Cada fin de año, los habitantes de Saravena, en Arauca, se referían a las festividades de Navidad y Año Nuevo como el ‘diciembre negro’. Older Alexis Cáceres aún no encuentra una explicación para que la guerrilla de las Farc recrudeciera sus ataques durante esa época del año, pero así lo recuerda.
“La verdad aún no lo sé –recuerda Older–; pero diciembre y enero de cada año eran un martirio para la población”.
En la actualidad, la historia es diferente: hoy, Saravena hace parte de los municipios que registraron una disminución en materia de homicidios, y eso, en parte, se lo agradecen a la desmovilización de la guerrilla.
Arauca es uno de los departamentos con buenas cifras en reducción de homicidios: Tame (27 por ciento), Saravena (52), Fortul (13) y Arauquita (7) son los municipios mejor posicionados. Autoridades señalan que se vieron favorecidos con los acuerdos de paz.
Para las autoridades es una labor que se ha logrado gracias a la articulación del trabajo de Ejército y Policía. No obstante, voceros de algunos municipios consideran que la desmovilización de las Farc influyó.
El director del Centro de Recursos para Análisis de Conflictos (Cerac), Jorge Restrepo, sostiene que no se puede hacer una demostración matemática que arroje que se debe a la desmovilización de las Farc, pues la violencia generada por el conflicto armado venía disminuyendo desde mucho antes de la desmovilización y entrega de armas.
“Sin lugar a dudas, eso puede haber contribuido; ahora, hay otros efectos indirectos y es que al dejar su actividad delictiva, la Fuerza Pública ya no se tiene que ocupar de esto y pueden atender otras necesidades”, señala Restrepo.
A comienzos de la década del 2000, Titiribí, en Antioquia, fue impactado por ataques de grupos paramilitares que cobraron la vida de cientos de personas, tanto en la cabecera municipal como en sus veredas y corregimientos. Este año, el municipio se unió a los otros cuatro poblados de Antioquia (Argelia, Cocorná, Retiro y Caracolí), que después de varias décadas de vivir bajo el yugo del conflicto armado no presentaron muertes violentas durante el 2017.
El comandante de la Policía de Antioquia, coronel Carlos Sierra, aseguró que los resultados en el departamento se deben a que la Policía hace un trabajo coordinado con los alcaldes, la Fiscalía y el Ejército.
Municipios como Chalán, Sucre, donde hace 21 años las Farc detonaron un ‘burro bomba’ que ocasionó la muerte de 11 policías, o en el Calvario, Meta, impactado en 1992 por la toma guerrillera del frente 31 del ya desmovilizado grupo armado, también se registraron cero homicidios.
“Durante mucho tiempo fuimos estigmatizados por lo del ‘burro bomba’. La comunidad tuvo que levantarse de eso, nadie nos venía a visitar; hoy, la historia cambió y sí, todo se lo debemos a los acuerdos de paz”, señaló Álvaro Blanco, secretario de Gobierno de Chalán.
Desde aquel oscuro marzo de 1996, Blanco Tovar sostiene que la Policía regresó a esta pequeña zona habitada por un poco más de 5.000 personas, donde los frentes 26 y 37 de las Farc no permitían que ingresara nadie.
De acuerdo con datos de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, gracias a los acuerdos, en el país se han evitado 3.000 muertes violentas en los últimos 18 meses.
Las zonas de la paz
El Cauca ha sido uno de los sectores del país más golpeados por la violencia.
Santa Rosa, un pequeño municipio anclado en el sur de este departamento, vivió en el 2003 uno de sus episodios más dolorosos por culpa de la llegada del frente 8 de las Farc, quienes por semanas no permitieron la entrada ni salida de vehículos. Hoy, esta pequeña población lleva dos años sin registrar homicidios.
Santander de Quilichao, en el norte del Cauca, fue otro de los beneficiados gracias a la desmovilización de las Farc y, por ahora, logró reducir las muertes violentas en un 35 por ciento.
“Hay que tener en cuenta que las muertes se redujeron gracias al proceso de paz; sin embargo, no debemos descuidar el accionar del ‘clan del Golfo’, que en los últimos años se ha tomado a Antioquia”, aclaró Mario Agudelo, sobreviviente de la masacre de La Chinita, en 1994, donde guerrilleros de las Farc asesinaron a desmovilizados del extinto grupo del Epl.
Según Agudelo, las autoridades deben vigilar de cerca el proceso con las Farc, pues en los últimos meses se han registrado ataques contra exguerrilleros.
“Nosotros registramos 700 homicidios de nuestros compañeros en los primeros seis años de la desmovilización; es necesario que se vigile de cerca el proceso con las Farc”, dijo Agudelo.
Antioquia consiguió disminuir las cifras de homicidio en 43 de sus 125 municipios. De acuerdo con la Policía, también van seis de estos que llevan cero muertes violentas. Durante el 2017, el departamento reportó 783 homicidios, 73 casos menos que en el 2016, logrando una reducción del 10 por ciento.
Curillo, en Caquetá, apenas registró dos muertes violentas en el año anterior; no obstante, autoridades señalan que son hechos aislados que no tienen relación con ataques de grupos subversivos.
Cururu y Taraira, en Vaupés, son dos municipios que durante 2016 y 2017 registraron cero muertes violentas pese a la actividad denunciada por las autoridades de disidencias de las Farc en la zona.
En el pasado
Bojayá, en el Chocó, aún llora la muerte de 79 personas tras la explosión registrada en mayo del 2002 luego de que un cilindro bomba cayera en la iglesia donde la comunidad se refugiaba para escapar de los enfrentamientos entre guerrilla y autodefensas.
“La gente sabe que las Farc ya no están, y la verdad es que no hemos vuelto a saber de la acción de grupos armados; el recuerdo de nuestra familia nos mantiene vivos”, dice John Freddy Velásquez, secretario del Comité por el Derecho de las Víctimas.
Hoy, este municipio chocoano no ha registrado ninguna muerte violenta desde el 1.° de enero del 2017. Por este motivo, Velásquez espera que, gracias a la belleza de la zona, se pueda impulsar a Bojayá como destino turístico.
Los habitantes de La Primavera, en Vichada, aún recuerdan el cruento ataque de las Farc contra dos caseríos de la zona en los que murió el policía José María Sánchez Velásquez.
“Después de cinco horas de combate, los subversivos no lograron la rendición de 12 agentes y por ello optaron por destruir la sede de la Caja Agraria”, resalta el informe. La comunidad señala que, gracias al acuerdo de paz, la presencia de grupos subversivos en la zona es nula y durante 2017 este pequeño municipio de Vichada registró cero muertes violentas.
JULIÁN VIVAS BANGUERA Y MIGUEL ÁNGEL ESPINOSA BORRERO
Redactores de ELTIEMPO
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