Con la captura del alcalde de Buenaventura, Eliécer Arboleda Torres, van cuatro alcaldes del puerto que han sido detenidos de manera consecutiva en los últimos siete años, en medio de escándalos y cuestionamientos por malversación del erario de esta población. La detención ocurre a un año de cumplirse el paro cívico de 22 días que el año pasado encabezaron líderes comunitarios del puerto por los atrasos y la misma corrupción que mantienen azotado este municipio vallecaucano y el principal puerto marítimo del Pacífico colombiano.
El primero de los mandatarios cuestionados fue Saulo Quiñones, en momentos en que el puerto se agitaba por la violencia por unos 2.000 asesinatos y 300 desapariciones. Fue investigado en el 2007 por contratación indebida y prevaricato por unos 11.600 millones de pesos en obras de colegios para la zona rural y urbana de Buenaventura, además del programa de educación subsidiada o de cobertura educativa. Fue capturado en el 2011 por peculado con tres funcionarios más del municipio.
Quiñones fue reemplazado por José Félix Ocoró Minotta, quien fue dos veces alcalde de Buenaventura y en ambas oportunidades fue cuestionado e investigado por anomalías en la contratación pública. En 1997 a Ocoró le abrieron investigaciones por presunto peculado por apropiación, pago de una supuesta nómina paralela y falsedad en documento público. Estuvo cuatro meses detenido en un centro penitenciario en Cali y luego fue dejado en libertad porque el juez de ese entonces consideró que no había méritos para que siguiera recluido.
En el 2011, agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) detuvieron Ocoró Minotta, en su despacho por los delitos de peculado por apropiación, celebración de contratos sin el cumplimiento de los requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos, fraude procesal y falsedad en documento público.
El 4 de agosto de 2015, la Fiscalía General de la Nación aseguró que en el 2008, hubo irregularidades por parte del exalcalde Ocoró en la negociación de terreno por 3.200 millones de pesos, recibiendo a cambio un lote de 500 millones de pesos para que allí funcionara la Secretaría de Infraestructura Vial. No obstante, la obra tenía un costo de 1.050 millones, pero en la administración de Ocoró se fijó por unos 1.200 millones.
Van cuatro alcaldes del puerto que han sido detenidos de manera consecutiva en los últimos siete años
El tercer alcalde cuestionado fue Bartolo Valencia, investigado en el 2012 por contratos relacionados con cupos escolares por seis contratos por 3.076 millones de pesos, para atender a 3.845 niños, a través del Sistema General de Participaciones. A su vez, su Alcaldía contrató a 97 operadores de manera directa. Según la Fiscalía, hubo detrimento en más de 700 millones de pesos.
Ahora, el actual alcalde Arboleda, quien llegó al mandato en el 2015 con más de 40.000 votos por el partido de la U tiene que responder por presunta malversación de 5.000 millones de pesos de los 10.000 millones de pesos que iban a ser destinados para la operación del hospital distrital Luis Ablanque de la Plata de Buenaventura, el único de nivel público en el municipio de unos 400.000 habitantes y que el año pasado fue reabierto, tras casi cuatro años de cierre, precisamente, por corrupción. Con el alcalde Arboleda, quien es licenciado en educación física y recreación y tiene una especialización en administración pública de la Universidad del Valle, también fueron detenidos otros dos funcionarios de su despacho.
Otro de los mandatarios que también fue cuestionado por contrataciones fue el primero de los alcaldes de elección popular que tuvo el puerto. Se trató del médico anestesiólogo caucano Édgar Carabalí Mallarino, quien en 1988 alcanzó la Alcaldía con más de 40.000 votos. Fue investigado por presunta malversación de dineros del pago de impuestos de la desaparecida empresa Colpuertos. Estuvo retenido por las autoridades por corto tiempo y luego fue absuelto.
El abogado liberal Freddy Salas Guaitotó fue alcalde de Buenaventura en 1998, en momentos de una de las mayores crisis económicas del puerto por una lluvia de embargos y demandas. Salas fue investigado, pero las autoridades no comprobaron algún delito en su contra. En el 2002, dos años después de terminar la Alcaldía fue asesinado por cuatro disparos en Cali.
Finalmente, el médico liberal Jaime Mosquera Borja reemplazó a Salas y aunque había dicho que no iba a ser un alcalde más preso, asesinado o en el exilio, terminó para salir del país con su familia por amenazas de muerte. No le abrieron investigación.
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