Puertos de Urabá, parados por lío con Unidad de Restitución de tierras

La primera vez que Maribel López escuchó sobre un puerto en Turbo, en zona de influencia de Nueva Colonia, creyó que una obra de tal magnitud sacaría del anonimato a este corregimiento que históricamente ha permanecido en el olvido por los gobernantes.

Esto fue en 2012. Han pasado 8 largos años y las obras nada que comienzan, ni en Puerto Antioquia ni en Puerto Pisisí, los dos proyectos que se piensan desarrollar en el Urabá antioqueño.

(Lea también: De 1.000 camas UCI, Medellín tiene 810 activas, asegura la alcaldía).

Ella, líder de esta comunidad de 25.000 personas, dice que no entiende la razón del por qué no arrancan las obras de los puertos. Poco o nada entiende del negocio portuario o de los millones de toneladas que este mueve, lo que sí sabe, es la cantidad de empleo y desarrollo que traerá para la zona.

“Estamos sorprendidos, tristes y algunos hasta resignados, pues ya no creen que se haga Puerto Antioquia, que el que tenemos más cerca. Estamos convencidos que el desarrollo de nuestro corregimiento va de la mano con el puerto”, explica la mujer.

(Le puede interesar: Los ‘sacrificados’ para que Medellín tenga un nuevo tramo del Metro)

Ambos proyectos tienen un problema similar: están en manos de la Unidad de Restitución de Tierras (URT), que tiene en ambos puertos solicitudes de predios por parte de reclamantes de tierras.

El caso más extraño es el de Puerto Pisisí, donde Teófilo Lemos, gerente de la Sociedad Portuaria de Urabá Pisisí S.A. asegura que, a pesar que han cumplido jurídicamente con todos los requisitos que demanda la Ley 1° de 1991 y la Resolución 538 del 2016 donde la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) fijó los términos y condiciones para entregar la concesión portuaria, la cual, dice Lemos, la ANI no ha cumplido.

“Han sacado a colación otros temas que no hacen parte de esta Resolución, por lo que ahora estamos aclarando un tema con la Unidad de Restitución de Tierras (URT), que no debiera estar en la mesa porque es un tema que hace parte de los predios privados nuestros”, explica el gerente de la concesión.

Al consultar con la ANI y la URT sobre el tema, esto respondieron: La ANI expresa que “el proceso sigue vigente y la ANI sigue comprometida con el proyecto, no obstante, debido a la situación de reclamación de tierras que se viene presentando por parte de comunidades en Urabá, en el marco de los procesos de restitución de tierras, la ANI se encuentra adelantando una debida diligencia a fin de confirmar que los predios del proyecto no se vean afectados por tales reclamaciones. Una vez se cuente con la verificación respectiva se continuará con el trámite que llevará a la suscripción del contrato”.

Por su parte, la URT explica que “identificamos que sobre los folios relacionados por la sociedad recaen cinco solicitudes de restitución, las cuales se encuentran en inicio de estudio formal. Esto significa que los predios en cuestión están en etapa administrativa. Hasta el momento el caso lo lleva la Dirección Territorial Apartadó de la Unidad de Restitución de Tierras”.

(También lea: ‘Nuestra hija viajó y nos la arrebató una red de trata de personas’)

Para Lemos, hay dos grandes inconvenientes con las respuestas de cada entidad. En cuanto a la ANI, manifiesta que la Ley 1° de 1991 no dice que se debe disponibilidad jurídica, la cual sí tiene Puerto Pisisí, y que por el hecho de que una o varias personas reclamen los predios donde se va a construir un proyecto de alto impacto, no quiere decir que ya la concesión perdió la disponibilidad jurídica de estos, ya que es algo que se tiene que demostrar jurídicamente.

Asimismo, indicó que el lío predial no es inconveniente para la firma del contrato de concesión. En un documento que conoció este diario, una respuesta dada por la Unidad de Restitución de Tierras a la ANI indica que los predios adyacentes del proyecto “no se encuentran inscritos en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente (RTDAF) ni son objeto de un proceso judicial de restitución de tierras ni existen medidas de protección inscritas por la vía individual o colectiva, pues sobre los mismos existe simplemente una solicitud formal de restitución, cuyo estado es ‘Inicio de Estudio Formal’”.

Explica Lemos que Pisisí es un puerto totalmente privado, donde el contrato de concesión es responsabilidad 100 por ciento propia y en el que la ANI tiene cláusula de indemnización. Es decir, que todo lo que ocurra en este contrato, que ya está negociado, es responsabilidad de los privados.

