Ante la alerta que completa ya varios días sobre la emergencia en el proyecto Hidroituango, que mantiene en riesgo a 15 municipios del país, los ministerios de Minas y Energía, junto al Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, realizaron una evaluación de la situación y de las medidas que se deben tomar ante una posible evacuación masiva en las zonas afectadas.
Las autoridades nacionales junto al Ideam enviaron la circular 034 a los gobernadores y coordinadores de gestión del riesgo de Antioquia, Sucre, Bolívar y Córdoba y alcaldes de los diferentes municipios, para informar el nivel de alerta y las zonas de influencia que se verán afectadas si la presa se rompe.
“Se hizo una modelación de la situación de amenaza entre la información de EPM y el Ideam. Con una modelación de 263.000 metros cúbicos por segundo, marcando 3 momentos de alerta. En alerta roja son los municipios que deben hacer una evacuación inmediata como Puerto Valdivia, Puerto Antioquia, Cáceres y Tarazá. El otro grupo es el de alistamiento para la evacuación inmediata, es decir alerta naranja como Caucasia y Nechí y en alerta amarilla alistamiento y aviso para evacuación zonas de Bolívar, Sucre y Córdoba. La orden de evacuación se mantiene en los municipios con alerta roja coordinando con EPM y los alcaldes”, señaló Carlos Iván Márquez Pérez, director de la UNGRD.
Así mismo, se hizo un llamado para que los alcaldes y a las comunidades ribereñas del bajo Cauca sigan las recomendaciones de las autoridades de mantener la alerta preventiva y dar cumplimiento a dicha circular, todo con el fin único de proteger y salvaguardar la vida de los habitantes de estos sectores.
Por otro lado, se informó que ya el 92 % de la población de Puerto Valdivia está albergada o autoalbergada en uno de los 11 puntos instalados, en donde se brindan las condiciones necesarias de permanencia en estos sitios. Así mismo, más de 8.000 personas ubicadas en los municipios de Tarazá, Cáceres y Caucasia han evaduado,
Por último, Márquez Pérez indicó desde Valdivia que “hemos hecho una movilización de más de 10.000 carpas, adecuado los albergues y puntos de encuentro, hemos activado los suministros de alimentación (EPM y las administraciones municipales), son más de 1.000 miembros del Sistema presentes, se han montado sistemas de comunicación y de información, logística de transporte, se ha tenido el acompañamiento de la Defensoría del Pueblo como garante de derechos y de los entes de control para seguir y dar cumplimiento a la Ley”.
ELTIEMPO.COM
