Los dos municipios de Risaralda con mayor presupuesto después de Pereira, Dosquebradas y Santa Rosa de Cabal, tienen a sus alcaldes detenidos por orden de la justicia. Las malas costumbres políticas y la pérdida de valores explican esa situación, según fuentes consultadas por EL TIEMPO.
Fernando José Muñoz Duque, gobernante de Dosquebradas, fue capturado por el CTI en agosto del año pasado, junto con algunos de sus secretarios y varios contratistas, en desarrollo de una investigación de la Fiscalía por un posible ‘carrusel’ de contratos en la celebración de cuatro convenios con tres fundaciones.
Desde entonces Muñoz permanece en la cárcel y recientemente su proceso vivió un sorpresivo episodio: en la audiencia preparatoria del juicio, el Juez Primero Penal del Circuito de Pereira se declaró impedido para seguir con el caso porque, según él, le corresponde a un juez de Dosquebradas y no a uno de Pereira.
Ahora será el Tribunal Superior de Pereira el que resolverá el impedimento expuesto por el operador judicial. Mientras tanto el plazo que tiene la Fiscalía para presentar el escrito de acusación se agota, se podrían vencer los términos y las 11 personas detenidas podrían solicitar su libertad.
El llamado Municipio Industrial tiene como alcalde encargado a Leonardo Ramírez, secretario de Hacienda de Risaralda, pero el gobernador, Sigifredo Salazar, nombrará un alcalde encargado de la terna que le envió el partido Conservador.
El alcalde de Santa Rosa de Cabal, Henry Arias Mejía, tiene detención domiciliaria desde el miércoles pasado cuando compareció ante un juez de control de garantías por su presunta participación en los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación.
En el 2008, los entonces alcalde de Santa Rosa de Cabal, Luis Alejandro Martínez Tabares, y secretario de Gobierno y Tránsito, Carlos Alberto Ramírez Morales, celebraron con Arias, quien era contratista del municipio, un contrato de prestación de servicios para el alojamiento y alimentación de 100 agentes de Policía que apoyarían la seguridad en el municipio de Santa Rosa durante diciembre de ese año.
Pero el objeto del contrato no se cumplió, según la Fiscalía. Los 100 policías nunca llegaron al municipio y el contrato solo se realizó para apropiarse de 10 millones 300 mil pesos. Fue un contrato de papel, según el ente investigador.
‘La gente se cansó de que la robaran’
Una primera impresión del director de la Corporación Vigía Cívica, James Fonseca, acerca de lo sucedido “es que si los dos alcaldes están encarcelados por investigaciones que se derivaron de quejas de ciudadanos, entonces se puede llegar a la conclusión de que buena parte de esto es la conciencia que se le ha despertado a la gente de cuidar lo público y que se cansó de que le robaran las cosas”.
En segundo lugar, el veedor señaló que estos dos casos “ponen de manifiesto que es muy fácil para un funcionario indelicado robar al Estado porque prácticamente los controles no existen. Mientras no haya posibilidades de que todas las operaciones del Estado sean revisadas por los organismos de control adecuados, ellos siempre van a tener una manera soslayada de llevarse las cosas del Estado”.
Pero es el caso del alcalde de Santa Rosa de Cabal el que más indigna a Fonseca. Aseveró que “en los seis meses en que Henry Arias Mejía estuvo de alcalde luego de que un juez, el año pasado, suspendió la medida de aseguramiento en su contra, firmó cerca de 140 contratos, que valieron unos 10 mil millones de pesos y entre esos ya identificamos dos que podrían ser unos contratos torcidos”.
Fonseca recalcó que la justicia no está protegiendo como debería a la comunidad cuando deja en el cargo a funcionarios que son cómplices en determinados delitos.
Y es que mientras los ya mencionados exalcalde Martínez Tabares y el secretario Ramírez Morales fueron condenados el año pasado por el caso del contrato mencionado, un juez dejó libre a Arias Mejía.
Para el gobernador de Risaralda, Sigifredo Salazar, lo sucedido con los alcaldes de Dosquebradas y Santa Rosa de Cabal es “preocupante y es una muestra de que estamos en crisis y que debemos trabajar muy fuertemente en temas de valores”.
Salazar precisó que los alcaldes deben tener sentido de pertenencia por su territorio, por la gente, además de honestidad y respeto. No obstante, advirtió que los alcaldes de marras no han sido condenados y se debe esperar que actúe la justicia.
Solo para que usted lector tenga en cuenta: los presupuestos actuales de Dosquebradas y de Santa Rosa de Cabal son aproximadamente de 264 mil millones de pesos y 50 mil millones de pesos, respectivamente.
PEREIRA
