Poco más de dos meses después de que un juez decidiera no otorgarle la medida privativa de la libertad por el delito concusión al alcalde de Envigado, Raúl Cardona, esta decisión fue revocada en una nueva audiencia celebrada el pasado lunes 11 de febrero.
El alcalde Cardona fue capturado el pasado 22 de noviembre junto con parte de su gabinete, como su secretaria de Hacienda, Girlesa Mesa; Diego Fernando Echavarría, secretario de Educación y el contralor municipal, José Conrado Restrepo
Según la Fiscalía, son cuatro hechos por los que los capturados deben responder: cobro de cargos de libre nombramiento y remoción, la presunta compra irregular de un lote de 50 millones que la alcaldía compró en 1.300 millones; las tabletas digitales cuyo costo de mantenimiento era superior al precio de compra, y tráfico de influencias por inmiscuirse en el cierre de un local durante Ley Seca.
El Juzgado 11 Penal del Circuito de Medellín le impuso medida de aseguramiento en su lugar de domicilio al alcalde Cardona, “quien gozaba de una medida no privativa de la libertad y con la prohibición de ingresar a la administración municipal y hablar con los empleados o contratistas”.
De acuerdo con la investigación de la Fiscalía General de la Nación, el mandatario habría despedido a varios funcionarios que se negaron a pagar coimas a un exconcejal para conservar sus cargos.
El exconcejal Lindon Galeano supuestamente presionaba a servidores de diferentes niveles, para que le entregaran entre el 10 y el 20 por ciento de su sueldo
“Los investigadores establecieron que el exconcejal Lindon Jhonson Galeano, supuestamente, presionaba a servidores de diferentes niveles, para que le entregaran entre el 10 y el 20 por ciento de su sueldo. Una de las víctimas denunció que tuvo que darle 62 millones de pesos para poder conservar su cargo”, indicó el ente acusador, que agregó que al exconcejal le confirmaron la medida de aseguramiento en su lugar de domicilio para evitar que continuara con los cobros irregulares.
De igual forma, el juez revocó las medidas de casa por cárcel que pesaban contra el contralor de Envigado, José Conrado Restrepo y contra la secretaria de Hacienda, Girlesa del Socorro Mesa, y les impuso medida de aseguramiento en centro carcelario por los delitos de falsedad material en documento privado y cohecho propio.
En el caso de estos servidores públicos, ambos están vinculados a la adquisición irregular de un lote en la vereda Pantanillo el cual, según interceptaciones telefónicas, fue vendido a un particular por 50 millones de pesos y unas semanas después fue comprado por la alcaldía por la suma de 1.300 millones de pesos.
De ese mismo caso, los particulares Camilo Andrés Correa y Luz Marcela Quintero, “investigados por la supuesta negociación de un lote de 11.000 metros cuadrados en la vereda Pantanillo”, tendrán medida de aseguramiento domiciliario ya que ambos contaban con una medida no privativa de la libertad.
Por su parte, de acuerdo con el fallo de segunda instancia, el exsecretario de Educación, Diego Fernando Echavarría y el representante legal del programa Computadores para Educar, Reinel Fernando Bedoya también fueron cobijados con la medida de detención domiciliaria debido a presuntas irregularidades en la donación de 500 tabletas y un contrato de más de 300 millones para la instalación de un software a los equipos.
MEDELLÍN
