Un video publicado en las redes sociales en abril de 2016 por un exdiputado de Guaviare que muestra las obras de ampliación de la vía Calamar-Miraflores y señala que “con esta prueba estamos cumpliendo el alcalde, el gobernador y su amigo Pablo Tobón”, es el origen de la investigación de la Fiscala que hoy involucra a tres de los cuatro alcaldes de ese departamento por la destrucción de la Amazonia.
La expresión “estamos cumpliendo” la interpretaron los que saben de política en ese departamento como una alusión a un compromiso que habría adquirido en campaña el gobernador Nevio Echeverry y otros dirigentes políticos, entre ellos el exdiputado Pablo Tobón, de construir la vía que une a Calamar con Miraflores, para desembotellar el municipio ubicado al sur del departamento, donde viven 5.000 personas, según el reciente censo del Dane.
Esa ruta era una trocha de 120 a 138 kilómetros, por donde transitaban con bestias y en motocicletas construida hace más de 30 años por comerciantes de caucho y pieles, así como por la guerrilla de las Farc que la utilizaba como corredor estratégico para el transporte de insumos y cocaína.
El compromiso político no tuvo en cuenta que esa es una zona de reserva ambiental de la Amazonia, lo que llevó a unos ciudadanos a presentar las denuncia ante las autoridades ambientales y los organismos de control.
A esto se sumó la alerta del Ideam, del cuarto semestre de 2016, de la elevada deforestación en la Amazonia en la que ubicó al departamento de Guaviare como el primero del país en destrucción de bosques, lo que condujo a la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y el Oriente Amazónica (CDA) a iniciar las acciones administrativas.
Deforestación en Guaviare
Cortesía.
En consecuencia, el 6 de febrero de 2017, expidió la resolución 042 que ordenó el cierre de cualquier obra o construcción en la ruta Calamar-Miraflores, y la resolución 119 del 4 de abril, del mismo año, en la que ordenó el cierre de la carretera e inhabilitó el tránsito de la misma por tratarse de una vía ilegal.
Y “el problema no es solo del corredor vial sino de la frontera que se abre y la afectación del bosque primario es muy grande”, aseguró el director de la CDA, César Humberto Meléndez. Según el Sistema de Monitoreo del Ideam, la deforestación en este periodo de gobierno que termina el 31 de diciembre próximo pasó de 11.546 hectáreas, en 2015, a 34.527 hectáreas en 2019.
El director de la CDA sostiene que el cierre de la vía lo tenían que hacer cumplir la gobernación de Guaviare, los alcaldes, el Ejército y la Policía, pero no se adelantó ninguna acción, con la circunstancia agravante de que “es un sitio casi vedado para nosotros”.
“Nuestros funcionarios han sido amenazados y en el año 2017 un equipo conformado por once personas fue retenido una noche cuando estaba adelantando una capacitación en la vereda Calle Flor”, agregó Meléndez. En esa zona hay presencia de disidentes del frente primero de las Farc, al mando de ‘Gentil Duarte’.
Alcaldes investigados
Hoy, tres de los cuatro alcaldes del departamento de Guaviare afrontan procesos penales por grave daño ambiental y pérdida de selva en una zona de especial protección ecológica del Amazonas.
Según la Fiscalía, los alcaldes de Miraflores, Jhonivar Cumbe; Calamar, Pedro Pablo Novoa, y El Retorno, Óscar Ospina, son investigados por haber permitido la construcción de la vía entre Calmar y Miraflores sin los permisos ni licencias ambientales.
Al mandatario de El Retorno es el que tiene mayores señalamientos. Habría permitido que prestaran maquinaria amarilla de su municipio a particulares y familiares del alcalde para trabajar en fincas a cambio de dinero, y habría actuado irregularmente en contratación de profesionales ambientales para un proyecto de deforestación.
Ante los cargos formulados por la Fiscalía, un juez de San José del Guaviare este jueves lo suspendió del cargo y le dictó medida de aseguramiento de detención domiciliaria.
A los otros dos mandatarios el juez se abstuvo de imponerles media de aseguramiento, pero continúan siendo investigados porque habrían facilitado el avance de las obras en el corredor vial y, al parecer, fueron permisivos frente a las irregularidades que se presentaron.
Adicionalmente, el juez decretó como medida cautelar, el cierre inmediato de la vía y la prohibición del tránsito de vehículos pesados. Mientras la Fiscalía adelanta otra etapa de la investigación que involucraría a nuevos servidores públicos y particulares.
