La Procuraduría General de la Nación radicó ante el Tribunal Administrativo de Bolívar la demanda de nulidad contra la elección del alcalde de Cartagena, Antonio Quinto Guerra Varela.
Según el Ministerio Público, Guerra estaría inhabilitado para ejercer el cargo porque fue contratista hasta diciembre del 2017 del Ministerio de Vivienda y de la Gobernación de Bolívar.
“Sí existe una inhabilidad por la celebración de contratos con entidades públicas nacionales, que tenían injerencia en el departamento de Bolívar y particularmente en el Distrito Especial de Cartagena”, señaló el Procurador Delegado para la Vigilancia Administrativa y Judicial, Germán Calderón España, que elevó la demanda.
“Quinto Guerra celebró un contrato y ejecutó ese contrato en el municipio donde se debía dar la contienda electoral, de la cual salió ganador. Se trató de una asesoría sobre planes de agua potable y saneamiento básico; asesoró la estructuración de planes y estrategias para el saneamiento básico de Cartagena y todos los municipios del departamento de Bolívar. Así, aprovechó recursos públicos y aprovechó de la dignidad ciudadana; se establecieron diferencias e influencias frente a los electores y desigualdad frente a los otros candidatos”, agregó Calderón España.
Celebró contrato en Bolívar
En el texto, la Procuraduría argumenta la presunta inhabilidad del alcalde basada en el numeral 3 del artículo 95 de la Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 37 de la Ley 617 del año 2000: “Quien dentro del año anterior a la elección haya intervenido en la celebración de contratos con entidades públicas de cualquier nivel en interés propio o de terceros, siempre que los contratos deban cumplirse en el mismo municipio”; y recuerda el Ministerio Público que para el caso de Guerra Varela la inhabilidad está suscrita entre el 6 de mayo de 2017 y el 6 de mayo del 2018, día de las elecciones.
“¿Qué debe pesar más el valor que tiene la ética y la moral o los intereses políticos?”, se preguntó el procurador delegado, Germán Calderón España.
El turno es para el Tribunal
En diálogo con este diario, el magistrado Moisés Rodríguez, presidente del Tribunal Administrativo de Bolívar, confirmó que la demanda ya está en la Secretaría del Tribunal.
Ahora, el proceso pasará a manos del magistrado Roberto Chavarro Colpas, quien deberá estudiarla y emitir un primer fallo, que luego será sometido a evaluación por los magistrados Claudia Patricia Peñuela y Arturo Matson, quienes deben dar un fallo definitivo.
La segunda instancia en este caso sería el Consejo de Estado.
El abogado Antonio Quinto Guerra Varela había celebrado el contrato de prestación de servicios Número 329 el 26 de enero del 2017 con el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio con el objeto de “Prestar servicios profesionales y apoyar jurídicamente en los procesos de gestión del sector de agua potable y saneamiento básico, así como en la estructuración e implementación de planes, estrategias y políticas para el departamento de Bolívar a cargo del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio”, dice el contrato. El plazo de dicho contrato venció el 31 de octubre del 2017. Pero el día 30 de octubre del mismo año fue celebrado un otrosí al mismo contrato con una adición de 20 millones de pesos, y con fecha de vencimiento el 31 de diciembre de 2017.
La Procuraduría General de La Nación había anunciado que demandaría la elección del conservador, antes del día 30 de su mandato, luego de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) fallara en favor de la candidatura de Guerra Varela.
Guerra alcanzó la Alcaldía el domingo 6 de mayo con 71.756 votos, en la jornada con más alta abstención en la historia electoral de Cartagena.
CARTAGENA
