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Rector no descarta que red de venta de cupos esté en otras ciudades

Aunque desde hacía varios años se venían escuchando rumores sobre la venta de cupos para ingresar a la Universidad del Magdalena, solo hasta el pasado domingo ese actividad ilegal quedó descubierto, y con ella una red conocida como ‘Los intelectuales’ que reclutaba a universitarios o incluso profesionales para suplantar a estudiantes en los exámenes de admisión.

Detrás de ese entramado, en el que hasta ahora van 16 jóvenes pilos de varias ciudades vinculados, hay una banda de delincuencia que los contactaba y les ofrecía dos millones de pesos, transporte y hospedaje. Pero por otro lado cobraba hasta 25 millones de pesos por cada cupo en la universidad.

En entrevista con ELTIEMPO.COM, Pablo Vera, rector de la Universidad del Magdalena, cuenta como lograron confirmar la existencia de la red que venía vendiendo cupos en esa alma máter y que una mujer, identificada como Yamile, es la principal sospechosa de estar detrás de la red.

Pablo Vera, rector de la Universidad del Magdalena.

Foto:

Cortesía Universidad del Magdalena

¿Cómo descubrieron la venta de cupos en la universidad?

En los últimos años había mucho ruido sobre una posible venta de cupos, y desde que llegamos a la rectoría empezamos una campaña muy fuerte advirtiéndole a la gente que no pagara, que no se dejara estafar. Sabíamos de casos de estafa donde la gente pagaba y les daban falsas cartas de admisión. No era que tuvieran acceso a exámenes.

Pero ya el semestre pasado hubo un grupo de personas a las que aparentemente les ofrecieron una modalidad de cupos directos y pagaron una plata, y algunas de esas personas impetraron una queja. En esa queja detectamos a un estudiante activo de la Universidad. Cuando tuve conocimiento puse la denuncia ante la Fiscalía, ya hace más de seis meses. Pero cuando llamaron a ratificar la denuncia los afectados no se presentaron porque también estaban implicados en un delito.

¿Qué hizo la universidad con esa información?

Iniciamos un proceso interno con uno de los muchachos que quedó vinculado. Ese muchacho se acercó a mí, el viernes pasado, dos días antes del examen, y me confesó cómo operaban. Él ya había trabajado como intermediario de esa red, promocionando esos servicios. El muchacho me dice que hay dos modalidades: uno es un cupo directo, a través de la suplantación con personas muy inteligentes que traen de afuera, que ya tienen varios semestres de universidad, que han presentado esas pruebas en otra parte, y además tienen todas las capacidades para pasar ese examen sin problema.

La otra es a través de la venta de las respuestas de los exámenes, que se hacen en dos o tres sesiones. En la primera sesión de la mañana ingresaban dispositivos, como celulares o relojes inteligentes, para tomarles fotos a los exámenes y afuera hay gente especializada resolviendo las preguntas, para entregarles las respuestas a quienes vienen en la siguiente jornada. En esa modalidad cobraban entre tres y cinco millones de pesos. En la otra modalidad cobraban hasta 25 millones de pesos, en el caso de medicina.

¿Establecieron controles en los exámenes?

La decisión que tomé fue pedirle apoyo a la policía judicial, reforzar la vigilancia y establecer detectores de metales al ingreso y evitar que pudieran entrar dispositivos electrónicos. El domingo estuvimos aquí, desde las 5:30 de la mañana, para controlar el acceso y nos dimos cuenta que había gente que pretendía introducir los celulares pegados al cuerpo, como cuando una ‘mula’ lleva droga. Nadie sabía que teníamos ese operativo montado. Se presentaron casi 8.000 personas.

Pero ya tenían sospechosos…

Teníamos identificados a tres sospechosos de medicina que no iban a presentar el examen, iban a ser suplantados. Uno de esos sospechosos fue el primero cayó. El jovencito que supuestamente iba a presentar el examen es un menor de edad procedente de Valledupar, de tez blanca, pero resulta que quien apareció en el salón, con una tarjeta de identidad falsa y con credencial, era un joven un poco mayor, de tez morena y era recién graduado de ingeniería química en una universidad privada. Cuando se ve descubierto dice ‘yo no estoy solo, esto es una red, somos varios’.

