En un 25 por ciento de avance está la fase dos del contrato de las ciclorrutas en Bucaramanga que pretende construir 17,4 kilómetros de cicloinfraestructura en la ciudad.
Este proyecto tomó otro rumbo luego de que el pasado 10 de septiembre un juez suspendió las obras como medida cautelar, ante una acción popular que interpuso la Personería de Bucaramanga.
Para el juez, el trazado del proyecto no cumple con lo consignado en el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) y argumentó que hubo falta de planeación y socialización, por lo que la suspensión es transitoria mientras las autoridades hacen los ajustes pertinentes.
Pese a que la Alcaldía le solicitó al juez que le dejara finalizar las obras que estaban iniciadas, la petición fue rechazada. Sin embargo, la administración municipal ‘sacó un as bajo la manga’ y firmó una resolución que le permite al contratista acabar los frentes de obra para evitar accidentes por falta de señalización.
“Hemos firmado dos resoluciones y seguramente tendremos una tercera porque el contratista nos pidió más plazo del que se vence mañana (domingo) para terminar las obras de señalización. Lo que dice el documento es que pueden terminar las actividades de señalización, repavimentación, la terminación de pompeyanos y resaltos”, explicó Manuel Francisco Azuero, jefe de Gobernanza de Bucaramanga.
Este acto administrativo aplicará para los tramos de la carrera 21 entre la avenida Quebradaseca y la carrera quinta, unas 20 cuadras de obra avanzada. Asimismo, en la calle novena en la Universidad Santo Tomás, un sector de la Ciudadela Real de Minas, el barrio San Francisco y un tramo sobre la Avenida La Rosita, donde los frentes de obras están avanzados pero les falta la señalización que mitigue la accidentalidad.
“La juez fue clara en decir que el municipio era autónomo para definir el plan de contingencia, entonces nosotros hemos venido adelantando las obras de señalización y de otro tipo para garantizar la seguridad, porque no podemos permitir que esa cicloinfraestrucutra que está casi terminada se use como parqueadero o corredor vial”, dijo Azuero.
Respecto a la decisión del juez, la Alcaldía ya la apeló frente al Tribunal Administrativo de Santander, argumentando que la implementación de esta ciclorruta hace parte de un hecho metropolitano de obligatorio cumplimiento.
“La ciclorruta se está haciendo bajo el marco de la ley y es un hecho metropolitano que es de obligatoria ejecución, este fue declarado en enero del 2018 por el Área Metropolitana de Bucaramanga (AMB) y adoptó la Oficina de la Bicicleta, que es lo que estamos implementando y es lo que vamos a reivindicar frente al Tribunal. Se está aplicando la guía de infraestructura vial que el Ministerio de Transporte adoptó en 2018, entonces estamos cumpliendo un hecho metropolitano y una guía”, añadió Azuero.
Pero los reparos a este proyecto no paran. Un informe de auditoría de la Contraloría de Bucaramanga halló irregularidades en el contrato, y argumentó que hubo falta de planeación y que el daño fiscal superaría los $3.800 millones que ya pagó el municipio como adelanto de esta obra.
“Esa es una posición de la Contraloría que se desvirtúa con los argumentos que presentamos ante el Tribunal por lo que no hubo daño fiscal”, precisó Azuero Figueroa.
Según el cronograma de ejecución, los 17,4 kilómetros de ciclorruta suspendidos deberían estar listos para diciembre del este año, sin embargo, con la decisión del juez no hay fecha de terminación. Lo único cierto es que no se cumplirá con el objetivo de finalizarlas en diciembre.
MARÍA ALEJANDRA RODRÍGUEZ
Corresponsal EL TIEMPO
BUCARAMANGA
