Los corregimientos de Altavista y San Antonio de Prado y las comunas Robledo (7), San Javier (13) y Belén (16) son los lugares de la ciudad en los que los niños y adolescentes tienen más riesgos de ser reclutados o utilizados por grupos delincuenciales.
Las autoridades municipales así lo aseguran, a partir de información recolectada en esas zonas. Pero además, la Defensoría del Pueblo emitió recientemente una alerta en la que llama la atención sobre la presencia de actores ilegales en esos dos corregimientos y en la comuna 7.
En respuesta a esa alerta y como parte del cumplimiento del decreto que exige la consolidación de una mesa municipal que trate el tema, 60 representantes de instituciones gubernamentales, organizaciones sociales y comunitarias se reunieron esta semana para dialogar y aportar soluciones para el fenómeno. Asimismo, para poner en marcha las rutas de acción para defender a la infancia y la adolescencia de la problemática.
Carlos Arcila, subsecretario de Derechos Humanos de Medellín, explicó que la ciudad tiene la necesidad de actualizar el mapa de riesgo territorial por medio de la unificación de la información existente. Aunque también aseguró que las condiciones del fenómeno dificultan la recolección de datos reales y de cifras de reclutamiento de menores.
Para Arcila, esto se debe, entre otras cosas, a la falta de denuncias formales o la presencia de otras realidades como el desplazamiento, que sí se denuncian, pero que tienen detrás causas como las amenazas de ilegales hacia los menores. Esto ha generado que el reclutamiento esté invisibilizado.
Sin embargo, el funcionario aseguró que sí se tiene claro que las edades promedio en las que suceden la mayoría de los casos son las comprendidas entre los 11 y los 15 años. Además, que los hombres son más vulnerables a involucrarse con grupos ilegales que las mujeres, quienes tienen más cerca riesgos como la trata de personas o la explotación sexual.
Durante dos sesiones, los integrantes de la mesa analizaron los riesgos y la oferta de prevención que cada comuna ofrece para proteger a los menores y trabajaron en la adecuación de las funciones del ‘Equipo de acción inmediata’, una herramienta interinstitucional que funciona cuando la amenaza, ya sea individual o colectiva, se materializa. Por ahora, Medellín tiene una misma ruta para atender los casos en cualquier punto de la ciudad, pero la idea es crear un ‘Equipo de acción inmediata’ para cada comuna o corregimiento.
La oferta de los grupos armados es más eficiente, por ejemplo, que la cultural o deportiva que ofrece el Estado. Pero además, tiene una mayor capacidad de regulación del territorio que la del Estado
Desde la política pública existen tres instancias diferentes: la prevención temprana, que puede hacerse a través de los colegios o de herramientas como la música; la prevención urgente, cuando ya existe un riesgo inminente; y la prevención en protección, cuando el menor ya fue reclutado.
El experto en el tema, Iván Darío Ramírez, señaló que el problema radica en la falta de herramientas para la prevención temprana y en la poca articulación de las autoridades y los entornos en las siguientes etapas. “La oferta de los grupos armados es más eficiente, por ejemplo, que la cultural o deportiva que ofrece el Estado. Pero además, tiene una mayor capacidad de regulación del territorio que la del Estado”, dijo.
Para Ramírez, a pesar de que el asunto despierta más atención en ciertas épocas, el reclutamiento de menores en la ciudad existe en las zonas más afectadas desde hace unos 30 años, por lo mismo se requiere pensar en soluciones definitivas.
“Creo que la situación de Medellín no es comparable con ningún otro lado, precisamente por sus particularidades y su historia. Los fenómenos que hoy se presentan guardan relación con lo que ha sido este fenómeno en otros momentos en la ciudad”, indicó al respecto Juan Pablo Fayad, asesor de la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos.
Fayad también resaltó la complejidad del momento que viven las ciudades del país, pues los actores que pertenecieron a la ilegalidad se están reorganizando tras la implementación del acuerdo de paz.
Valentina Vogt
Para EL TIEMPO
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