La respuesta del Gobierno ante las súplicas wayú por agua potable

A través de una misiva dirigida a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la comunidad wayú insistió que el Estado colombiano ha incumplido con las medidas cautelares que este órgano dictó en 2015 y 2017 para proteger a niños, madres lactantes y personas de la tercera edad y que por lo tanto el caso debería pasar a la Corte Interamericana.

Entre las quejas de esta comunidad indígena se evidencia la crisis de agua potable y alimentación. Incluso, la cobertura de acueducto para la población de La Guajira es menor al 50 por ciento, por lo que está por debajo de la media nacional y solo tres 3 de sus 15 municipios tienen agua apta para el consumo humano.

José Luis Acero, viceministro de Agua y Saneamiento Básico, del Ministerio de Vivienda, manifestó que este Gobierno desde el 2018 implementó el programa Guajira Azul, con el cual se realizó un primer diagnóstico en cuanto a la cobertura de agua potable en el departamento, reconociendo su rezago, pues en el área rural solo hay el 4 por ciento y una continuidad de 9 horas, indicadores que están muy por debajo de la media nacional.

“Es una cobertura completamente impresentable y a niveles de países de África subsaharianos”, señaló.

Además, insistió, que desde el Gobierno se están haciendo  esfuerzos para suplir las necesidades con el agua, teniendo en cuenta que estas repercuten directamente en los indicadores de desarrollo, reduciendo las enfermedades gastrointestinales y la pobreza que azotan a La Guajira.

¿Qué se está haciendo para abastecer de agua a La Guajira?

Se proyectaron en el programa Guajira Azul 128 iniciativas que incluyen no solo obras sino estructuración, consultorías y otras intervenciones.

Todas las iniciativas están divididas por subregiones. Es diferente lo que se está planteando para la alta y media Guajira, como para Riohacha y para el sur. Tenemos distintas opciones, pues las diferencias territoriales y sociales están marcadas.

Este año nos comprometimos a finalizar 14 proyectos, de los cuales ya están finalizados 8, por 60.000 millones de pesos.

Se tiene contemplado la creación de una empresa de prestación de este servicio para el sur Guajira. La idea es hacer lo mismo con el norte y crear una empresa departamental para las zonas rurales. Son una serie de alternativas que buscan dar una solución integral al sector.

¿Cómo finalizará este año la cobertura de agua en La Guajira?

Este año el objetivo es culminar 14 obras de las cuales ya finalizamos 8. También se planea dejar listas 30 estructuraciones, la mayoría son obras y otras consultorías, con lo que medimos el impacto de cada uno de los indicadores.

Con esas 8 obras ya empezamos a doblar la cobertura rural de agua potable que se tenía. Pasamos del 4 por ciento al 9 por ciento y finalizaremos el año con el 11 por ciento.

Nos comprometidos, en el cuatrienio de Gobierno, a llegar hasta el 70 por ciento en la cobertura y también a pasar de 9 horas en la continuidad del servicio de agua a las 16 horas.

¿Cuántas personas se beneficiarán con estos proyectos?

Guajira Azul llega al total de los habitantes de La Guajira, alrededor de un millón de personas. Con pilas públicas, inicialmente, pensábamos en un impacto para unas 150.000 wayús; sin embargo, esta estimación se nos está quedando corta porque la migración de este pueblo indígena del lado venezolano ha sido bastante alta, por lo que creemos que unas 200.000 personas son a quienes llegará el programa.

¿Cómo operará el mecanismo que instalarán en la alta Guajira?

La principal apuesta que se tiene en la alta Guajira es un sistema de pilas públicas, el cual funcionará a través de un pozo que toma agua de un acuífero y pasa por una planta potabilizadora, que puede o no ser desalinizadora.

Estos pozos distribuyen el agua a pilas, donde hay un tanque de almacenamiento. Cada uno de estos lugares están cerca a unas 100 comunidades. En promedio los wayú tienen que caminar unos 7 kilómetros para acceder a aguas no potables, con este sistema también se busca reducir a 2 kilómetros el camino para recoger el líquido.

Cada sistema cuesta entre 5.000 y 6.000 millones de pesos. Lo importante es que el costo de estos módulos es para capacitación y gestión social para las asociaciones que van a operar esas pilas.

Lo que acá se propone es construir estructuras que sean sostenibles, autorizados por las autoridades tradicionales y apropiado por ellos mismos, con la supervisión de una empresa que se va a crear.

Wayús denuncian que el Cerrejón es culpable del déficit de agua, ¿qué pasa con esta empresa?

Cerrejón nunca ha desviado el río Ranchería, la única intervención grande en este río fue la construcción de la represa el Cercado, la cual está siendo administrada por la Agencia de Desarrollo Rural (ADR) y esta, desde el punto de vista hidráulico, ha ayudado a nivelar los cauces.

Sí hubo un desvío por parte del Cerrejón del arroyo Bruno, el cual está en procesos con el Ministerio de Ambiente y la ANLA. Sin embargo, considero que esto no tiene incidencia sobre los caudales para abastecer personas en los municipios del sur de La Guajira.

¿Qué pasó con la represa El Cercado?

La represa ya se está utilizando. Nosotros desde el Ministerio de Vivienda la pusimos a andar para darle agua a unos municipios del sur que se están abasteciendo de El Cercado son Fonseca y Barrancas. Se está trabajando para que en un futuro próximo se puedan surtir los municipios de San Juan y Hatonuevo. A largo plazo, con inversiones adicionales, se pueda llevar agua hasta Albania, Maicao o Distracción, para complementar lo que se está haciendo con los pozos.

¿Con Guajira Azul responden a las medidas cautelares de la CIDH ante las demandas de los wayú?

Las estrategias que se están llevando a cabo por parte del Gobierno en La Guajira responde no solo a la deuda que tiene el país con el territorio, sino además porque es una zona estratégica para el desarrollo de Colombia.

Esto eventualmente nos sirve para responder a una sentencia, como las medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), o bien la de la Corte Constitucional para garantizar derechos como el acceso al agua potable en esta comunidad.

Este mecanismo nos sirve para responder y lo que nos motiva es impulsar el desarrollo de regiones que han estado rezagadas y que son estratégicas para el crecimiento de Colombia.

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