Los serios errores de planeación en la estructuración del proyecto para la Colonia Agrícola de Yarumal —con el que se esperaba resolver el hacinamiento carcelario en Medellín y Antioquia— llevaron a que la Contraloría General de la República adelantara dos auditorías a la Uspec por el tema.
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Tal como lo reveló EL TIEMPO, documentos de supervisión, informes y actas de comités evidencian errores de las entidades involucradas en la construcción de la cárcel. Casi seis años después de la firma del convenio marco, el proyecto que pretendía alojar reclusos en un viejo seminario católico sigue sin ser una realidad.
El avance de ejecución en obras —señaló el último informe de noviembre de 2022— es de tan solo el 5 por ciento. A eso se suma que hay recursos por más de 43.000 millones de pesos que están guardados en una fiducia desde hace 5 años y que hasta la fecha no se han usado.
En noviembre pasado, según evidenció este diario en la primera entrega de la investigación, la alcaldía de Medellín y la gobernación de Antioquia demandaron ante el Tribunal Administrativo de Antioquia al Ministerio de Justicia, la Uspec, el Inpec, la alcaldía de Yarumal, la Empresa de Vivienda de Antioquia (VIVA) y Corficolombiana por las controversias contractuales del caso.
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Lo que se busca con el litigio es que las entidades le paguen al Distrito y el Departamento los 14.000 millones de pesos más intereses que desembolsaron a finales de 2017 para la compra del predio.
Así se ve actualmente parte del seminario donde iba a funcionar la cárcel.
Sebastián Carvajal Bolívar / EL TIEMPO
Los hallazgos de la Contraloría
Auditoría especial que hizo la Contraloría al proyecto de la Colonia Agrícola de Yarumal
Archivo particular
Luego de tres años de múltiples reuniones e intentos fallidos para poner en marcha las obras en el seminario, las partes no llegaron a un acuerdo para resolver sus diferencias sin necesidad de acudir a los estrados judiciales. De hecho, esta situación ya había sido advertida por la Contraloría en noviembre de 2021.
El ente de control aseguró que el hecho de no adoptar medidas para resolver los problemas del convenio específico derivado —firmado a finales de 2017 por 65.200 millones de pesos— podía “llegar a poner en peligro el patrimonio público, por una posible ineficacia de los recursos aplicados por la Uspec al proyecto, que a hoy se encuentra detenido por un tiempo ilimitado”.
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En el informe de la actuación especial que hizo la Contraloría a la Uspec se encontraron 8 hallazgos administrativos, algunos de los cuales tienen incidencia disciplinaria, por la construcción de la Colonia Agrícola de Yarumal. El primero tiene que ver con las falencias en la planeación precontractual del proyecto.
Demanda que presentó la alcaldía de Medellín y la gobernación de Antioquia (der.) y Auto del Tribunal Administrativo de Antioquia que admitió la demanda (izq.)
Archivo particular
Para el organismo, la Uspec estaba en deber legal de elaborar “los estudios completos y análisis serios que el proyecto exigía y acompañarlos de los diseños, planos y cronogramas de obra, entre otros, requeridos para determinar su viabilidad económica, la conveniencia o no del objeto por contratar y si resulta o no necesario celebrar el respectivo Convenio”.
De esta manera, la entidad no tuvo en cuenta los avisos que se le hicieron por parte de funcionarios al interior de la Uspec, el Inpec y la secretaría de Infraestructura de Antioquia para verificar las condiciones de sismo resistencia del Seminario Cristo Sacerdote antes de la compra del predio.
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“No se hicieron las pruebas de vulnerabilidad oportunamente, se omitieron los diseños completos y no se disponía del cronograma de obras, que permitiera el seguimiento a cada una de las actividades a ejecutar según el alcance para la primera fase y segunda fase”, se lee en el documento al que accedió EL TIEMPO.
Valor del anticipo y modificaciones
En ningún caso el anticipo debió ser de 32.600.595.197 pesos, cifra que supera el tope permitido de 50 por ciento y constituye una infracción al límite establecido
La Contraloría también identificó algunas irregularidades en el pago del anticipo a la subcuenta de VIVA dentro del patrimonio autónomo con los recursos.
El argumento principal reside en que, si bien el valor del proyecto era por 65.200 millones de pesos, a la Uspec le correspondía aportar una cuantía de 42.455 millones de pesos por concepto de obra y dotación. En ese sentido, el anticipo debía ser por la mitad de este último valor y no por la totalidad del proyecto.
“En conclusión, en ningún caso el anticipo debió ser de 32.600.595.197 pesos, cifra que supera el tope permitido de 50 por ciento y constituye una infracción al límite establecido en la norma aludida. Esta situación obedece a deficiencias en los mecanismos de control y va en contravía de lo estipulado normativamente”, dijo el ente de control para justificar el hallazgo con alcance disciplinario.
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También halló la Contraloría irregularidades con incidencia disciplinaria en la modificación del plazo, el objetivo, la suspensión indefinida y la necesidad de satisfacer el convenio específico derivado.
Vale la pena recordar que el 31 de julio de 2018 las partes acordaron modificar el convenio específico derivado que dio vida a la construcción de la Colonia Agrícola y con el cual se contrató a VIVA para su ejecución.
VIVA alcanzó a ejecutar algunas obras de cerramiento en los alrededores del seminario.
Sebastián Carvajal Bolívar / EL TIEMPO
Allí se otorgó un plazo adicional de un año para la culminación de las obras, que quedaron para enero de 2020, y estableció un mecanismo para subsanar los errores de planeación ante la falta de estudios y diseños.
