Los personeros de la Costa Caribe se declararon preocupados por el futuro energético de la región.
Tras un informe presentado por la Contraloría General de la República sobre la situación financiera de Electricaribe, que surte a cerca de 23 por ciento de la población colombiana, representada en un poco más de 10 millones de personas, el Ministerio Público considera que los números en rojo de la compañía ponen en aprietos la llegada de un nuevo operador y a la vez que revive el fantasma del alza de las tarifas.
Según el personero de Cartagena, William Matson, el estudio revela, por ejemplo, que a la cuestionada compañía se le esfuman mensualmente entre 35.000 y 45.000 millones de pesos, por conexiones fraudulentas, pérdidas técnicas, no pago de facturas y adulteraciones de medidores.
Matson agregó que el informe trae consigo que la deuda de Electricaribe con lo banca es de casi dos billones de pesos; que su pasivo pensional alcanza los 1,3 billones; y que su nómina de trabajadores directos está tasada en 650.000 millones de pesos, entre otros indicadores. Y, por si fuera poco, “la calidad del servicio que se recibe en la Costa, es comparable a la que se presta en regiones empobrecidas del África subsahariana”.
“Desde el punto de vista financiero no es rentable para ninguna empresa venir a funcionar en las condiciones en las que se encuentra Electricaribe; debe mucho dinero en bancos, en pasivos pensionales y debe llevar a cabo cuantiosas inversiones”, aseguró Matson Ospino.
La posición del personero cartagenero fue respaldada por su homólogo de Valledupar, Alfonso Campo quien también participó en una mesa de trabajo donde se analizaron los números de Electricaribe. “Lo que está planteado claramente es que ningún operador quiere comprar un problema, porque lo que hay es un problema financiero”.
A su turno, el personero de Santa Marta, Chadán Rosado, expresó que “quedó en el ambiente que le van a trasladar el costo del mejoramiento de las redes al usuario y realmente ese es un asunto que debe ser revisado; hay personas, que viven en zonas vulnerables, que ganan un salario mínimo y pueden quedar pagando una facturación de 300.000 pesos mensuales, casi la mitad de sus ingresos”.
