Los cerca de 80.000 habitantes del municipio de Los Patios (Norte de Santander) han emprendido desde hace cuatro años una silenciosa y solitaria lucha para desbaratar el sistema de fotomultas, que se constituyó en 2014 con el acuerdo municipal 020 cuyo propósito avalaba la creación de esta modalidad de detección electrónica.
A mitad de este año, la esperanza de un referendo derogatorio contra este proceso contractual, que fue promovido con la firma de 8.000 pobladores, se marchitó luego de que fuera declarado inconstitucional por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander.
A partir de ese momento, un grupo de abogados inició un nuevo ‘round’ en esta batalla jurídica con la interposición de una demanda de control de nulidad ante el Juzgado Octavo Administrativo de Cúcuta, que busca demostrar la ilegalidad de este proceso contractual suscrito por el exalcalde Luis Orlando Sandoval.
Con esta iniciativa esperamos que se logre tumbar ese abuso en el que se ha convertido el sistema de fotomultas a nivel nacional
“Con esta iniciativa esperamos que se logre tumbar ese abuso en el que se ha convertido el sistema de fotomultas a nivel nacional. Había muchas expectativas del referendo derogatorio hasta tanto que yo lo apoyé (…) Nos ha tocado duro y es el proceso que más canas me ha sacado. Y le ha hecho mucho daño a nuestro municipio”, indicó Diego González, alcalde de Los Patios.
Este recurso jurídico, promovido por los ciudadanos Jorge Heriberto Moreno y José Julián Pino Quintero, fue admitido a principios de agosto por esta instancia judicial que revisará si en la consecución de este contrato el mandatorio de turno y los concejales de aquel entonces habrían incurrido en alguna irregularidad al formalizar este acuerdo, suscrito a un término de 15 años.
Esta investigación también estará acompañada por funcionarios de la Procuraduría y Contraloría, órganos de control a los que acudieron los demandantes para generar garantías en torno a este caso.
De acuerdo con el Instituto de Tránsito y Transporte, las fotomultas sobre la avenida 10 de esta localidad captan en promedio 3.000 infracciones mensuales. Por medio de acciones emprendidas por el gobierno local, que si cancela unilateralmente el contrato se vería inmerso en multimillonarias indemizaciones, se espera que esta cifra disminuya con estas fórmulas para regular este sistema electrónico.
CÚCUTA
