El servicio fundamental que presta el Estado es poner las reglas de juego y hacerlas cumplir. Cuando esto no ocurre, las vías de hecho se imponen y alguien, por fuera del orden constitucional, ejerce como autoridad.
En los testimonios de habitantes de las regiones apartadas hay una queja constante frente al abandono histórico del Estado. Se habla de que “los ilegales controlan y toman decisiones en la comunidad”, “acá no manda la ley”, “hay desorden total”. Pero también se escucha una queja aún peor: “No se sabe ahora quién manda. Antes por lo menos se sabía a dónde acudir”.
Con la firma del acuerdo de paz, la mayoría de los integrantes de las Farc se concentraron en unos puntos previamente acordados y abandonaron el territorio que habían ocupado por años. Aunque el Gobierno en ese momento supo de dónde salían los excombatientes, no hizo presencia allí. Al no ocupar los territorios, el vacío fue llenado por otros grupos armados que se disputan las economías ilícitas que antes controlaba la mencionada guerrilla, dando origen a un nuevo conflicto, del cual no conocemos aún sus dimensiones ni alcances; pero ya empezamos a ver su rostro cruel con las masacres recientes.
Lo más increíble es que la ausencia del Estado en el territorio es una deuda histórica con la ruralidad colombiana que tenemos desde la creación de la nación. En 1961, Álvaro Gómez denunció en el Congreso la existencia de territorios donde no operaba el control del Estado, a los cuales llamó “repúblicas independientes”. Regiones donde además la inversión pública era inexistente.
Han pasado casi sesenta años desde aquella famosa intervención, y no hemos resuelto el problema. Todas las generaciones de colombianos hemos escuchado la queja de que tenemos más territorio que Estado. ¿Cómo es posible que después de tanto tiempo este siga siendo un problema no resuelto? No hay que darle más largas a la solución de problemas estructurales como este. La ocupación del territorio es, sin duda, el determinante de la seguridad en el país.
Ahora bien, la presencia del Estado no debe ser solo militar. También, y principalmente, debe ser institucional y con provisión de bienes y servicios públicos.
La manera más amable, rápida y barata que tenemos hoy para empezar a acercarnos a la Colombia profunda es la conectividad. La brecha entre el campo y la ciudad es muy grande, pero se puede ampliar aún más si no conectamos estos territorios con el mundo. La nueva generación de desigualdades está marcada por el acceso a los avances tecnológicos, donde la conectividad es solo la base de la estructura. Para estas poblaciones, el internet se puede convertir en el desencadenante del desarrollo.
JULIANA MEJÍA PELÁEZ
