Un niño de 12 años y un joven de 18 que fueron detenidos por la comunidad por presuntamente estar robando en un local comercial de Tibú, Norte de Santander, terminaron acribillados por un grupo ilegal armado. Los cuerpos fueron hallados con el letrero “Ladrones”.
En Cúcuta, un joven que ingresó a un billar y amenazó con un arma de fuego a quienes departían allí, al parecer para robarlos, terminó muerto, luego de que sus víctimas lo desarmaron, lo golpearon con los palos de billar en el suelo y le dieron tres balazos con su propia pistola. La familia del joven, en un comunicado, cuestionó que en redes aplaudieran el linchamiento y pidió castigo para los autores del ataque.
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En el exclusivo sector de Provenza, de El Poblado, en Medellín, un menor de edad que estaría participando en un hurto falleció tras un cruce de disparos con la víctima, quien a su vez resultó herida en una de sus piernas.
Estos tres casos sucedieron en las últimas dos semanas y volvieron a abrir el debate sobre la justicia por mano propia y los linchamientos, que ganan terreno no solo en las calles sino también popularidad en las redes sociales.
Dos situaciones que se han intensificado en los últimos meses, coincidiendo con el aumento en la percepción de inseguridad en las principales ciudades del país.
Cuando sectores son conscientes
de que la justicia es incapaz, entienden la violencia como mecanismo sustitutivo de esta
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La encuesta denominada #MiVozMiCiudad, elaborada por la Red de Ciudades Cómo Vamos, indica que en 16 capitales del país, en promedio, menos del 15 por ciento de los ciudadanos encuestados manifestó sentirse seguros en su ciudad y solo el 25 se siente seguro en su barrio.
La principal razón por la que los encuestados indicaron sentirse inseguros es la existencia de delincuencia (76 por ciento), seguido de la falta de Fuerza Pública en las calles (56 por ciento). En Bogotá el indicador es mayor.
Para Jairo Libreros, docente de la Universidad Externado y experto en seguridad, los casos de justicia por mano propia pueden atribuirse al “descontento popular con la justicia. Cuando amplios sectores son conscientes de que la justicia es incapaz, entienden la violencia como mecanismo sustitutivo de esta”.
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Pero este no es un fenómeno nuevo ni exclusivo de nuestro país. Podría decirse que siempre ha estado presente en la historia del hombre –en la Biblia se mencionan varios casos– y actualmente también es común en otras naciones de la región como Brasil, Guatemala y México.
En palabras de Rosembert Ariza Santamaría, profesor de la Universidad Nacional y doctor en Sociología Jurídica e Instituciones Políticas, los linchamientos son una práctica de “sociedades incivilizadas”.
“Ese argumento de la legítima defensa social que está ahí, metida en la cabeza de la gente, es lo que está llevando a que se produzca y se reproduzca de manera permanente”, aseveró el docente.
Y para conocer por qué esta situación persiste en estos países, es necesario evaluar cada contexto.
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En el caso de Colombia, explica Ariza, quien lideró la investigación ‘Linchamientos en Bogotá: ¿violencia urbana legítima o consolidación de prácticas de odio social?’, las ciudades donde más se presentan casos son Bogotá, Cartagena y Medellín. En la capital, por ejemplo, se puede hablar de hasta intentos o casos diarios.
Sin embargo, aclara que hace falta registro y hay otras regiones donde esto no es visibilizado.
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Varios hombres se abalanzaron sobre el joven y lo atacaron en un billar de Cúcuta. Falleció a causa de los disparos y los golpes recibidos.
Captura de pantalla
Para el académico, que esto persista en nuestro país “tiene mucho que ver con todo esto que hemos construido en los últimos 50 años y lo que nos ha dejado la guerra, que es una sociedad dividida, una sociedad que tiene presente esto que nos dejó el 9 de abril de 1948 –cuando mataron a Gaitán–, que fue un odio profundo por el otro, por los otros, por la diferencia”.
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De hecho, ese 9 de abril, que marcó la historia política del país y marcó el inicio de la Violencia, dejó a un linchado: Juan Roa Sierra, quien es señalado de haber disparado contra Jorge Eliécer Gaitán, pero esto nunca se ha comprobado.