Empieza, entonces, a señalar, y señala a una joven, quien también dice que hay otros jóvenes que trajeron (a Santa Marta) y los alojaron en un hotel en el Rodadero

Empieza, entonces, a señalar, y señala a una joven, quien también dice que hay otros jóvenes que trajeron (a Santa Marta) y los alojaron en un hotel en el Rodadero. La Sijín llegó a ese hotel y allá capturó a ocho más. Eran muchachos de Barranquilla, Cartagena y hasta de Bogotá. 

Ahí nos dimos cuenta que era una red, no eran muchachos que a ‘motu proprio’ hacían eso. No son casos aislados, es un caso sistemático. Los 16 jóvenes capturados estaban alojados en el mismo hotel, los trajeron en simultánea de diferentes ciudades y les ofrecieron 2 millones de pesos de pago si ganaban el examen, pero la banda cobraba hasta 25 millones de pesos, o sea que quien dirigía la red se ganaba casi 20 millones de pesos por cupo.

¿Además de los capturados, pueden estar más jóvenes vinculados?

Se cogieron 16, pero no sabemos cuántos más sean, pueden ser más. Estos jovencitos que cogieron son las mulas, no son el cerebro de la organización. Varios son del programa ‘Ser pilo paga’ y otros son becados de universidades privadas, son muchachos de alto nivel académico y de condiciones vulnerables, entonces se aprovechan de que son inteligentes, pilosos, para ofrecerles una plata para que vengan a suplantar a alguien.

¿Esto se dio solo con el examen de Medicina?

En otras carreras hacían lo de la venta de respuestas, pero eso lo bloqueamos porque no dejamos entrar dispositivos electrónicos, pero la mayor demanda se concentra en medicina. Para muchos padres es una especie de negocio porque creen que se están ahorrando una plata al vulnerar el sistema de una universidad pública, donde la matrícula es muy económica, van a pagar 2 millones de pesos por semestre, mientras que en una universidad privada no pagan menos de 10 millones de pesos el semestre.

Para muchos padres es una especie de negocio porque creen que se están ahorrando una plata al vulnerar el sistema de una universidad pública

¿Ese fenómeno se puede estar dando en otras universidades del país?

Yo creo que sí. Los indicios de la Policía es que esa banda se mueve por todas las universidades que tienen exámenes de admisión. Si pagan para 25 millones de pesos para entrar a una universidad de provincia como la del Magdalena, cuánto no pueden pagar por una universidad como la Nacional con todo el prestigio que tiene o la de Antioquia o Cartagena. Esto es una alerta porque el acceso a los programas de salud es muy costoso en las universidades privadas.

¿Han identificado a alguna de las personas que los reclutaban?

Sí. Una tal Yamile y ya se tienen indicios de ella y la idea es capturarla e imputarle el delito de concierto para delinquir, un delito que no es excarcelable.
¿Yamile está vinculada a la Universidad?

No. Lo que dejó claro la investigación es que esta red es totalmente externa, ni gente de la Universidad Nacional, que nos aplica el examen de admisión, ni gente de la Universidad del Magdalena están vinculadas a eso. Dicen que esta señora es de Barranquilla.

¿Qué piensa de la decisión del juez que dejó en libertad a los jóvenes capturados?

El juez consideró que no eran un peligro para la sociedad y por tanto no les dictó medida de aseguramiento, pero estos muchachos siguen vinculados al proceso por los delitos de falsedad y la suplantación, y la Fiscalía está buscando a la tal Yamile, que parece que es la que los reclutó. A ella es a quien hay que caerle con todo el peso de la ley. Y hay que caerles con una sanción a los padres de familia que pagaron, porque esas empresas criminales sobreviven porque hay padres sinvergüenzas que se prestan para eso.

¿Qué sanción deben tener los jóvenes que se prestaron para ser suplantados como los ‘pilos’ que iban a servir para suplantarlos?

A estos muchachos tendríamos que buscarles alternativas, tanto a ellos como a quienes buscaron para que los suplantaran tendrían que pedirles perdón a la universidad, a sus universidades y al país, y pagar una sanción a través de trabajo comunitario, porque creo que también tiene que haber un mensaje formativo.

Guillermo Reinoso Rodríguez
Editor ELTIEMPO.COM
Bogotá​​