“No soy ningún testaferro. Yo no le he comprado a ‘Pacho’ Herrera. ¡Nunca conocí a ‘Pacho’ Herrera!”.
El boliviano y pastor de la Misión Carismática al Mundo, Jorge Villavicencio Rosales, así lo viene afirmando en redes sociales y así lo ratificó, en medio de arengas de los fieles de esta comunidad cristiana.
La protesta fue el viernes pasado en la céntrica plazoleta de San Francisco, donde Villavicencio y decenas de miembros de la congregación que él representa legamente rechazaron con micrófono en mano y pancartas el desalojo que la Sociedad de Activos Especiales (SAE) hizo del terreno donde habían levantado la carpa de esta iglesia y el cual lleva 10 años en proceso de extinción, tras pertenecer al extinto capo del Cartel de Cali Hélmer ‘Pacho’ Herrera.
El desalojo ocurrió el 28 de junio de este año y obedeció a que desde 2017,según Andrés Ávila, vicepresidente de Bienes Inmuebles y Muebles de la SAE, Villavicencio, como representante legal de la Misión Carismática al Mundo, se negaba a entregar, de manera voluntaria. El polémico predio está avaluado catastralmente en 4.783 millones de pesos.
Fue así que la SAE, con apoyo de más de 60 uniformados del Escuadrón Antidisturbios (Esmad), así como de otros de la Policía Metropolitana de Cali, y de representantes de la Alcaldía, de la Procuraduría y de la Personería municipal, desmontó la carpa del lote de 11.689 metros cuadrados, en el barrio Mayapán del sur de la capital vallecaucana.
Pero la historia de cuestionamientos del controversial terreno los planteó la Fiscalía 28 de la Unidad Nacional de Lavado de Activos el 20 de abril de 2009, cuando se inició la extinción del inmueble con un embargo y medidas cautelares sobre el mismo. De acuerdo con la Fiscalía y un grueso expediente que ha venido creciendo a lo largo de estos 10 años, el lote había sido adquirido en 1989 por la inmobiliaria UMV Ltda, que manejaban los Herrera y que apareció en la llamada Lista Clinton.
Luego, en 1996, la inmobiliaria cedió este predio en dación de pago por 420 millones de pesos a un agricultor que en la ciudad tenía el oficio de vigilante ya una empleada doméstica que- de acuerdo con la misma investigación de la Fiscalía, no sabía ni leer ni escribir. La pareja aparecía, entonces, como los dueños del lote del tamaño superior al de un campo de fútbol y a quienes el pastor Villavicencio, de acuerdo con el expediente de la misma Fiscalía, se los compró a través de intermediarios, pero por una cifra muy superior: 1.661 millones de pesos.
Esa compra, como lo reitera la investigación de la Fiscalía, se llevó a cabo en mayo de 2007 con la meta del pastor de que allí funcionara su iglesia, como sucedió hasta ese abril de 2009, cuando la Fiscalía embargó el bien. No obstante, como lo recalca la misma investigación de la propia Fiscalía, la entonces Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE) que en 2014 fue reemplazada por la SAE para manejar los bienes decomisados al narcotráfico en el país, le devolvió el predio a la congregación cristiana, pues pese al embargo, el pastor había solicitado seguirlo manejando. Esta entrega se cumplió en octubre de ese mismo 2009 en un acto público en Cali y al que asistió el entonces presidente Álvaro Uribe, bajo la figura de depositario provisional, un mecanismo que nunca terminó de convencer a los directivos de la SAE, tanto que ocho años después, en 2017, este estamento y la Misión Carismática ya sostenían una batalla jurídica alrededor del terreno.
Mientras tanto, algunos vecinos de Mayapán se quejaban ante la Alcaldía por lo que ellos consideraban ruido producido por los encuentros religiosos, además de que la Junta de Acción Comunal del barrio informaba que nunca los consultaron sobre el uso del suelo que también pusieron en duda para que allí funcionara una iglesia cristiana.
“Durante dos años, SAE realizó gestiones para lograr la recuperación del inmueble logrando su cometido después de una diligencia de recuperación de alta complejidad”, informó el vicepresidente Ávila.
