Desde el año pasado las autoridades sanitarias de Norte de Santander se encuentran en alerta ante la proliferación de un expendio ilegal de medicamentos, que crece sin control y a la vista de la Policía en el sector de La Parada, del municipio de Villa del Rosario, a pocos metros del puente internacional Simón Bolívar, ubicado entre Colombia y Venezuela.
La escasez de estos productos al otro lado de la frontera ha obligado a los venezolanos a cruzar masivamente a Colombia para conseguir en las droguerías pastillas tan comunes como un acetaminofén o una aspirina. Sin embargo, la crisis económica de ese país, que se agrava por una hiperinflación de 1’000.000 por ciento, devora el dinero de esos ciudadanos y convierte a las ventas informales en un modo de supervivencia más asequible.
Zuleima Villamizar es una venezolana de 28 años, que desde la vecina población venezolana de San Antonio cruzó la frontera y compró una caja de losartán a un vendedor informal, apostado en el mismo anden que conduce al Centro Nacional de Atención en Frontera (Cenaf). Ella pagó por ese medicamento, vital para apaciguar la presión arterial de su mamá, cerca de unos 30.000 pesos.
Encontrar esas pastillas y a ese precio fue casi una bendición. Mi mamá las necesita para sobrevivir y no tenía cómo más
Esta joven, empleada del sector textil de Cúcuta, cuenta que desde diciembre de 2018 debe reunir casi una montaña de bolívares para conseguir este medicamento en los establecimientos de su barrio, cuyo costo está por las nubes. Por eso, siguió el consejo de una vecina de su familiar, que le recomendó comprar las pastillas a un mejor precio, en una venta informal en la frontera.
“Encontrar esas pastillas y a ese precio fue casi una bendición. Mi mamá las necesita para sobrevivir y no tenía cómo más. Es muy difícil acceder al sistema de salud colombiano, no tenía otra alternativa. Era eso o dejar que mi mamá siguiera con las dolencias”, relata.
De acuerdo con el artículo 589 de la ley 9 de 1979, el expendio y promoción de estos productos en la vía pública está prohibido y debe ser regulado por las alcaldías y la inspección de Policía. La infracción de esta norma puede acarrear sanciones de tipo administrativa e, incluso, penal.
A pesar de la antigüedad de esta norma, su cumplimiento no ha sido acatado a cabalidad. Visitas realizadas por el Instituto Departamental de Salud (IDS) de Norte de Santander se han encontrado que la comercialización de estos elementos persiste y las modalidades para ocultarlos se ha diversificado.
Ya no solo se consigue drogas de venta libre en farmacias, como el acetaminofén, la aspirina o el losartán, estos vendedores se ingenian la manera de ocultar entre costales antinflamatorios como ampolletas de diclofenaco, o insumos odontológicos para arreglar brackets.
La preocupación de la entidad por cuenta de esta problemática quedó reflejada en dos oficios, que fueron enviados a principios de este año, a las alcaldías de Villa del Rosario y de Cúcuta, instando a las administraciones municipales a revisar la norma y a intervenir con miras a erradicar esta práctica, que atenta contra la salud pública.
Otro aspecto que llama la atención es la falta de resultados por parte de las autoridades en la lucha contra esta venta prohibida. El IDS asegura que hasta la fecha no hay registros de capturas, o incautaciones de artículos de esta naturaleza, promovidos en la calle. Únicamente se conocen cifras por aprehensiones de este material entrado por las vías del contrabando, que ascendieron a 544.812 unidades decomisadas por la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa), durante el año anterior.
El IDS ha desarrollado visitas donde evidencia que las administraciones municipales permiten esta comercialización clandestina de productos.
Cortesía del Instituto Departamental de Salud de Norte de Santander
“Nos preocupa de sobremanera la proliferación no solo de medicamentos, también de comidas, que están enfermando a la comunidad y afectando la seguridad del municipio. La lucha con la informalidad ha sido difícil, porque nos entutelan y debemos respetar el debido proceso”, precisó Pepe Ruiz, alcalde de Villa del Rosario.
Según el funcionario, en este sector fronterizo confluyen cerca de 3.000 vendedores informales, que ofrecen desde minutos a celular hasta la compra y venta de cabello de mujer.
Pero los días de permanencia en este sector están contados para estos ciudadanos. Un megaoperativo, con el apoyo de unos 300 policías, se va a desarrollar en las próximas semanas para recuperar los andenes de las garras de la informalidad.
Entretanto, Elkin Yesid Sánchez, gerente del Hospital Jorge Cristo Sahium, de esta localidad, que colinda con la población de San Antonio, insiste en que la ingesta de estos productos puede ser peor que la enfermedad y que sus efectos adversos pueden ocasionar la muerte del paciente.
“Los riesgos a los que se enfrentan los consumidores de estos medicamentos son muchos. Inicialmente, por su caducidad. Una pastilla vencida puede generar una reacción adversa, que produzca una intoxicación. También, puede haber un daño directo a la persona, si es en el caso de un diabético y un hipertenso, ellos pueden sufrir un debilitamiento de su enfermedad y seguirán sin control”, explicó este trabajador del sector de la salud.
CÚCUTA
