El lunes pasado, mientras en la Alcaldía de Pereira -en un consejo de seguridad- se analizaba qué hacer para solucionar de una vez por todas los líos del centro transitorio de detención de la Unidad permanente de protección a la vida (UPPV), los seis que se escaparon de ese lugar el domingo en la mañana seguían fugados.
El centro transitorio de detención de la UPPV se convirtió en una ‘papa caliente’ para la administración municipal que busca salidas al hacinamiento del 100 por ciento, a los amotinamientos y a las fugas de los detenidos, aunque se supere la seguridad del lugar ya no sorprende a nadie porque el año pasado se evadieron cinco, que fueron recapturados por la Policía.
El centro de detención cuenta con dos aulas con capacidad para 87 personas, pero actualmente hay cerca del doble de estas. Los detenidos son vigilados solo por tres policías.
A ese centro llevan a hombres que son capturados por haber participado en delitos y que están en calidad de sindicados o procesados. Allí no puede haber condenados. Sin embargo, hay casos de personas que están en ese lugar desde hace varios meses, incluso unos de ellos llevan cerca de un año.
Sandra Lorena Cárdenas, personera de Pereira, afirmó que el centro de detención de la UPPV “no tiene solución” en estos momentos.
Solución sería, afirmó Cárdenas, un sitio idóneo, adecuado que en la ciudad en estos momentos no lo hay.
La administración municipal está haciendo unas obras de ampliación de la UPPV para adecuarla al nuevo Código de Policía, pero lo que se necesita con urgencia, según la Personera, es construir un aula más para reducir el hacinamiento.
La UPPV y el centro de detención fueron creados hace unos años y es la administración municipal la que responde por todos los costos de la infraestructura y su funcionamiento. En otras ciudades del país el Instituto nacional penitenciario y carcelario (Inpec) asume todo el manejo y los costos de esos centros y las alcaldías coadyuvan con algunos recursos.
“Una comisión técnica está analizando toda la parte jurídica a ver quién efectivamente tiene la responsabilidad jurídica de asumir esa carga. Yo creería que como no hay un acto administrativo siquiera que determine la existencia de la misma UPPV, en estos términos es injusto que la administración municipal tenga esa responsabilidad”, afirmó Cárdenas.
Esa comisión se creó ayer en el consejo de seguridad.
Para la secretaria de Gobierno de Pereira, Adriana Vallejo de la Pava, una solución a los líos del centro de detención debe salir del Gobierno Nacional. “Una comisión va a visitar al Ministro de Justicia, a quien ya habíamos visitado el año pasado y quien nos envió al viceministro para mostrarle la situación en las que estamos”, señaló Vallejo, para quien es claro que “quienes deben y saben tener la custodia de estos centros son los guardianes del Inpec, porque los municipios no tienen personal capacitado para esto”.
Más allá del hacinamiento y de que el espacio donde funciona el centro de detención no es adecuado para albergar a esas personas, la Secretaria de Gobierno aseveró que hay un asunto de fondo más serio. Para ella es un error que “los sindicados sean responsabilidad de las autoridades municipales porque ningún alcalde sabe cómo manejar una cárcel y la Policía tampoco es la más idónea”.
Vallejo propone que el Inpec asuma a los sindicados y los condenados con el apoyo de los entes territoriales.
