El pulso por el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de Pereira continúa tras la decisión de un juzgado administrativo de suspender provisionalmente esta norma, luego de una demanda instaurada por la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol), seccional Risaralda.
“Somos respetuosos de las decisiones de nuestros jueces. El POT está suspendido, acaba de tener una medida cautelar; eso no significa que se haya caído, se caerá cuando un Juez de la República así lo defina. A partir de la notificación (del fallo) se entrará a aplicar el acuerdo 018 (POT) que fue modificado por el (acuerdo) 023 de 2006”, afirmó el alcalde de Pereira, Juan Pablo Gallo.
Al decretar la medida cautelar el juzgado acogió el argumento central del demandante: que no hubo una socialización suficiente del POT. Con relación a esto, el Alcalde sostuvo que la actual administración presentó el POT (el acuerdo 035 de 2016), que construyó la administración anterior, que fue socializado y que se cayó, en abril de ese año, porque fue mal votado en el Concejo Municipal, por un error de forma.
“Nosotros presentamos al Concejo el mismo documento, con las mismas socializaciones, con los mismos pasos surtidos, sin cambiarle una coma y el Concejo lo votó (aprobó)”, aseguró Gallo, quien señaló que la administración apelará el fallo del juzgado y este deberá entonces ponderar los argumentos de cada lado.
Por su parte, el gerente de Camacol en Risaralda, Víctor Baza, refirió que al definir la medida cautelar el juzgado acogió la solicitud de esa entidad de suspender provisionalmente el POT “porque la juez encontró probado, demostrado por parte de Camacol, que existe un vicio de procedimiento como lo es haber omitido la concertación dentro de la formulación del POT”.
Baza agregó que la medida cautelar indica que la sentencia definitiva del juzgado sería la de nulidad del POT, como lo solicitó el abogado de Camacol.
Además del tema de la socialización, la demanda de nulidad del POT invoca, según Baza, “ la falta de fundamento legal de los deberes urbanísticos, que son unos impuestos a los constructores, y la creación de unas instancias, trámites y procedimientos que no son propios del ordenamiento territorial”.
‘Estamos muy satisfechos’
Luis Fernando Ossa, uno de los pesos pesados de la construcción en Pereira, aseveró que con la medida cautelar no “es que estemos contentos con tumbar el POT, estamos contentos porque se debe dar una nueva etapa de concertación en relación con la voluntad general, de todos los sectores, no solo la construcción”.
Ossa agregó: “(los constructores) estamos muy satisfechos de haber hecho un proceso jurídico justo, equilibrado, consciente, profesional y dispuestos a asumir nuestro rol en el tema de concertación futura. Si este alcalde quiere poner sobre el tapete la revisión del plan de ordenamiento, sentémonos todos los actores y digámonos las verdades y las cosas. No se trata de estigmatizar al sector (de la construcción), no se trata ahora de que los ecologistas nos señalen, somos más responsables que los mismos ecologistas”.
Al respecto del tema ambiental en el POT, el alcalde Gallo aseveró que «el POT de nosotros es muy ambiental, es exigente en términos ambientales, que protege nuestras fuentes hídricas, nuestros bosques y busca que la ciudad no se expanda de forma desorganizada. Obviamente que en ese propósito, los constructores sienten que se le ha venido poniendo más compleja y más exigente la presentación de todos sus proyectos urbanísticos».
Y es que el POT suspendido elimina un alto porcentaje de áreas suburbanas para proteger el área rural. Los constructores buscan que este punto se modifique porque recalcan que solo el 5 por ciento del área de Pereira es urbana y el resto, rural.
El fallo de fondo del juzgado determinará como continúa el pulso por el POT.