“Si nos equivocamos en cualquiera de las cláusulas, la ANI nos hace efectiva la póliza. Entonces no nos puede decir la ANI, que si perdemos la disponibilidad jurídica de los predios, entonces se va a presentar un detrimento patrimonial por parte de ellos cuando el responsable de dichos predios es Puerto Pisisí como concesionario. Si dicha disponibilidad se llega a perder, la ANI tranquilamente puede cancelar el contrato de concesión y hacernos efectiva la póliza”, dice Lemos.

(Recomendado: ¿Habrá restricciones en Antioquia tras la alerta roja hospitalaria?)

Es por eso que no entiende cómo un proyecto como ese, que es privado 100 por ciento y que no le está pidiendo recursos al Estado colombiano, dicho Estado no se preste para su aprobación.

EL TIEMPO intentó contactar a la ANI para conocer si el lío predial, en efecto no afecta la firma del contrato de concesión, pero al cierre de esta edición no hubo respuesta.

Proceso con la URT

En cuanto a la URT, Lemos denuncia presunto conflicto de intereses de la persona encargada de la Dirección Territorial Apartadó de la Unidad de Restitución de Tierras, Dayra Hernández, quien está denunciada ante la Procuraduría por este caso.

“No nos parece que ella sea la persona encargada de nuestro proceso de restitución de tierras con los predios de nosotros, porque la doctora Hernández fue abogada personal de Jaime Henríquez Gallo, un reconocido e influyente bananero de la región, socio accionista mayoritario de Puerto Antioquia, que también se está construyendo en Urabá. Además, tuvo en su poder la defensa del proyecto Puerto Antioquia, por lo que manifestamos que hay conflicto de intereses. No sentimos garantías con ella”, manifiesta el gerente de la concesión.

(Le recomendamos: JEP cierra incidente de medidas correccionales contra gerente de EPM).

Agrega Lemos que le parece muy sospechoso que los dos anteriores directores de la URT negaron en 2015 y 2018 estas mismas solicitudes de reclamación “porque los reclamantes no cumplían con las condiciones para reclamar nuestros predios, pero muy raro que ella (Dayra), llegue a la entidad en noviembre del 2018 y de una manera muy rápida el 9 de enero del 2019 se reúna únicamente con los reclamantes de Pisisí y en menos de 3 meses ya hace un proceso que se demora años y que nos perjudica”.

EL TIEMPO intentó contactarse con la señora Hernández o algún funcionario de la URT para que explicaran esto, pero su respuesta no tuvo nada que ver con los cuestionamientos a la funcionaria.

«Actualmente, el procedimiento se encuentra en la etapa administrativa y al finalizarla se determinará si los predios serán inscritos o no en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente (RTADF), de acuerdo a lo establecido en la Ley 1448 de 2011. Se resalta que el caso fue microfocalizado por la Unidad, cumpliendo con los requisitos exigidos por la Ley relacionados con las condiciones de seguridad para el retorno y la densidad del despojo o del abandono, en el mes de marzo de 2019», respondió la URT.

Afectaciones al proyecto

Lemos indica que Puerto Pisisí tiene ya un año y medio de atraso en las obras, por lo que es vital comenzar lo más pronto posible, debido a que hay molestia en la comunidad y en el grupo inversor.

Este es un proyecto que va a generar más de 5.500 empleos aproximadamente en Urabá. El proyecto es para que ya estuviera en obra e iría aproximadamente en 20 por ciento. Tenemos un tiempo de 24 meses para hacer la primera fase”, asegura el gerente de la Sociedad.

El proyecto cuenta con una inversión inicial de 300 millones de dólares, los cuales ya están hace 2 años están en un fondo norteamericano. “Entre el 20 de marzo y el 17 de mayo del año pasado ya teníamos los predios listos para inscripción y el grupo inversor viajó al país donde ratificó que los dineros estaban listos para desembolsar y arrancar obras. Cada día que pasa estamos perdiendo millones de pesos con esta situación”, puntualiza Lemos.

(Le puede interesar: Instituto Nacional de Salud estudia inmunidad del covid-19 en Medellín)De acuerdo con la ANI, este terminal prevé movilizar más de 300.000 toneladas para el primer año de operación, hasta llegar a los cerca de 1,7 millones de toneladas al finalizar el contrato de concesión.

ALEJANDRO MERCADO
Redactor de EL TIEMPO@AlejoMercado10