Una decisión de la Corte Constitucional colombiana dada a conocer esta semana ha añadido tensión al desarrollo del proceso de paz entre el Estado y las FARC. Cuando quedan menos de dos semanas para el vencimiento del cronograma de aplicación de los acuerdos y en medio de retrasos logísticos en la transición de la guerrilla y en la entrega de armas, el tribunal decidió tumbar dos de los artículos del procedimiento rápido, el llamado fast track, adoptado para acelerar las reformas relacionadas con el fin del conflicto. La misma corte había aprobado esta figura jurídica el pasado diciembre, aunque ahora ha resuelto rechazar los apartados que limitaban la intervención del Congreso, y por tanto de la oposición al Gobierno de Juan Manuel Santos, en la implementación de los acuerdos.
El texto de la sentencia aún no se conoce, pero el anuncio del Constitucional cuestiona parte de la filosofía inicial del proceso y ha provocado una dura reacción de las FARC. Los magistrados han decidido impugnar, por ejemplo, el principio por el cual los proyectos de ley debían ajustarse al texto pactado con la guerrilla y contar con el aval previo del Gobierno. Y también que las modificaciones tenían que pasar el filtro de las comisiones plenarias de las dos Cámaras en una sola votación. El tribunal argumenta que ambos preceptos sustituyen la separación de poderes.
El Ejecutivo y las FARC, con distinto grado de intensidad, han lamentado esta resolución. El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, ha manifestado que “la respeta, pero no la comparte” al considerarla “una dificultad en el camino de implementación de la paz”. Con todo, ha señalado en una entrevista en el canal CM& que «no es el fin del mundo». El fallo llega después de que el senador Iván Duque, precandidato a las presidenciales de 2018 del Centro Democrático, partido fundado por el expresidente Álvaro Uribe, presentara una demanda ante la Corte por considerar que inhibía la capacidad deliberativa del Parlamento. Las fuerzas que conforman el Gobierno lo rechazan. “Valoramos la exaltación que la Corte Constitucional hace sobre la necesidad de la deliberación democrática en el Congreso, sin embargo nos permitimos manifestar que en el marco del procedimiento especial legislativo […] el Congreso jamás renunció a la deliberación”, señalan sus portavoces en un comunicado. “En los proyectos de acto legislativo y de ley tramitados ha existido una amplia y profunda discusión que ha derivado en importantes modificaciones a los textos”.
Detrás de la decisión del tribunal, en cualquier caso, hay una reflexión de fondo que va más allá de lo estrictamente jurídico y se enmarca en la situación que atraviesa Colombia. “La corte es consciente de que un proceso de paz que genera fractura y polarización en la sociedad debe tratar de superar esa confrontación y que eso se logra a través la búsqueda de mayores consensos en un proceso deliberativo y con capacidad de decisión”, ha señalado el presidente del Constitucional, Luis Guillermo Guerrero. “La idea”, en opinión del magistrado, “es que lo que ahora se abre es un espacio de deliberación orientado a buscar mayores consensos en las decisiones sobre estos temas”.
Pero si el Gobierno ha mantenido una postura pública moderada, las FARC sí han manifestado su rechazo frontal al fallo. “La Corte Constitucional ha puesto el proceso de paz en la situación más difícil que este haya vivido desde su inicio”, con estas palabras comienza un comunicado emitido por el Secretariado de las FARC. El máximo organismo de la guerrilla muestra su rechazo ante una sentencia que abriría la puerta a próximos gobiernos a “desmontar el andamiaje de los acuerdos” que durante casi cuatro años se pactaron en La Habana. La decisión se toma, además, a 12 días de que se cumpla la fecha límite que la insurgencia tiene para entregar las armas a la ONU.
En la carta, leída por el comandante guerrillero Iván Márquez, las FARC apelan a que ante esta situación el presidente Juan Manuel Santos haga uso de las facultades extraordinarias que le concede la Constitución. Es decir, que el mandatario implemente lo pactado al margen de las decisiones judiciales que órganos como la Corte puedan tomar. “Este proceso de paz necesita más hechos y menos leyes”.
Pese al enfado, las FARC siguen comprometidas a cumplir con lo acordado. “Nuestra decisión ha consistido en transitar a la vida política legal para darle continuidad a nuestras aspiraciones”. Aun así, han declarado en asamblea permanente a toda la organización concentrada en las zonas de transición a la normalidad. Un mensaje directo al Gobierno. Además, solicitan que se convoque la comisión de seguimiento, una mesa en la que se sientan periódicamente guerrilleros y funcionarios para analizar el proceso de paz y, en ocasiones, tomar medidas al margen de los textos de La Habana en base a las necesidades coyunturales.
Ante esta situación, la guerrilla es consciente de que debe apelar a un gran diálogo político y social que respalde un acuerdo que la oposición liderada por el expresidente Álvaro Uribe ha intentado minar desde que se conocieran los primeros contactos entre el Gobierno Santos y las FARC hace seis años. “Invitamos a todos los colombianos y colombianas para que con sus libres expresiones y a través de la movilización manifiesten su apoyo”.
Es en la calle donde los excombatientes buscan un apoyo que en las instituciones no encuentran, como sucedió con las manifestaciones tras el no a los acuerdos en el plebiscito de octubre del año pasado. La diferencia en este momento es que las miles de personas que salieron a las calles reclamando que se renegociara lo pactado, en esta ocasión tendrían que ponerse del lado de una guerrilla que no ha conseguido el perdón ni el reconocimiento de gran parte de la sociedad colombiana y en contra de la Corte Constitucional.
