depósitos subterráneos para beneficio humano, de sus animales y en menor medida para cultivos de temporada.
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La Corte debe observar la evidencia incontrastable de que los esfuerzos de todos los niveles han sido de una pobreza peor que la de nuestra comunidad indígena.
No se logran imaginar la dimensión en altura y envergadura de los que se instalarían. Pero su tema no es abaratar o diversificar la matriz eléctrica colombiana. Lo de ellos es la subsistencia. Sus problemas irresolutos, por los que el Estado debería avergonzarse de que existan. Pero no conocen ese rubor institucional.
Por el contrario, han expresado, como lo dijo la ministra de Minas y Energía, que su papel es el de facilitar el diálogo entre las empresas y las comunidades para el levantamiento de las protestas bloqueadoras. Se niegan a reconocer que la gestión pública, el gobernar, implica carácter para enfrentar los problemas, no evadirlos.
El gobierno no es un palabrero, un ‘pütchipü’. Con ello, Petro deja mal parada su política, profusamente alardeada internacionalmente, de volverse una potencia de la energía verde; no están haciendo lo que les toca para despejar, por los caminos del ejercicio del poder público, las vías que faciliten la ejecución de las obras en La Guajira.
El diálogo, la vía wayú
Desde los tiempos de la formación de la cultura wayú en su territorio hasta estos momentos de la historia, la resolución de conflictos se hace mediante el diálogo. El sistema es de reconocimiento internacional como un ejemplo de fortaleza cultural y equilibrio social entre las comunidades. Se aplica todos los días, por cuanto permanentemente surgen discrepancias entre las personas.
Desde la perspectiva étnica, muchos hechos y actos generan ofensas –daños– a los demás, por las cuales debe indemnizarse al ofendido. Las ofensas no son personales, sino familiares. Cuando surge un conflicto, una litis, los involucrados son todos los allegados por carne –‘Ei’rruku’–, es decir, el vínculo materno. La descendencia es matrilineal; la casta, entre tantas que existen, se hereda de la madre.
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Y para dirimir el pleito, aparece una figura indispensable: el amigable componedor, llamado ‘pütchipü’ en lengua wayuunaiki, o palabrero en español. Su trabajo consiste en poner de acuerdo a las familias en conflicto sobre la ocurrencia y reconocimiento del hecho ofensor y la indemnización o pago por el suceso, el cual se tasa en reses vacunas, ovinas o caprinas, collares e incluso, efectivo.
No pretendo hacer una lección del sistema con este escrito. Solo quiero mencionarlo porque es de frecuente uso por parte de las empresas que tienen actividades en las zonas de resguardo indígena y se vuelve muy eficiente cuando se comprende la necesidad de actuar en el marco de las normas y leyes wayús para darles salida a los problemas cotidianos.
Y lo observo como un elemento de mucha ayuda para la crisis que vivimos en los actuales momentos. Siempre que no pretenda el Gobierno adoptar el rol de palabrero, por cuanto su tarea corresponde a la de una de las partes en conflicto.
Enel Colombia ha puesto en duda la continuación de Windpeshi, parque eólico que está construyendo en el departamento. Entre los principales motivos, están los bloqueos de comunidades indígenas.
Eliana Mejía
La solución es larga
Ya para concluir, quisiera dejar unas premisas sobre las cuales se puede construir una solución al freno de las instalaciones a las alternativas eólicas que se sirven de los vientos guajiros.
Primero, hay tres actores claramente diferenciados en este conflicto. Están las comunidades dueñas del territorio, con su enorme carga de necesidades insatisfechas acumuladas por décadas.
Están las comunidades dueñas del territorio, con su enorme carga de necesidades insatisfechas acumuladas por décadas.
Está el Gobierno, en sus distintas instancias, que debe asumir con mucha responsabilidad, sin dilaciones y con credibilidad, el proceso para darle estructura permanente a la atención de las necesidades mencionadas, sin excederse en el prodigar todo lo habido y por haber a los miembros de la etnia.
Y se suman las empresas, que no fueron advertidas de las dificultades que iban a enfrentar, pero que deben reaccionar con prontitud al buen entendimiento entre las partes del proceso y exigir del Gobierno Nacional que haga su labor con seriedad y disciplina.
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Segundo, no basta con que se atiendan las peticiones de hoy por parte de las comunidades si no se montan las soluciones fundamentales para el bienestar wayú. Mañana aparecerán otros bloqueos, por las mismas causas de hoy, en distintos lugares y bajo los mismos preceptos de reclamo. El Estado, declarado irresponsable e incumplidor de sus deberes por la Corte Constitucional, es el origen verdadero del problema.
Tercero, no sobran los avivatos y los seudolíderes comunitarios que pescan en río revuelto y piden dinero, el rey dinero, en cantidades exorbitantes para intermediar ante algunas comunidades con absoluto ánimo extorsionista. Las autoridades tradicionales han sido en algunas ocasiones utilizadas por ellos para sus propósitos mezquinos e ilegales. Por esta razón, hay que despejar el panorama de los mercantilistas, lo cual podría ser el primer punto que acuerden Gobierno, comunidades y empresas.
Y cuarto, el diálogo debe adoptarse como forma permanente de resolución de los conflictos que ayude al entendimiento de las partes de las necesidades de cada uno.
Acudo a las palabras registradas en uno de los encuentros de los magistrados de la Constitucional con la comunidad de Zucaramana, habitada coincidencialmente por familiares de sangre de quien escribe estas notas: “La trampa del asistencialismo significa hundirnos en la pereza y el conformismo, cuando nuestra naturaleza es de gente trabajadora y creativa”.
NELSON AMAYA
Especial para El Tiempo