Y a los odios se suman los prejuicios que, muchas veces, van de la mano con el clasismo. Según el experto, en nuestra sociedad hay un imaginario sobre quiénes pueden parecer delincuentes, que van desde la forma de vestir, y terminan con señalamientos como: “ese puede ser un ladrón de TransMilenio”.
“Señalan a una persona y esa persona inmediatamente es condenada a pena de muerte porque la turba se le viene, lo apuñala, lo patea, lo asesina”, explicó Ariza.
Estos señalamientos se hacen por lo general sin pruebas y, en muchos casos, el linchado termina siendo inocente.
Uno de los más recientes sucedió en Santa Marta, en mayo de este año, cuando un joven fue vinculado, en un principio, al homicidio de un policía.
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El joven pasaba por el lugar de los hechos, la comunidad lo persiguió y casi lo mata, pero la policía alcanzó a detener a las personas. Las investigaciones arrojaron que no tenía nada que ver con el asesinato.
“Sin ni siquiera unas disculpas formales me entregaron a mi hijo con la camisa rota y llena de sangre”, aseguró su madre.
Según el estudio del académico, que se realizó en Bogotá entre 2004 y 2015, el 60 por ciento de los linchados que fallecieron eran inocentes.
Ver con esto que hemos construido en los últimos 50 años y lo que nos ha dejado la guerra, que es una sociedad dividida
Para Ariza, en estos casos “no hay respeto por la vida” y en las leyes colombianas no está tipificada esta conducta. Por eso se naturaliza este comportamiento y se han dado situaciones de personas que se oponen a que golpeen al ladrón y también terminan siendo atacadas.
“De parte de la sociedad no hay ningún tipo de recriminación para cometer este tipo de conducta. Como no hay sanción penal, no hay sanción moral. Luego, por tanto, es válido que alguien a quien roban está en la legítima defensa de asesinar a quien lo roba. ¿Eso es legítimo?”, señaló Ariza.
Pero no solamente hay linchamientos físicos, actualmente, por ejemplo, se dan también en redes sociales y los usuarios “cancelan” –como dicen en redes– a alguien que, simplemente, opinó diferente.
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“A mí me parece que hay muchas formas de linchar y esto se está convirtiendo en una práctica por la legítima defensa del honor, de la propiedad privada y de valores, pero hay que mirar si esos están por encima de la vida”, agregó el académico.
Otro aspecto para tener en cuenta en esta problemática es el impulso por participar de estos ataques colectivos. Si bien las leyes podrían respaldar a las víctimas en un caso de legítima defensa, hay quienes intervienen sin saber qué está pasando.
Es algo directamente relacionado al odio. Según sus estudios, les preguntaron a personas que participaron en situaciones como estas y hay quien no se da cuenta ni cómo ni por qué lo hace y se deja llevar por la masa y se mete.
“Al final te van a linchar o porque eres negro o porque eres pobre o porque estás mal vestido o porque eres homosexual. Por cualquier circunstancia te van a linchar. Si estás mal ubicado ese día y no sabes por qué, también te pueden linchar”, reflexionó el académico.
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Y esos discursos, en muchos casos, son promovidos por los mismos mandatarios. Según Libreros, hay declaraciones que descalifican a algunos sectores sociales y “no son capaces de hacer un discurso que plantee soluciones”.
Desde la academia se proponen salidas a esta problemática. Se reconoce que debe de haber mejoras en las condiciones de seguridad en las ciudades y mayor presencia del Estado en las regiones apartadas, pero debe existir una política pública en este sentido.
Ariza explicó que se debe hacer entender a la ciudadanía que está atentando contra otra persona y, posiblemente, participando en un homicidio.
“Nadie tiene el derecho de quitarle la vida a otra persona. La vida es sagrada, pero es sagrada y hay que hacer algo, hay que hacer mucha prevención”, afirmó.
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Por eso, considera que debe de haber campañas sociales y trabajo educativo y social que gire alrededor del respeto por la vida.
De igual forma, es clave que las leyes sean más severas, porque así quienes participan en estos actos entenderán que están cometiendo un delito.
“Hay que elevar la sanción social y la sanción moral para las personas que hacen este tipo de cosas”, puntualizó Ariza.
MARÍA ALEJANDRA ROGRÍGUEZ Y MATEO GARCÍA
REDACCIÓN NACIÓN
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