El perro Napoleón es el único que ha disfrutado de la Estación San Pedro del Metroplús durante los últimos seis meses. Este pincher, de ojos atentos y ladridos superiores a su fuerza y tamaño, acompaña el turno de uno de los dos vigilantes que se alternan todos los días para proteger un aire acondicionado que se dañó hace cuatro meses, y unas puertas metálicas que codician los ladrones.
Dos sillas plásticas –una sin brazos–, unos costales, un tablero informativo con las tarifas del Sistema Integrado de Transporte del 2012, y una moto, completan el cuadro de una estación en la que lo único humano que se escucha es el radio del vigilante que ya se sabe de memoria los nombres de los habitantes de calle, a quienes saluda cuando pasan por el lugar.
Así luce hoy la estación San Pedro, del Metroplús, que desde julio del 2016 está en proceso de convertirse en centro de servicios para la comunidad, luego del pacto de cumplimiento suscrito entre el Metro de Medellín y Metroplús.
El pacto debía cumplirse en un año; sin embargo, ya ha tenido dos aplazamientos por parte de Metroplús, con el agravante de que la obra aún no comienza. Incluso, en julio pasado se declaró desierta la invitación privada que buscaba elegir a la empresa que realizaría la interventoría de estas adecuaciones. Para Camilo Estrada, quien hizo parte en el 2017 del Control Ciudadano a la Estación San Pedro, una de las características de este proceso ha sido la falta de información.
Este caso afectó mucho a la comunidad y la sigue afectando, hubo detrimento patrimonial y no hubo responsables. No existía información detallada sobre el estado de las cosas
El proceso en los juzgados comenzó el 5 de noviembre de 2014 con la acción popular interpuesta por el Metro contra Metroplús. Este proceso, que vinculó al Área Metropolitana, a la EDU, al Departamento Administrativo de Planeación, a las secretarías de Movilidad y de Infraestructura Física de Medellín, y que incluye una demanda de reconvención del Metroplús contra el Metro, concluyó con el pacto de cumplimiento en el que se reconoce que hubo una vulneración de los derechos colectivos por parte de Metroplús, especialmente frente al acceso autónomo de personas con movilidad reducida pues la estación tiene una pendiente superior a la permitida por las normas técnicas de seguridad que rigen esta materia.
Desde antes de esta acción popular, en noviembre de 2013, la Contraloría General de Medellín comenzó un proceso por presunta responsabilidad fiscal contra cuatro exgerentes de Metroplús en el periodo 2006 a 2012, una exdirectora de infraestructura y otra exdirectora de planeación y transporte.
“En ese entonces se determinó el daño patrimonial en alrededor de 1.100 millones de pesos”, precisa Rubén Pulgarín, contralor auxiliar de transporte de la Contraloría General de Medellín, quien en el 2012 atendió el caso y trasladó el proceso al área de responsabilidad fiscal de la Contraloría, al igual que a la Personería de Medellín y a la Procuraduría General de la Nación por las presuntas faltas disciplinarias.
Pregunta en el aire
En el expediente del proceso judicial quedan varias preguntas en el aire que no entra a resolver el pacto de cumplimiento, pues el fin de este acuerdo es lograr que cese la vulneración de los derechos colectivos y que se cumplan los principios legales de economía, eficacia y celeridad en los procesos.
Una de ellas tiene que ver con el porqué Metroplús omitió las comunicaciones que, a los pocos meses de haber iniciado las obras, le alertaban sobre las dificultades que tenía la construcción de esta estación, y que de seguir así no cumpliría con las normas técnicas.
En los archivos del proceso de auditoría se observó que los constructores y diseñadores le decían a Metroplús y a la interventoría que la estación no se podía poner en marcha
Sobre estos hechos, que representarían presuntas faltas disciplinarias, deberá dar respuesta el Ministerio Público. Mientras tanto, el proceso por presunta responsabilidad fiscal sigue abierto en la Contraloría General de Medellín y, según las fuentes consultadas en la entidad, está en la fase final y de decisión. Marco Aurelio Oliveros, director de infraestructura de Metroplús, afirma que la entidad actuó conforme a la normatividad existente.
Para las labores de adecuación y de interventoría de la estación San Pedro, la Alcaldía le giró este año al Metroplús 720 millones de pesos. Sin embargo, solo faltan cinco meses para que venza el plazo judicial del pacto de cumplimiento, y el cronograma del proyecto habla de 11 meses para adecuar este espacio, en el que se tendrá punto de atención de la Tarjeta Cívica y Bibliometro.
“Solo hasta el 23 de julio de 2018 se recibieron los recursos por parte de la Secretaría de Infraestructura de Medellín, lo cual generó un retraso en el cronograma. Con los tiempos disponibles para el cumplimiento, y el avance y rendimiento del contratista, se evaluará la posibilidad en su momento de pedir ampliación”, dice Oliveros.
Carlos Mario Cano
Para EL TIEMPO@carlosmariocano
