La región de la Orinoquia resiente los impactos de las fuertes lluvias como no se había visto en varias décadas. Más de 28.000 damnificados en los últimos 70 días en Vichada y Guainía dan cuenta de los estragos de las inundaciones en esta zona. Es una emergencia lamentable porque impacta las comunidades más vulnerables y su atención necesita de la plena acción de las autoridades, así como de la solidaridad del resto del país.
La situación más alarmante ocurre en Puerto Carreño, la capital de Vichada, donde la mayoría de los barrios se encuentran anegados. Sin embargo, las lluvias afectan en total seis departamentos, y de manera crítica 20 municipios. Entre ellos Mocoa, en Putumayo, donde las inundaciones ya prendieron las alarmas de una posible tragedia como la del año pasado por el desbordamiento de los ríos Sangoyaco, Mulato y Mocoa.
En el caso de Guainía, como alertaron las autoridades locales, hay más de 16.000 damnificados tras los desbordamientos que afectaron el 50 por ciento del departamento, impactando a las comunidades indígenas y los cultivos de los cuales dependen para sobrevivir.
Hay que pensar en una adaptación a las condiciones climáticas que trascienda los habituales jarillones o diques.
En la Orinoquia, el desastre parece agravarse por dos razones: un inusual aumento del nivel de los ríos y una deficiente respuesta en su atención. Lo que ocurre en esa región es un claro reflejo de la insuficiente coordinación en el sistema de gestión del riesgo del país para hacerles frente a episodios climáticos cada vez más extremos, hecho que sin duda se convierte en uno de los principales retos del gobierno entrante.
De un lado, urge que las autoridades locales ejecuten los presupuestos de obras de mitigación y prevención para que estos eventos no generen los costos sociales, ambientales y económicos que hoy son evidentes. Hay que pensar en una adaptación a las condiciones climáticas que trascienda las soluciones típicas de jarillones o diques, es decir que contemplen una gestión integral de las cuencas hidrográficas.
Y, de otro lado, también se necesita que las autoridades nacionales actúen con mayor agilidad para evitar consecuencias de largo plazo, como enfermedades y daños en infraestructura, que podrían haber sido minimizadas con una actuación más pronta.
Más allá de los anuncios coyunturales relacionados con soluciones de vivienda, atención en salud y créditos a comerciantes en los municipios afectados, lo que también demuestra el impacto de la ola invernal en la Orinoquia y otros departamentos es que el país debe hacer muchos más esfuerzos en la prevención y predicción de este tipo de emergencias.
Poner la planeación territorial en el centro de la gestión del riesgo puede dar luces sobre cómo y dónde deben especificarse los usos del suelo para evitar costos posteriores en reubicaciones o atención de emergencias. No hay que pasar por alto que la falta de preparación para enfrentar la regular temporada de lluvias o, incluso, fenómenos como el de la Niña le han costado a Colombia no solo cientos de vidas, sino una importante parte del presupuesto nacional. Hay que invertir en prevención y planeación para no seguir repitiendo las tragedias que hoy se ven en el Vichada.
Comunidades indígenas son las más afectadas por inundaciones en la capital de Guainía.
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