Un reporte de la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (Ocha) de las Naciones Unidas revela que en tan solo cinco días de la semana anterior se desplazaron 225 personas, entre niños y adultos, por cuenta de las amenazas de las disidencias de las Farc en complicidad con la banda criminal Caparrapos.
Según la ONU, desde el pasado 12 de noviembre se registra la huida de campesinos e indígenas Embera Dochama que fueron amenazados con fusiles para que abandonaran sus viviendas con la advertencia de que serían asesinados.La temerosa advertencia estuvo precedida por el asesinato de tres jóvenes de la zona, quienes fueron sacados de sus casas y cuyos cuerpos encontrados en un paraje desolado.
De acuerdo con el informe de la ONU, integrantes del antiguo frente 18 de las extintas Farc se unieron con la banda Caparrapos en la zona del sur de Córdoba. Dichas confrontaciones tendrían como escenario los territorios donde conviven las comunidades Embera y los campesinos afectados.
La primera amenaza fue para 67 indígenas de la comunidad de Batatalito quienes llegaron hasta el casco urbano de San José de Uré y permanecen en un albergue temporal. Ese mismo día, 106 campesinos también tuvieron que dejar sus parcelas en cinco veredas de la zona y permanecen hacinadas en el corregimiento Versalles.
El 15 de noviembre 52 integrantes de la comunidad Embera Dochama huyeron del territorio y se instalaron en la vereda Ibudó El Bosque.
El comando armado se hacía llamar disidencia de las farc y Caparros, y que tenían la orden de asesinarlos a todos como señal de advertencia a sus enemigos los del clan del golfo
La semana anterior el gobernador encargado de Córdoba, Edgar Garcés, informó sobre la atención que esa administración les brindó a las familias instaladas en el casco urbano de San José de Uré. Sin embargo, falta por atender a quienes se han refugiado en otras zonas rurales del municipio.
Para el próximo 25 de noviembre se tiene prevista una visita a cada una de las zonas donde están los campamentos de los desplazados, con el fin de realizar un diagnóstico real de la situación y coordinar las ayudas necesarias.
El Ejército, encargado de la seguridad de la zona, envió a tropas de la Fuerza de Tarea Aquiles desde el momento en que se conoció la noticia del primer desplazamiento. Aunque los militares mantienen su permanencia en esos territorios, las familias no han retornado a sus propiedades por considerar que no existen condiciones plenas para ello.
La primera amenaza fue para 67 indígenas de la comunidad de Batatalito que llegaron hasta el casco urbano de San José de Uré y permanecen en albergue temporal.
Gudifredo Avendaño
Ninguno de los desplazados se atreve a dar declaraciones a la prensa, por temor a ser tildados de líderes o voceros de sus comunidades. Sin embargo, las voces de las víctimas relatan episodios de pánico sobre la manera cómo fueron sacados de sus viviendas.
Aseguran que el comando armado se hacía llamar disidencia de las farc y Caparros, y que tenían la orden de asesinarlos a todos como señal de advertencia a sus enemigos los del clan del golfo. Sin embargo, la presencia de niños, ancianos y mujeres embarazadas reversó la decisión y fueron obligados a salir intimidados a punta de fusil.
Tan solo en San José de Uré se han presentado cinco acciones de desplazamiento en lo corrido de este año por cuenta de las amenazas a los pobladores de la zona rural, donde se libra la guerra por el negocio de la droga. También en Puerto Libertador y Tierralta se han dado situaciones de huida de las comunidades.
El Ejército y la Policía han incrementado acciones ofensivas, pero el orden público sigue siendo una bomba de tiempo.
GUDILFREDO AVENDAÑO
Especial para EL TIEMPO
Montería
