Inicio Colombia Nueva sanción de la Procuraduría contra el exgobernador de Córdoba

Nueva sanción de la Procuraduría contra el exgobernador de Córdoba

Una nueva pelea jurídica acaba de perder el exgobernador de Córdoba Edwin Besaile Fayad, recientemente destituido e inhabilitado por diez años para ejercer cargos públicos, por decisión de la Procuraduría.

La nueva sanción contra el mandatario cordobés se relaciona con el pliego de cargos que impuso el Ministerio Público por presuntas irregularidades en el pago de medicamentos suministrados en enero de 2015 a supuestos pacientes con hemofilia.

Los castigos disciplinarios que el organismo de control ha impuesto a Edwin Besaile se desprenden de un informe de auditoría que la Contraloría General de la República hizo a la Gobernación de Córdoba y cuyos resultados fueron dados a conocer el pasado 4 de mayo de 2016.

A partir de ahí se han conocido detalles de supuestos actos irregulares en la administración departamental que involucran a Besaile y a su antecesor Alejandro Lyons Muskus, quien actualmente reside en Estados Unidos pese a tener pendiente una condena en Colombia.

La reciente decisión de sancionar a Edwin Besaile, se referencia en que, pese a las observaciones realizadas por la Contraloría, donde se evidenciaban deficiencias en la verificación de la prestación real del servicio de salud, posteriormente permitió o toleró el pago de más de 1.500 millones de pesos a favor de la IPS San José de La Sabana S.A.S., por concepto de suministro de medicamentos No POS a 14 pacientes que supuestamente padecían las enfermedades, al parecer, incrementando injustificadamente el patrimonio de la IPS.

El órgano de control también impuso cargos a los exsecretarios de Desarrollo de la Salud, José Jaime Pareja Alemán; de Hacienda, Boris Felipe Zapata Romero, y a la exdirectora Financiera con Funciones de Presupuesto, María Eugenia Ferreira Chaar, actual Secretaria de Hacienda.

A Pareja Alemán se le cuestionó porque presuntamente ordenó el pago sin realizar los controles efectivos, pese a conocer el documento de la Contraloría que evidenciaba inconsistencias en los procedimientos, documentos y controles que, al parecer, no permitían tener certeza de la prestación del servicio en cuanto a los medicamentos suministrados, los pacientes atendidos y los exámenes realizados.

Para la Entidad, Ferreira Chaar y Zapata Romero presuntamente desconocieron sus deberes funcionales al expedir el registro presupuestal de compromisos y ordenar el pago a favor de la IPS, por un servicio supuestamente prestado en la vigencia 2015 con recursos de 2016, sin que la supuesta obligación estuviera registrada en cuentas por pagar, ni tuviera un rubro destinado para una vigencia expirada.La Procuraduría calificó provisionalmente la presunta falta de los investigados como gravísima a título de culpa.

‘Cargos sin pruebas’

Para el abogado de Edwin Besaile, el jurista Julio César Ortiz, la Procuraduría impuso la reciente sanción a su defendido en un caso que investiga desde hace nueve meses y en el cual no ha podido sustentar nuevas pruebas.

Dijo que en el estado procesal no ha sido notificado de los nuevos aportes probatorios del Ministerio Público, por lo que considera sin fundamento la toma de esta decisión que, a su parecer, es violatoria de los derechos de Besaile.

«Es como si llevar el apellido del hermano (Musa Besaile), de la familia, tuviera un mayor grado de responsabilidad, como si fueran delitos de sangre», recalcó Ortiz.

Asegura que no ha podido acceder a la resolución de destitución e inhabilidad impuesta la semana anterior en contra de su cliente y mucho menos a la nueva imputación de cargos.

«En nuestra opinión todo esto tiene muchos reparos jurídicos desde el punto de vista de la responsabilidad disciplinaria; y tomaremos todas las acciones jurídicas que correspondan. Según nuestra lectura del expediente, no existe fundamento alguno para sancionar a Edwin Besaile», explicó Julio César Ortiz.

GUDILFREDO AVENDAÑO
ESPECIAL PARA EL TIEMPO
MONTERÍA.