La empresa Minesa presentó ante la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) una nueva solicitud de licenciamiento para explotar el oro de una zona adyacente al Páramo de Santurbán, en la provincia Soto Norte del departamento de Santander. Ante la propuesta, quienes se oponen al proyecto minero anuncian que impedirán por vías legales y a través de protestas la intervención de la multinacional.
Santiago Ángel, representante de la Sociedad Minera de Santander, Minesa, sostuvo que «el 17 de enero hemos radicado nuevamente nuestro estudio de impacto ambiental para evaluación de las autoridades competentes», para realizar la extracción del oro que permanece entre las rocas de las montañas de la zona.
En los planes de la multinacional está, además, la reubicación de algunas familias de la zona para ‘despejar’ el área sobre la que se haría la explotación, lo que integrantes de la comunidad, como José Giovanni Liscano Rincón, consideran un despojo de sus territorios.
Liscano Rincón sostuvo que «Minesa ha engañado a la población de la región, y la comunidad nunca ha sido asesorada por el gobierno en materia de sus derechos, entonces la empresa se aprovecha de la ausencia del conocimiento sobre el proyecto minero».
El representante de Minesa afirmó además que implementarán medidas para reducir el impacto al medio ambiente debido a la extracción aurífera, sin embargo, líderes del Comité para la Defensa del Páramo de Santurbán rechazaron la solicitud de licenciamiento y destacaron como «lamentable» la noticia de que se haga un nuevo intento por practicar la minería en esa región.
Los alcaldes de Vetas, Tona y Matanza, en Santander, respaldaron la iniciativa de la multinacional, mientras que Mayerly López, vocera del Comité para la defensa del Agua, sostuvo que «nosotros vemos con mucha preocupación porque está arriba de las bocatomas para el acueducto de Bucaramanga y eso representa un riesgo. Un proyecto de estas dimensiones va a afectar la integralidad del ecosistema, si alguno de estos se afecta, se afecta todo».
La líder además aseguró que «en la zona donde está el proyecto puede quedar por encima de la nueva delimitación, que está en estudio, y el gobierno por principio de precaución debe negarle la licencia. Creemos que el proyecto va a seguir siendo el mismo y eso es un peligro inminente».
López sostuvo que no descartan convocar a marchas en Bucaramanga, pues, según ella, «nuestra arma ha sido la movilización pacífica, y así seguiremos para exigirle a la Anla y al gobierno que le niegue la licencia ambiental a este proyecto minero».
Por ahora la última palabra será tomada por la Anla, luego de realizar un análisis del plan propuesto por la empresa, y teniendo de por medio el estudio de la nueva delimitación que la Corte Constitucional le ordenó realizar al gobierno.
BUCARAMANGA
