Este mes se cumplen siete años de la tragedia del barrio Cervantes que cobró la vida de 48 personas en Manizales y, hasta ahora, no hay por parte de la justicia una respuesta para las víctimas. En el momento se adelantan cuatro procesos judiciales, dos de carácter administrativo, uno penal y otro en manos el Consejo de Estado, ninguno con fallos concretos.
El proceso penal retomó hace tres semanas el juicio oral en el que se busca determinar la culpabilidad, o no, de los tres imputados: el exgerente de Aguas de Manizales, Álvaro Andrés Franco Valencia y los exsubgerentes Sebastián Henao Arango, técnico y Diana Lorena Gómez Zuluaga, de servicio al cliente. Pero esta fase no culminará tampoco este año, según lo indicó el abogado Rafael Mejía, defensor de los exfuncionarios.
“El pasado viernes se llevó a cabo el último juicio del año y, de común acuerdo, programamos la continuación para el 2019. Será por tres semanas más y se iniciaría la segunda semana de enero”, comentó Mejía.
De acuerdo con las víctimas, era necesario más tiempo, pues aunque se ha evacuado gran parte de las pruebas aún quedan pendientes. “No se puede determinar cuánto más durará el proceso, lo que sí está claro es que por parte de la Fiscalía y las víctimas faltan por lo menos cuatro días, además de las pruebas de la defensa”, manifestó José Hernando Jiménez, representante de los demandantes.
La determinación se tomó además, porque la Rama Judicial -con algunas excepciones- tiene vacaciones colectivas del 20 de diciembre al 10 de enero del próximo año.
La esperanza de los demandantes, que son por lo menos 300, está puesta entonces sobre los dos procesos administrativos que ya están a la espera de una sentencia en la que se determine cuál fue la responsabilidad de Aguas de Manizales y de la Alcaldía y qué procedimientos de reparación deben ejecutar.
Para conocer la determinación final de estas demandas, que son de reparación directa para quienes se consideran víctimas del fatal suceso, solo resta esperar que les llegue su turno ante los magistrados. Hay que considerar también que este fallo sería de primera instancia, por lo que podría ser apelado.
Los años corren y las víctimas siguen reclamando su reparación, económica y moral, por lo que piden celeridad en el tema.
“Estamos desesperado, ya son siete años en este proceso y sin ninguna solución. El dinero no nos va a devolver la familia, pero al menos podremos tener de nuevo casas seguras y vivir con tranquilidad, como era antes”, comentó Hernán Serna, quien perdió a 11 miembros de su familia.
EL TIEMPO consultó también al nuevo gerente de Aguas de Manizales, Alejandro Estrada Carmona, al respecto y aseguró que la empresa está la espera del fallo de un juez para proceder como la ley se lo indique. “La empresa está a la expectativa de lo que defina la justicia, pues es lo único que ahora podemos hacer. Hemos colaborado siempre con la investigación compartiendo la información que requieren, también con los testimonios de empleados que se han solicitado”, manifestó Estrada.
El funcionario, quien tomó el cargo hace dos semanas, expresó además, que la empresa comprende la “insatisfacción de la comunidad frente al proceso”, pero reitera el compromiso con la verdad, esperando que “se aclare el tema y se defina, si los hay, algún responsable”.
Mientras se espera que el proceso penal se retome y se dé el primer fallo de las demandas administrativas, en el Consejo de Estado continúa la otra demanda administrativa que acumula ocho procesos. Un reclamo que supera los 50.000 millones de pesos y que sigue parado igual que las otras respuestas que esperan desde hace siete años quienes vieron padecer a sus seres queridos bajo un alud de tierra, en la tragedia más grande de Manizales en su historia.
LAURA USMA CARDONA
PARA EL TIEMPO
