Durante la presentación de su informe anual, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos advirtió sobre el recrudecimiento de la violencia que sacude a la región del Catatumbo, en Norte de Santander, donde 11 personas murieron, 38 resultaron heridas y 13.000 más fueron desplazadas en el marco de una profundización del conflicto interno, ocurrida durante el 2018.
Según el documento publicado este jueves por el organismo internacional, esta impresión surgió de un trabajo desarrollado el año anterior por medio de ejercicios de diálogo y observación por medio de las 1.300 misiones en terreno, que se desplegaron a lo largo del territorio nacional.
Aunque la ONU destacó la ‘responsabilidad histórica’ del actual gobierno para garantizar la implementación del Acuerdo de Paz, firmado con la extinta guerrilla de las Farc, el órgano multilateral evidenció en detalle la problemática de violencia que sacude a esta zona fronteriza con Venezuela, conformada por ocho municipios.
“La Alta Comisionada recuerda que la mayoría de los compromisos asumidos por el Estado en el Acuerdo hacen parte de la agenda de derechos humanos que se ha delineado en muchos de los tratados, mecanismos, recomendaciones y directrices de las Naciones Unidas y del sistema interamericano de derechos humanos en los que Colombia es parte. Por lo tanto, su debida implementación reflejará también la voluntad del Estado de cumplir plenamente con sus obligaciones internacionales”, indicó el documento.
Uno de los capítulos más sensibles de este diagnóstico está relacionado con las expresiones de violencia, que buscan acallar la labor de los líderes sociales de estas localidades, infestadas de coca. Este organismo mostró con preocupación que de los 116 homicidios, presentados en 2018 contra estos dirigentes en el país, 18 ocurrieron en Norte de Santander, de los cuales 10 de estos se concentraron en el Catatumbo.
De hecho, antes de mostrar los resultados de este trabajo documental, el organismo internacional dedicó un minuto de silencio en memoria de estas pérdidas humanas.
La cifra total, apuntó el informe, es tres veces superior al promedio anual registrado en los tres años anteriores.
“En 2019, En el caso de Norte de Santander, se han documentado 4 casos de homicidios a defensores o defensoras en este año. Igualmente, preocupa a la Oficina el incremento de casos de estigmatización a defensoras y defensores por parte de funcionarios públicos”, puntualizó la ONU.
Asimismo, esta oficina internacional determinó que en 2018 hay un total de 14 casos de defensores desplazados en el Catatumbo, víctimas de amenazas por su labor en el programa de sustitución de cultivos ilícitos. En dos de los homicidios registrados en esta región, el móvil del crimen apuntaría al trabajo que impulsaba la víctima a favor de esta política de limpieza de la mata de coca.
“Los presuntos autores de estos asesinatos fueron principalmente miembros de organizaciones criminales, entre cuyos integrantes se encuentran posiblemente antiguos miembros de estructuras paramilitares desmovilizadas (40 %), individuos no afiliados a ningún grupo criminal o grupo armado ilegal (18 %), integrantes del Eln (8 %), integrantes del Ejército Popular de Liberación (Epl) (4 %), miembros de la fuerza pública (5 %), antiguos miembros de las Farc que no se acogieron al proceso de paz (8 %) y personas por determinar (17 %)”, apuntó el documento.
Otro punto abordado por la ONU cuestionó el alcance que ha impulsado el Estado en algunos territorios a través de las tropas del Ejército Nacional. “La Alta Comisionada recuerda que varios expertos de las Naciones Unidas han señalado que el uso del ejército en la lucha contra el crimen puede producir un incremento en las violaciones de los derechos humanos”, aseveró.
En este apartado, el organismo internacional aprovechó para alertar sobre 11 hechos relacionados con presuntas ejecuciones extrajudiciales en los departamentos de Antioquia, Arauca, Huila, La Guajira, Magdalena y Norte de Santander. En Arauca y Norte de Santander se han registrado casos por tercer año consecutivo, y el organismo señaló a la Policía Nacional y a las Fuerzas Militares como responsables.
CÚCUTA
