El asesinato el pasado 20 de mayo de la personera del municipio de Samaniego, Paula Andrea Rosero Ordóñez además de desnudar el estado de indefensión en que se encuentran los defensores de derechos humanos en Nariño, también dejó al descubierto las amenazas a las que se han visto expuestos.
Primero se dijo que eran cuatro los personeros amenazados, pero después se conoció que son seis. Todos ellos reclaman al Estado garantizarles su seguridad pero, no solo con un chaleco o un celular, sino con otros mecanismos de protección que sirvan para que ellos y sus familias puedan seguir en el ejercicio de sus funciones y vivir tranquilos en cada una de sus jurisdicciones.
La personera del municipio de Linares, Alexandra Tovar, dijo que el único apoyo que recibió hace dos meses de la Unidad Nacional de Protección (UNP) es la asignación de un escolta y un chaleco antibalas, de los que dijo no son suficientes a la hora de proteger su vida y su integridad, así como la de su familia.
“Yo estoy pidiendo que se me brinden unas medidas necesarias y urgentes para salvaguardar mi vida porque las que tengo en el momento no son las más adecuadas”, dijo la Personera, quien insistió en que la actualidad no existen las garantías necesarias en Nariño para desarrollar sus funciones de velar por los derechos humanos de los ciudadanos.
“Nos vemos inmersos muchas veces a quedarnos callados y a omitir muchas cosas que sabemos en nuestro trabajo”, declaró Tovar.
La personera de Puerres, Rosa Isabel de la Cruz Caicedo, no ha sido objeto de amenazas pero, está preocupada.
“Por la labor que desempeñamos, como Ministerio Público, el riesgo siempre va a estar latente”, dijo la funcionaria.
A las autoridades municipales, departamentales y nacionales les exige que ayuden a esclarecer los hechos que rodearon el asesinato de Paula Andrea Rosero ocurrido hace más de una semana.
“Las garantías que se nos han brindado no son suficientes para desempeñar nuestra labor, por eso pedimos el acompañamiento de todas las entidades”, afirmó la personera de Puerres.
“Me comentan que son seis casos de personeros amenazados, ya fueron presentados ante las autoridades competentes, esperamos y confiamos que se tomen las medidas pertinentes y efectivas”, dijo la personera de Pasto, Viviana Ruales Escobar.
En la mesa de seguridad que los 64 personeros municipales del departamento realizaron el pasado jueves, con el apoyo de la Federación Nacional de Personeros y la gobernación de Nariño, se abordaron los casos de los personeros amenazados y se solicitaron garantías para quienes ejercen la defensa de los derechos humanos en sus territorios.
“Las medidas de seguridad que tenía la personera de Samaniego eran el chaleco, un botón de pánico y un celular que realmente no resultan ser efectivos cuando de la defensa de la vida de las personas se trata”, comentó la personera de Pasto.
“Que no vuelva a repetirse esta historia, ese es nuestro clamor”, agregó Ruales.
Sonia Cifuentes, quien se desempeña como personera del municipio de Policarpa, ubicado en una de las denominadas zonas rojas de Nariño por los altos niveles de violencia, aunque no quiso reconocer haber recibido amenazas, en la reunión de los personeros en Pasto se conoció que se encuentra entre los seis personeros que están bajo esa condición.
Puso de presente que su función además de la defensa de los derechos humanos, también es la de ejercer el control disciplinario y fiscal en su municipio.
El gobernador de Nariño, Camilo Romero, dijo que el departamento vivía un momento gris, mientras pedía a las autoridades avanzar en las investigaciones.
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