El general Jorge Horacio Romero Pinzón, quien fue llamado a calificar servicios por el Ministerio de Defensa hace casi tres semanas de manera fulminante, apareció mencionado este jueves en la audiencia de imputación de cargos contra nueve personas capturadas por supuestos hechos de corrupción en la Cuarta Brigada del Ejército con sede en Medellín.
El general Romero Pinzón, quien se desempeñaba como jefe de Acción Integral del Ejército, fue comandante de la brigada mencionada en las investigaciones entre 2015 y 2017, y su presunta vinculación con hechos de corrupción está en el despacho de un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia.
De hecho, él fue el primero de cinco generales que han salido del servicio este mes, y esto lo precipitó un reporte que entregó la Fiscalía al Ministerio de Defensa sobre los avances de las investigaciones.
Aunque inicialmente fue señalado de supuestas irregularidades en la entrega de salvoconductos para el porte de armas, ahora aparece mencionado en la entrega a dedo de contratos en la unidad militar.
Durante la imputación de cargos contra tres oficiales y un suboficial activos, dos oficiales en retiro y tres contratistas civiles, la Fiscalía señaló que el general Romero Pinzón habría favorecido a una empresa encargada de prestar servicios mecánicos para vehículos que firmó con el Ejército tres contratos, dos de ellos por un valor de 1.694 y 1.261 millones de pesos.
Según un testimonio en poder del ente acusador, el general Romero Pinzón habría dado órdenes a sus subalternos de que los contratos fueran entregados a la empresa que él decía.
El oficial, que está en el proceso de salida del Ejército, manifestó en su momento que recibía con sorpresa la decisión del ministerio de retirarlo del Ejército y sostuvo que demostraría su inocencia.
Sin embargo, la Fiscalía proyectó este jueves un video en el que el capitán Edwin Vargas Mateus, testigo del ente acusador, señala que el general Romero Pinzón ordenaba organizar reuniones con las empresas interesadas en ganar los contratos, en las que se les pedía información financiera, como capacidad de endeudamiento, para modificar los pliegos de contratación de tal forma que se ajustaran a su perfil y los ganaran.
El testigo añadió que los asistentes a las reuniones se repartían el 10 por ciento del valor de los contratos y que “los mismos proveedores realizaban los pliegos” y los ajustaban a sus capacidades para garantizar que serían los ganadores de las licitaciones.
Durante la audiencia de imputación de cargos contra los capturados, que se realizó en la capital antioqueña, la Fiscalía precisó que la investigación contra los altos mandos militares comenzó hace más de un año y abarca contratos firmados por 4.468 millones de pesos. Otros de los contratos cuestionados están relacionados con la adquisición de insumos de papelería y ferretería y la prestación de servicios de logística y alimentación.
Los capturados son el coronel en retiro Harold Felipe Páez Roa, quien fue comandante del batallón de servicios de la Cuarta Brigada, y los contratistas: el capitán en retiro Guerly Alexander Carrera Arias; y los civiles: Samir Fernando García Buitrago, Ana Lucía Posada Valencia, Jaime Alberto Ramírez Díaz y el sargento John Henry Roncancio Rodríguez, el bodeguista de la unidad militar.
Ellos no aceptaron los cargos de falsedad ideológica en documento público, concierto para delinquir, cohecho por dar y ofrecer, e interés indebido en la celebración de contratos, que fueron imputados por la Fiscalía, e insistieron en que son inocentes de los hechos por los que fueron privados de la libertad.
La audiencia continuará este viernes con la presentación de videos e interceptaciones, con lo cual la Fiscalía pedirá que los capturados sean asegurados.
REDACCIÓN MEDELLÍN
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