El Tribunal Administrativo de Santander negó la solicitud hecha por el Ministerio de Ambiente de prorrogar el plazo inicial, para presentar una nueva delimitación acorde a las exigencias de concertar el área protegida con las comunidades que se verían afectadas.
En el Auto, el Tribunal recalca que mientras el gobierno nacional no entregue la nueva delimitación, continúa vigente la zona protegida estipulada en la Resolución 2090 de 2014, es decir, la que se pidió modificar, con el fin de mantener la protección del ecosistema.
Erwing Rodríguez –Salah, quien fue uno de los demandantes de la delimitación siendo miembro del Comité Para la Defensa de Santurbán, dijo que “el gobierno decía que si no podía cumplir con el plazo del 16 de noviembre para entregar la nueva delimitación, el Páramo quedaría en estado de Indefensión y desprotección. En eso es claro el Tribunal, ya que mientras el Ministerio no entregue la nueva delimitación, seguirá vigente la actual resolución”.
Rodríguez afirmó que, sin embargo, la corte no es clara al negar la solicitud, pues si bien no otorgó la prórroga pedida por el gobierno, en un parágrafo del Auto se estipula que la fecha para el cumplimiento del fallo de la Corte Constitucional puede estar dentro de los 8 meses siguientes a su notificación, por lo que dijo que desde el Comité se pedirá al Tribunal mayor claridad sobre el caso.
La Sentencia T-361 del 30 de mayo de 2017exigió una nueva delimitación del Páramo de Santurbán, por considerar que en la resolución expedida anteriormente por el gobierno se vulneró el derecho a la participación de las comunidades afectadas; para ello la Corte concedió al Ministerio de Ambiente un año como plazo para realizar un nuevo estudio.
¿Qué dice el Ministerio?
El ministro de Ambiente, Ricardo Lozano dijo que la prórroga es necesaria porque dado el cambio de gobierno, el proceso para dar cumplimiento a la Corte está atrasado, y que es complejo porque “son 38 municipios y tenemos que hacerlo de manera específica. Cada municipio tiene una vocación diferente y cada socialización que se haga con las comunidades debe generar unos acuerdos que se deben cumplir”.
Lozano destacó que cumplir el componente de participación comunitaria es el objetivo, y que no se pueden hacer procesos a la ligera, pues el Alto Tribunal es enfático al insistir en la necesidad de fortalecer la vinculación, no solamente de representantes, sino de toda la población para llegar a acuerdos concretos.
BUCARAMANGA
