La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos al alcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández Suárez, por presuntas irregularidades relacionadas con el denominado escándalo de Vitalogic.
Este escándalo hace referencia al proceso de selección para el tratamiento, transformación y disposición final de las basuras de 16 municipios de Santander que hacen uso del relleno sanitario El Carrasco.
Son dos cargos los que el órgano de control endilgó a Rodolfo Hernández, en primer lugar un presunto interés indebido en los procesos de selección de la tecnología que convertiría la basura en energía, “al parecer, en provecho de su hijo Luis Carlos Hernández Oliveros, quien obtendría un beneficio económico si el contrato se celebraba con los representantes de la tecnología WastAway en Colombia”, dice la Procuraduría.
El hijo del alcalde suscribió un documento de corretaje que fue firmado en notaría, con Luis Andelfo Trujillo y Carlos Gutiérrez, en el cual pactaban una comisión de 100 millones de dólares si la Empresa de Aseo de Bucaramanga, EMAB, celebraba un negocio con la organización que tenía dicha tecnología de basuras.
La Procuraduría asegura que entre las pruebas que sustentan este acuerdo están las conversaciones por Whatsapp entre el hijo del alcalde y estas personas que firmaron el corretaje, “Hernández Oliveros refiere que comentaba con su padre aspectos de la licitación que luego eran informados a los participantes y sobre las reuniones del alcalde sostenidas con los representantes de WastAway en Colombia, José Manuel Hormaza, Florin Volcinschi y Héctor Hernando Baquero, en particular los días 22 de abril y 24 de julio de 2016”, dice el órgano de control.
El segundo cargo que le formularon al alcalde de Bucaramanga es la presunta coacción a César Augusto Fontecha quien fungía como director jurídico de la EMAB para la fecha, con el fin de que aprobara la fianza entregada por la Unión Temporal Vitalogic en dicha contratación y de esta forma fuera habilitada la oferta, “no obstante que en el pliego de condicione s se exigía entregar una póliza de seguro”, enfatiza la Procuraduría.
“Fontecha Rincón, manifestó que el mandatario local lo llamó al parecer para decirle que procediera en el sentido que él quería, es decir; que aprobara la fianza que la UT Vitalogic RSU había entregado para garantizar la seriedad de la oferta” dice el comunicado del órgano de control.
La Procuraduría calificó provisionalmente la presunta falta en el primer cargo por supuesto interés indebido en la celebración de contratos como gravísima a título de dolo y del segundo cargo, por presuntamente ejercer coacción a fin de que el entonces director jurídico de la EMAB procediera en el sentido que él quería, como grave a título de dolo.
BUCARAMANGA
