Una acción de tutela ante el Consejo de Estado sería uno de los últimos recursos que le quedarían a los habitantes de Salento para blindar de la minería a este municipio, el más antiguo y extenso del Quindío.
Desde hace años, esta localidad y todo el departamento se oponen a la llegada de proyectos mineros. Sin embargo, las medidas no han sido suficientes. Marchas, movilizaciones, acuerdos municipales y hasta una consulta popular, que se quedó en veremos, han sido usados por este municipio para expresar su rechazo a la explotación de su territorio.
Según Jaime Arias, un salentino de 37 años que lidera la Fundación Bahareque de este municipio, la tutela es la mejor vía para que se respeten los derechos de su población luego de que el Tribunal Administrativo del Quindío invalidó el acuerdo 01 del 27 de febrero del Concejo Municipal.
“Nos violaron el debido proceso porque el acuerdo lo que buscaba era proteger el patrimonio cultural y ambiental del municipio, pero los magistrados argumentaron cosas que no fueron tocadas por el acuerdo”, dijo.
Arias aseguró que aunque al municipio lo cobijan ocho figuras de protección, como el Distrito de Manejo Integrado de los Recursos Naturales (DMI), se deben buscar otros mecanismos para protegerlo de la minería.
La concejal de Alianza Verde de Salento, Orfa Liliana Correa, dijo que están en la elaboración de la tutela para presentarla próximamente ante el Consejo de Estado.
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