La Procuraduría General de la Nación abrió investigación en contra de la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, por pagos relacionados con una presunta nómina paralela, representados en alrededor de más de 1.100 contratos.
Dentro de esta investigación, de carácter disciplinaria, la Procuraduría solicitó a la Gobernación una sustentación de los cargos de cada dependencia para precisar cuántos contratistas laboran en el Palacio de San Francisco.
«El Ministerio Público busca establecer la existencia de más de 1.100 contratos de prestación de servicios por parte de la gobernación, que, de acuerdo con información aportada al expediente cuenta con una planta de 1.019 empleados», indicó la Procuraduría. «Así mismo, se busca establecer el número real de contratistas, teniendo en cuenta que la información reportada al proceso no incluyó a quienes laboran con el despacho de la gobernadora, las secretarias del Sector Social, Competitividad y Desarrollo Sustentable, Seguridad y Convivencia Territorial y las dependencias de apoyo transversal.
La gobernadora Toro respondió que «la premisa nuestra siempre es la transparencia». Sostuvo que su gobierno está abierto a todos los entes de control cuando así lo requieran y no tiene ningún inconveniente para presentar todos los contratos.
La Procuraduría también señala en un comunicado que «ante las pruebas que obran en el expediente, la Procuraduría rechazó la solicitud de archivo del proceso y ordenó establecer si la conducta es constitutiva de falta disciplinaria, los motivos y las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se habría dado, el perjuicio causado a la administración pública y la responsabilidad disciplinaria de la investigada».
En 15 días, la Gobernación deberá entregar a la Procuraduría una relación de todos los contratos de prestación de servicios profesionales, que permitan además de identificar al titular, establecer tiempos, montos, funciones y periodicidad del contrato.
«Si la Gobernadora lo solicita podrá ser escuchada en versión libre», informó la Procuraduría.
El Departamento Administrativo de Jurídica del Valle del Cauca está preparando una respuesta a la Procuraduría. En julio del año pasado, la Fiscalía delegada ante la Corte Suprema de Justicia precluyó una investigación contra la mandataria vallecaucana por presunto lavado de activos.
Así mismo, el Ministerio Público continúa con la investigación disciplinaria en contra de los 21 concejales de Cali por presuntas anomalías en la elección del contralor de la ciudad, Diego Mauricio López, en sesión plenaria realizada el 16 de noviembre de 2018.
En ese entonces, el Concejo votó a favor de López, con 17 votos y hubo uno por el también candidato al cargo Jorge Alberto Plaza Satizábal.
Los concejales María Grace Figueroa, Alexandra Hernández y Diego Sardi de Lima votaron en blanco. Ese día, estos tres cabildantes argumentaron que no estaban seguros de que el proceso no tuviera cuestionamientos. Así mismo, dijeron que no sentían garantías y que la elección fue un proceso que ha debido tomar más tiempo en su análisis.
Ese 16 de noviembre, en plena elección se dejó entrever que había algunas dudas por una presunta inhabilidad por parte de López para asumir la Contraloría de Cali, pues venía de ejercer cargo en la Contraloría del Valle.
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