Después de 11 días de paro cívico, se reanudó este viernes en Buenaventura la mesa de diálogos entre el comité ejecutivo del movimiento y los delegados del Gobierno Nacional.
Narcilo Rosero, uno de los voceros del paro en este puerto en el Pacífico colombiano, expresa que una condición previa para iniciar la discusión de ocho puntos sociales es la declaratoria de emergencia. Esto permitiría, dice, asegurar recursos y mecanismos ágiles para avanzar en la solución de las necesidades.
Pero otra cosa plantea la Procuraduría. Justo cuando se reinició la mesa de conversaciones y se esperaba declaratoria de emergencia, se conoció un concepto del Ministerio Público advirtiendo que los riesgos de que esa medida no pase la revisión de la Corte Constitucional.
“Si para el presente caso se hiciera uso de los estados de excepción, y luego la Corte Constitucional declarara su inexequibilidad y la de las medidas adoptadas a su amparo, no se habría avanzado en las soluciones reales, sino que, por el contrario, solo se habría logrado retardar la operatividad de las vías adecuadas para conjurar la crisis”, señala el concepto de la Procuraduría.
También el pasado viernes se registraron nuevos incidentes en la salida de Buenaventura y se informó de dos menores atendidos en una clínica, por complicaciones por gases lacrimógenos activados por el Esmad de la Policía, para despejar una vía.
Los disturbios se presentaron después de un receso de dos días en los diálogos de los líderes del paro con la comisión del Gobierno.
En esos incidentes hubo detonaciones y uso de gases lacrimógenos, que afectaron a señoras y menores de edad. Un hecho que quedó grabado es el de una mujer que sale angustiada con su bebé de brazos y se monta en la parrilla de una motocicleta porque se presentan gases. En otro video se muestra cuando el mismo bebé recibe atención con un respirador.
Los reclamos
Los líderes del paro cívico, que representan en la mesa de diálogo a más de un centenar de organizaciones, reclaman ocho puntos relacionados con agua potable, salud, educación y empleo, entre otros aspectos.
La gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, expone que se avanza en un plan para aumentar las horas de servicio de agua, con recurso del orden de 170.000 millones, con aportes del Gobierno Nacional, el departamento y el municipio, pero se deben cumplir procesos por tratarse de recursos y obras públicas.
Señala además que en septiembre próximo se abrirían algunos servicios de nivel dos y tres en el hospital regional.
Por su parte, el nuevo ministro del Interior, Guillermo Rivera, dijo que se busca una propuesta viable para responder a las preocupaciones de los porteños.
La Cámara de Comercio de Buenaventura y la seccional de la Andi anunciaron su respaldo a la propuesta de la gobernadora en el sentido de que las empresas paguen con obras hasta un 50 por ciento de los impuestos. Esos gremios dicen que la iniciativa debe ser estudiada.
“Así, la población y las empresas mirarían directamente qué se está haciendo con los recursos; es una posibilidad ante los reclamos acumulados de la población”, asegura Gabriel Velasco, gerente regional de la Andi. Mientras tanto, más de un centenar de denuncias han sido radicadas ante la Personería sobre presuntos abusos del Esmad contra la comunidad. Ante las quejas, el ministro Rivera dijo que los casos deben ser reportados a la Procuraduría.
CALI