Pero para el pastor y su feligresía, el desalojo encabezado por la SAE es una “persecución religiosa”. El pastor señaló en el plantón en el centro de Cali y también como lo reitera en grabaciones que él subió a sus redes sociales, que la SAE los ha tratado como ocupantes irregulares.
Durante el plantón, que fue a pocos metros de la Gobernación del Valle, el boliviano dijo: “La propia Fiscalía me dijo a mí que los propietarios de ese lote no tenían ninguna vicisitud no tenían ninguna falta e investigación que lo inhibiera de generar conmigo una compraventa». Y añadió: “No contentos con eso hicimos un estudio de títulos muy juicioso. No contentos con eso investigamos en la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE) si ese lote tenía alguna anotación (…) La Dirección Nacional de Estupefacientes me escribió y dijo no había ninguna investigación del lote de Mayapán, no tiene ningún problema. Hágale, compre ese lote”.
La propia Fiscalía me dijo a mí que los propietarios de ese lote no tenían ninguna vicisitud no tenían ninguna falta e investigación que lo inhibiera de generar conmigo una compraventa
Así mismo, sostuvo: “La Fiscalía me dio autorización de que compraba ese lote. Me dieron sendas certificaciones de que yo debía comprar, que no había ningún problema y luego viene la Fiscalía atropellando, después de haberme dicho que los propietarios (la pareja) no tenían problema, y vienen y arman una extinción de dominio acusándome de que soy testaferro (…) Delante de Dios, delante de Jesucristo no soy ningún testaferro, yo no le he comprado a ‘Pacho’ Herrera. Nunca lo conocí”.
En ese acto público aseguró que no ha cometido ningún acto ilegal, que ellos son los dueños de un predio que les fue expropiado como si fueran delincuentes y reiteró “que no lo son”. Sostuvo, además, que esta es una comunidad de unos 2.000 feligreses que durante 35 años se ha venido fortaleciendo en Cali y que en el lote se han invertido alrededor de 300 millones de pesos en estos 10 últimos años, “producto de los diezmos y las ofrendas”.
En otra grabación en una red social, el pastor Villavicencio afirmó: “Alzamos nuestra voz quisimos sentar el preceden que no se puede seguir haciendo tanto daño a la iglesia cristiana (…). La SAE va a seguir avasallando, va a dejar sin hogar a muchos que adoran en lugares que siguen, están en extinción, pues hay que esperar. El Gobierno debía esperar a que se pronuncie de fondo la Fiscalía y no entrar de una manera avasalladora y agresiva y perentoria, a afectar de esa de esa forma tan degradante a los cristianos”.
Ante estos señalamientos, el vicepresidente Ávila y la misma SAE, en uno de sus comunicado sobre el proceso de desalojo con la Policía, argumentaron que “la diligencia de recuperación, que duró ocho horas, se realizó bajo las facultades de Policía administrativa que la Ley le otorga a SAE y respetando el protocolo que la entidad desarrolló, teniendo en cuenta la normatividad nacional e internacional para el respeto y protección de los derechos de los ocupantes”.
También informaron: “(…) desde hace varios meses (la SAE) inició gestiones para lograr la recuperación del bien a través de la entrega voluntaria por parte del ocupante sin que se logrará un acuerdo”.
De acuerdo con la entidad, el pastor Villavicencio ha venido interponiendo recursos legales que terminaron a favor de la SAE por lo que a mediados de este año se decidió el desalojo.
EL TIEMPO estuvo en el operativo, donde el pastor y su feligresía no se pronunciaron, pero mostraban su desacuerdo. Tras quedar sin una sede, esta casa editorial dejó mensajes al pastor Villavicencio en la red social en la que se están las grabaciones de su testimonio para ampliar estas declaraciones, sin obtener respuesta hasta el momento.
De acuerdo con la SAE, hay dos opciones con respecto al predio en su poder: ponerlo en arrendamiento o iniciar una venta temprana.
Según la entidad, estos son los procedimientos que suelen utilizarse en todo el país, con los más de 21.000 inmuebles que administra en todo el territorio nacional y que fueron incautados del narcotráfico, además de unas 2.000 sociedades (activas y en liquidación) y alrededor de 5.300 muebles, entre carros, animales y dinero en efectivo.
CALI.