Pero la Contraloría señaló que esa modificación en el plazo y las actividades a cumplir, “han afectado la posibilidad de ejecutar la obra convenida oportunamente”. En lo que tiene que ver con el objeto, el informe explicó que el ajuste realizado “constituirían nuevos objetos” que solo serían posibles a partir de convenios adicionales.
A eso se suma que, para la entidad, el convenio interadministrativo no puede permanecer suspendido de manera indefinida —como se encuentra desde abril de 2019— porque el plazo de ejecución “se desplaza y por ende altera la fecha de terminación del plazo para el cumplimiento de las obligaciones”.
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Así las cosas, las fallas en la planeación, que llevaron a las modificaciones de plazo y objeto, impidieron la posibilidad de mejorar las condiciones de hacinamiento de los reclusos en Antioquia, que era la principal necesidad a satisfacer en el convenio.
El organismo de control también encontró hallazgos disciplinarios por el contrato de interventoría de la obra y la cláusula de garantía del convenio específico.
Saldo en el patrimonio autónomo, a agosto de 2022, en el proyecto de la cárcel de Yarumal.
Archivo particular
Abandono en las instalaciones
Además, reiteró que para la fecha de elaboración del informe no había certeza del valor real del proyecto y que este se encontraba desfinanciado en 9.406 millones de pesos por los recursos que no desembolsó el Ministerio de Hacienda, los ítems no previstos de la obra y una desvalorización en la inversión de la Uspec.
Y también cuestionó una diferencia de 105 millones de pesos por concepto de impuestos que pagó la Uspec por estampillas de los ministerios de Educación e Interior.
Finalmente, la Contraloría alertó sobre el estado de abandono en que se encuentra el Seminario debido a la suspensión del proyecto.
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En una visita realizada octubre de 2021, el ente de control evidenció que el cerramiento contratado por VIVA “se encuentra en proceso de deterioro debido a que los árboles circundantes siguen creciendo y comienzan a invadir el cerramiento y no se tiene un plan de mantenimiento y poda de árboles”.
Y pudo comprobar que el predio es atravesado por una vía terciaria municipal de uso público “sin que se tenga autorización por el actual propietario para esta servidumbre —y que por tratarse de un establecimiento carcelario— esta situación puede generar riesgos de seguridad al momento de poner en funcionamiento el proyecto”.
Colonia agrícola de Yarumal, Antioquia, en abril de 2023.
Sebastián Carvajal Bolívar / EL TIEMPO
¿Posibles soluciones?
Este informe no es el primero en la cárcel en Yarumal está bajo la lupa de la Contraloría General de la República. En diciembre de 2019 el ente de control ya había adelantado una auditoría de cumplimiento a la Uspec y el Inpec en la que se detallaron, entre otras cosas, 7 hallazgos administrativos que citó Cuestión Pública en una publicación.
De hecho, la directora de la Uspec entre octubre de 2018 y junio de 2019, Matilde Mendieta, elevó un oficio al ente de control para poner en conocimiento un “posible daño al patrimonio público” por los errores en la planeación de la cárcel.
A raíz de los primeros hallazgos y la advertencia de la funcionaria, el proyecto entró en la ‘estrategia compromiso Colombia’, con el que la Contraloría interviene para ayudar a la ejecución y culminación de obras con complicaciones.
En diferentes reuniones, delegados del organismo de control intermediaron entre las entidades involucradas para llegar a compromisos que permitieran la reanudación de la cárcel.
Diseños propuestos por VIVA, acompañados por la Contraloría, como solución a la cárcel de Yarumal.
Archivo particular
Documentos de la Contraloría en poder de este diario señalan que se llegaron a realizar hasta 30 reuniones de mesas de trabajo conjuntas para destrabar los enredos del convenio.
Pero, como se explicó en la primera parte de esta investigación, la alcaldía de Medellín, la gobernación de Antioquia y el Inpec decidieron no continuar con el contrato de transacción que se había escrito en mayo de 2022 para resolver el problema de fondo.
Entre las acciones que adelantó la Contraloría estuvo el acompañamiento a propuestas alternativas de VIVA para la culminación de la cárcel en Yarumal. A las partes se les plantearon tres opciones para terminar el proyecto con presupuesto y cupos carcelarios diferentes, y la construcción de nuevos edificios para albergar a los reclusos, ante la inviabilidad de utilizar el edificio actual.
La primera propuesta estimaba una capacidad de 672 privados de la libertad en la nueva cárcel y un costo de 45.171 millones de pesos, con la construcción del 50 por ciento de las edificaciones indispensables (celdas, sanidad rancho y edificio de reseña), el 20 por ciento de las complementarias (alojamiento de guardia y administrativo) y un 32,4 por ciento en urbanismo que incluye vía interna, red de alumbrado, redes contra incendios y otros.
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La segunda y la tercera propuesta definieron un total de 1.344 personas privadas de la libertad, pero con una diferencia de precios considerable. Mientras que una estimó un valor de 68.739 millones de pesos, la otra ascendía a los 148.263 millones de pesos.
La diferencia radicó en que la última opción consideraba la culminación toda la infraestructura de la cárcel como la zona de visitas conyugales, zona educativa, talleres, zonas deportivas, sistemas de alarma, parqueaderos, cerramientos y otros.
Pero con la demanda ante el Tribunal de por medio y ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo para terminar el proyecto, ninguna de estas propuestas —que incluso fueron renderizadas para las presentaciones que se presentaron a las entidades— verán la luz en el futuro próximo.
SEBASTIÁN CARVAJAL BOLÍVAR
CORRESPONSAL EL TIEMPO – MEDELLÍN
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