A punta de tutelas, las comunidades afro de la isla de Barú, en Cartagena, han impedido que el Estado intervenga la deteriorada Playa Blanca.
La sala civil y de familia del Tribunal Superior del Distrito judicial de Cartagena confirmó la sentencia de tutela, proferida por el juzgado sexto de familia de la Heroica, que suspendió el cierre de 1,5 kilómetros de Playa Blanca que había sido ordenado por el Ministerio de Ambiente, con el objetivo de destinar este fragmento de playa, para el desove y protección de la tortuga carey, especie en vías de extinción.
La tutela, que había sido fallada en primera instancia por el juzgado cartagenero, exige al Ministerio de Ambiente abstenerse de cualquier tipo de cierre sin antes recurrir a la consulta previa e informada con las comunidades raizales que habitan Playa Blanca.
“…el Ministerio de Ambiente deberá iniciar, conforme al protocolo establecido para tal fin, dentro de los 15 días siguientes a la fecha de notificación de esta sentencia, si el propósito de cierre parcial de la playa se mantiene, las consultas previas con las comunidades”, señala el fallo.
Así, el artículo primero de la Resolución 0774 emitida el pasado 10 de mayo del 2018 por el Ministerio de Ambiente en el cual ordenaba el cierre de un fragmento de la zona norte de playa quedó suspendido.
“El fallo reivindica los derechos sobre el territorio para las comunidades que merecen el respaldo del Estado”, aseguro Wilman Herrera Imitola, abogado defensor de las comunidades insulares de Cartagena.
El fallo exige al Distrito de Cartagena, cuanto antes, un censo de los comerciantes en Playa Blanca, pues denuncian las comunidades que uno de los grandes problemas del balneario es la presencia masiva de extranjeros que usufructúan las playas con hostales y bares.
Según el fallo, el ministerio vulnera claramente el derecho de participación de los habitantes de Playa Blanca, representados en el Consejo Comunitario de Negritudes de la vereda Playa Blanca, puesto de que no se tuvieron en cuenta las posiciones que tiene esta comunidad frente a la protección de todas las especies animales.
Esta es la tercera vez que los habitantes de Playa Blanca le ganan el pulso al Estado, luego de que con una tutela, en julio del 2017, también tumbaran la orden de Parques Nacionales de restringir el ingreso por mar de turistas al balneario.
Antes, en el año 2014, cuando un comando de hombres del Esmad de la Policía y un centenar de funcionarios del Distrito ya estaban en las playas para ejecutar un desalojo general, una tutela lo impidió y frenó la expulsión de estas comunidades.
Pero mientras el Estado trata de poner orden en estas playas sin ponerse de acuerdo con las comunidades que allí habitan, expertos y ambientalistas indican que este sector turístico debe ser intervenido cuanto antes con medidas como las implementadas por el Distrito que desde hace un año restringe el ingreso masivo de turistas, pasando de hasta 10.000 y 12.000 personas al día en las playas a 3.500 en temporada alta.
No obstante, expertos aseguran que por el bien incluso de los propios habitantes que devengan su sustento del turismo en la isla, esta playa debería ser cerrada por temporadas, cada año, como hoy sucede con el Parque Nacional Tayrona.
CARTAGENA
