Tras ser evacuados de sus apartamentos pocos días después del colapso del edificio Space, en octubre del 2013, los habitantes de la edificación Continental Towers, ubicado en la misma zona, siguen sin que la empresa CDO (misma que construyó el Space) les responda por los errores constructivos en dicha edificación que tiene riesgo de colapso.
Ante el incumplimiento de un fallo de la Superintendencia de Industria y Comercio, en enero de 2016, que le ordenó a la firma constructora Alsacia CDO devolver 13.380 millones de pesos a cerca de 70 propietarios de la urbanización -equivalentes a la totalidad del valor pagado por apartamentos, parqueaderos, cuartos útiles- los propietarios tienen las esperanzas puestas en una demanda colectiva que este lunes empezará audiencias.
Estas se adelantan ante la Juez 24 Administrativa Oral de Medellín y durante los días 8, 9 y 10 de octubre los testigos de las familias rendirán sus testimonios, mientras que el jueves 18 y viernes 19 de octubre será el turno de las familias demandantes.
“Hay plena confianza en todas las familias de que se hará justicia y que será a través de esta vía que puedan recuperar sus ahorros. También se aguarda por parte de todos sus integrantes, luego de transcurridos cinco años de vivir semejante tragedia, que de aquí en adelante no solo se produzcan los fallos favorables, se condene a los responsables sino que además haya celeridad en las instancias que debe surtir el proceso”, expresaron los afectados en un comunicado.
Hay plena confianza en todas las familias de que se hará justicia y que será a través de esta vía que puedan recuperar sus ahorros
Las imputaciones de estas demandan están en contra de los administradores de la firma Alsacia CDO, los constructores de la obra, María Cecilia Posada (gerente), Pablo Villegas, Mauricio Villegas y José Álvaro Chica (miembros de la junta directiva de la empresa); el ingeniero Calculista (Jorge Aristizábal) y el revisor de los diseños, Mauricio Ardila.
También a la empresa Concretodo, la cual, acorde a estudios de la Universidad de los Andes, suministró los materiales que resultaron defectuosos.Finalmente en contra del municipio de Medellín, “por no hacer control de legalidad, no realizar la vigilancia de la obra, entregar el permiso de ocupación de un edificio en riesgo de colapso, etc”.
Actualmente, la edificación se encuentra abandonada y sin mantenimiento, bajo la custodia de la liquidadora de la firma Alsacia CDO, quien indicó que la sanción impuesta por la Superindustria en 2016 se debe cancelar una vez culmine el proceso de liquidación.
Sin embargo, el desacato de este fallo ha hecho que la SIC siga imponiéndoles reiteradas multas. “Este fallo ordenó deshacer los contratos de compraventa, devolver su precio a los adquirientes y negó cualquier posibilidad de que la reparación (o repotenciación del edificio) se convirtiera en la garantía para desafectar a las familias”, aseguraron los demandantes.
MEDELLÍN