Gobernación no intervino la vía
El secretario de Obras de Guaviare, Ramiro Álvarez Medina, señaló que la gobernación en ningún momento ha estado trabajando con maquinaria en ese sector y la persona que habla en el video no es funcionario de su despacho, pero fue diputado hasta el año 2015.
“Allá no se ha hecho ninguna inversión como se puede probar en la bitácora de la dependencia donde aparecen los trabajos mes a mes y en ningún momento aparece maquinaria de la Gobernación que haya estado trabajando en ese sector”, añadió.
No obstante, admitió que en el 2016 con la ordenanza 236 que estableció el plan vial del departamento “se había contemplado la construcción de esa vía, pero con la resolución 042 de la CDA se reformuló el plan vial y con la ordenanza 345 de 2018 se suprimió ese eje vial.
Únicamente quedó un tramo de 20 kilómetros entre Calamar-Altamira-la Argelia, en donde no hay ningún tipo de inconveniente para hacer la vía y en este tramo “sí hemos apoyado en algunas obras de arte y puentes con los avales ambientales de la CDA”, dijo Álvarez Medina. En el resto del tramo, de cien kilómetros, no se pueden intervenir porque es zona de reserva tipo A, agregó.
Con relación al señalamiento de que no cumplió las resoluciones que le ordenaban el cierre de la vía, el secretario de Obras expresó que «como gobernación no teníamos la potestad porque eso lo hace la fuerza pública y me imagino que los alcaldes no ayudaron para que la vía se cerrara porque en las veredas hay mucha población».
«Nosotros acatamos la orden y por eso reformulamos el plan vial departamental y se suprimió ese eje vial. El ejército es el que tiene la disponibilidad de cerrar una vía en zona de reserva tipo A”.
Desconocía cierre de la vía
El comandante de la Cuarta División del Ejército, general Sergio Alberto Tafur, dijo desconocer la orden de la CDA que ordena el cierre de la vía Calamar–Miraflores y que va a examinar el tema, pero apuntó que ese es una vía intransitable y únicamente la utilizan los motociclistas.
En relación con las amenazas y retención de los funcionarios de la CDA, el general Tafur afirmó que “en el año y medio que lleva de comandante de la División no ha recibido ningún requerimiento de seguridad por parte de la CDA, y cuando otras entidades del Estado solicitan acompañamiento lo hacemos como ha ocurrido con la Unidad de Restitución de Tierras”.
En el año y medio que lleva de comandante de la División no ha recibido ningún requerimiento de seguridad por parte de la CDA
Finalmente, expresó que en ese corredor hay presencia esporádica de comisiones pequeñas de cinco o seis bandidos del grupo residual disidente de las Farc, especialmente en el sector de Barranquillita y agregó que desde hace más de dos años en Guaviare no hay acciones criminales en contra de la gente o de las instituciones del Estado.
Y los derechos de la gente
En relación con la orden del cierre de la vía a Miraflores, que se empezó a hacer efectiva con la orden del juez, la personera de ese municipio, Yesenia Agatón, admitió que hay un daño ambiental por la tala del bosque, pero se están vulnerando los derechos de las personas que allí viven, especialmente de la inspección de Barranquillita, que está en la mitad del camino entre Calamar y Miraflores.
En esa inspección viven ente 600 y 700 personas que quedaron prácticamente incomunicados en época de verano porque se secan los ríos, de manera que no van a poder recibir víveres y tampoco podrán sacar los productos que siembran –plátano y cacao- para la comercializarlos.
Y se va a dificultar aún más adelantar proyectos como la sustitución de cultivos y la reparación a las víctimas.
La personera dijo que a Miraflores se puede llegar por vía aérea desde San José del Guaviare, pagando el pasaje a 200.000 pesos (400.000 ida y regreso) y los alimentos de granos y artículos de aseo también llegan por vía aérea de la capital de Guaviare con un costo de 1.600 pesos por cada kilo, lo que incrementa los costos de la canasta familiar.
También se puede llegar por vía terrestre hasta Calamar y desde allí navegando por los ríos Unilla y Vaupés, por un valor de 100.000 pesos, pero solo en invierno. Y mientras por vía aérea el vuelo puede tardar 45 minutos, por la otra vía se tardan entre 14 y 15 horas, sostiene la Personera.
Por ello propone que se establezca una mesa de diálogo que permita resolver la incomunicación de los 5.000 habitantes de Miraflores.
NELSON ARDILA ARIAS
Para EL TIEMPO
VILLAVICENCIO
