Iván Márquez asumió en Bojayá la responsabilidad por la muerte de 117 personas en 2002, y entregó una escultura de Cristo al poblado. NTX / CORTESÍA
- Una masacre sucedió en La Chinita de Apartadó, en1994, con un saldo de 35 muertos
Esa acción está estipulada en los acuerdos de paz firmados el pasado lunes
BOGOTÁ, COLOMBIA (30/SEP/2016).- Por tercera vez en una semana, líderes de las FARC pidieron perdón por las víctimas que ocasionaron a raíz de la violencia del largo conflicto armado al visitar una comunidad que sufrió los estragos de la guerra interna hace más de dos décadas.
Los comandantes Iván Márquez, Pastor Alape e Isaías Trujillo llegaron el viernes a la comunidad de La Chinita de Apartadó, al norte de Antioquia, para una jornada de actividades con la comunidad y al mismo tiempo asumir la responsabilidad de un ataque en los años 90 que dejó una treintena de muertos.
Esa acción está estipulada en los acuerdos de paz firmados el lunes por las FARC y el gobierno del presiente Juan Manuel Santos y que es parte de un proceso de reconciliación que desarticularía cinco décadas de guerra en la nación sudamericana.
Simultáneamente el gobierno y las FARC comenzaron a trabajar el viernes con la misión de la ONU que monitoreará y verificará el cese al fuego, se informó oficialmente.
Nueve representantes del gobierno e igual número de la guerrilla y 18 observadores internacionales bajo el control de la ONU comenzarán esa misión a partir del lunes en algunos lugares, indicó un comunicado de las partes.
En el poblado de La Chinita, en tanto, los comandantes de las FARC recorrieron las calles que fueron testigos de los hechos violentos y hablaron con las personas demandando perdón, de acuerdo con imágenes que pasó la cadena RCN.
Alape llevaba una flor blanca en las manos, mientras que algunos de los asistentes al acto tenían sudaderas blancas con el lema «Las víctimas sí perdonamos».
Los actos de constricción forman parte de los puntos convenidos en los acuerdos de paz y que deben ser refrendados en un plebiscito el domingo.
La masacre en La Chinita de Apartadó se produjo en enero de 1994 cuando un comando armado de las FARC atacó la zona en que vivían excombatientes desmovilizados de otro grupo guerrillero, el Ejército Popular de Liberación, y había una fuerte presencia paramilitar, todos disputando el control de la región.
El ataque dejó más de 35 muertos, incluyendo a algunos niños, según las autoridades.
En la víspera una delegación de las FARC, encabezada también por Márquez, se presentó en la localidad de Bojayá, en el municipio del Chocó, y entregó a la iglesia local la escultura de un Cristo negro que habían traído desde La Habana, Cuba, como símbolo de reconciliación por las muertes ocurridas allí.
El detalle del Cristo negro llamó la atención no solo por la fuerte presencia de las iglesias cristianas entre la población colombiana, sino porque los rebeldes desde su ideología marxista no son cercanos a las posiciones religiosas.
Márquez asumió en Bojayá la responsabilidad de los rebeldes por la muerte de 117 personas en un ataque el 2 de mayo de 2002.
«Lo que me dice el discurso de Iván Márquez es que la paz es real», dijo el viernes a Blu Radio el Comisionado por la Paz Sergio Jaramillo, quien fue parte de la delegación gubernamental que negoció la paz en Cuba.
«Hay una transformación pero también lo que tenemos que decir es que no solo es un asunto de las FARC, aquí mucha gente cometió mucho delito que tiene que reconocer en el marco del conflicto», señaló. «Y lo que tenemos que promover esos actos de reconocimiento para que la gente comience a tener algo de confianza.
El lunes, el propio jefe de las FARC, Rodrigo Londoño, alias «Timochenko», pidió perdón a las víctimas en la histórica ceremonia realizada en Cartagena en la que se rubricaron los acuerdos negociados por casi cuatro años en la capital cubana.
Los acuerdos, contenidos en un documento de más de 200 páginas, tienen como objetivo el desarme del grupo armado más antiguo del continente y especifican un esquema de resarcimiento a las víctimas sean de los guerrilleros y otros actores armados; cambios en los esquemas de reparto de tierras, combate al narcotráfico y garantías para la participación política de los desarmados.
