La negativa de Milena Buelvas Peña, propietaria de la peluquería l’image Deluxe, de trasladar su negocio, tiene frenadas las obras de modernización del Aeropuerto Ernesto Cortissoz por parte del Grupo Aeroportuario del Caribe (GAC), encargado del contrato de concesión.
Se trata, según lo denunció este martes con preocupación Jorge Mogollón, director legal del GAC, de un local ubicado en el área comercial de la terminal aérea que no ha aceptado su reubicación la cual es considerada crucial para el desarrollo del proyecto.
“Es un locatario, que de manera irregular, porque ya no tiene contrato, no ha querido reubicarse a un espacio nuevo”, explicó Mogollón.
Insistió en que la no reubicación del local, además de impedir el avance de las obras, representa un riesgo para la integridad física de los empleados del concesionario, los obreros y quienes transiten por el aeropuerto. El negocio permanece en un espacio donde quedarían los modulos de cheq in.
Mogollón enfatizó en que el concesionario (GAC) ha acudido a todos los recursos legales disponibles y técnicos posibles que permitan resolver la discusión legal y continuar con la ejecución del proyecto.
El 5 de julio de 2018, Buelvas Peña interpuso una acción de tutela en contra del GAC buscando interrumpir las obras, argumentando la defensa de sus de derechos fundamentales al debido proceso, al trabajo, al mínimo vital y la especial protección a la mujer cabeza de familia.
Hasta el Ministerio de Transporte le emitió un oficio a la señora
Cinco días después, el Juzgado cuarto civil municipal de oralidad de Soledad declaró improcedente el amparo interpretado por la señora del local quien, ante esta situación, interpuso una impugnación alegando desconocimiento del derecho por parte del juez, al igual que su imparcialidad, arbitrariedad y demás circunstancias no probadas en contra del juzgado.
Consecuentemente, la dueña del local exigió el derecho al trabajo y mínimo vital como mecanismo transitorio hasta que se defina el conflicto derivado del contrato del arrendamiento del local. De ahí, el Juzgado dio la orden de reubicarla temporalmente el establecimiento del actual a un lugar donde se garantice la visibilidad de este y el acceso de sus potenciales clientes.
El 3 de diciembre, el mismo Juzgado declaró cumplido el fallo de tutela y decidió no sancionar al Concesionario y ordenó la terminación del incidente y el consecuente archivo.
Sin embargo, la señora interpuso una nueva tutela en contra del Juzgado argumentando una vulneración de sus derechos, acción cuyo estudio pasó a ser realizado por el juzgado segundo civil municipal de Soledad.
El 28 de marzo de 2019, tres meses más adelante, el Juzgado segundo profirió sentencia en la cual se decidió denegar la última tutela. Ante lo anterior, la dueña del local impugnó dicho fallo.
“¿Qué queremos?: que ahora se resuelvan lo que se le ordenó al concesionario de reubicar temporalmente el establecimiento comercial. Hasta el Ministerio de Transporte le emitió un oficio a la señora”, dijo.
ANDRÉS ARTUZ FERNÁNDEZ
REDACTOR DE EL TIEMPO
BARRANQUILLA
