En la madrugada del pasado miércoles 6 de noviembre, tres hombres detonaron una carga explosiva en la lancha que usaba el periodista David Torres para repartir su periódico.
Este ataque se registró en el municipio de Simití, Sur de Bolívar, donde se desempeña el comunicador como editor del periódico El Original.
“Tres hombres llegaron hasta mi vivienda y detonaron los explosivos sobre mi chalupa, que estaba ubicada a pocos metros de mi vivienda. Sentimos un estruendo y vimos cómo se me quemaba mi alma”, indicó el periodista.
Para el periodista, este ataque representa un mensaje en contra de su vida, ya que ha venido denunciando hechos de corrupción en municipios circundantes, en especifico por una que hizo hace pocos días sobre el alcalde electo de San Pablo (Sur de Bolívar).
“Este ataque es un mensaje para que me quede callado con las denuncias que he sacado. Yo he sacado de la institución Policías, jueces, por denuncias de corrupción”, indica David Torres.
La denuncia a la que el comunicador le atribuye este ataque, involucra a Jesica Abello Villegas, gerente del Hospital de Simití y su esposo, Omar Bohórquez, alcalde electo de San Pablo.
“Ellos (Abello y Bohórquez) reunieron funcionarios del hospital en una finca para obligarlos a votar por Alberto Pérez, quien era candidato a la alcaldía del municipio de Simití. Tengo fotos y testimonios”, indicó Torres.
Ellos reunieron funcionarios del hospital en una finca para obligarlos a votar por Alberto Pérez, quien era candidato a la alcaldía del municipio de Simití
Esta no es la primera vez que ha sido víctima de ataques, ha recibido cinco agresiones, entre esas una asonada a su vivienda. “Yo me he salvado porque Dios me tiene como destino de seguir denunciando esta corrupción”, indica.
El periodista contaba con un esquema de seguridad asignado por la Unidad Nacional de Protección, sin embargo, tres meses antes de las elecciones le quitaron los guardaespaldas y solo le dejaron el chaleco.
Por su parte, la Fundación para la Libertad de Prensa, (FLIP) rechazó el hecho y le exigió a las autoridades que lo investiguen. “La FLIP también exige a la Fiscalía General de la Nación que investigue estos hechos con el fin de llevar a los responsables ante la justicia. Las sanciones judiciales en este tipo de situaciones son un precedente importante que contribuye a disuadir la ocurrencia de nuevas violencias contra la prensa”, indican en un comunicado.
BUCARAMANGA
