La inconformidad de la comunidad de Floridablanca, Santander con la posible construcción de un tramo de la vía a Pamplona, que partiría desde el sector de Mensulí hacia el kilómetro ocho, dejó en evidencia fallas en este proyecto vial cometidas por la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla), situación que podría tumbar ese trazado propuesto inicialmente.
La construcción de los tramos conocidos como Conectante 1 y 2 (C1 y C2), que son 13,5 kilómetros de vía nueva hechos en su mayoría sobre 27 viaductos, se someten a un proceso de licenciamiento ambiental a cargo de la Anla, porque el trazado pasaría por áreas protegidas.
En el marco del licenciamiento se realizó el pasado 1 de diciembre una reunión informativa previa a la audiencia pública ambiental proyectada para el próximo 26 de enero.
En ese evento las comunidades de la zona de influencia del proyecto manifestaron que la ANI no socializó ni permitió su participación en la selección del trazado nuevo (solo se contempló uno), tampoco tuvieron conocimiento de la selección del contratista de la obra en el 2013 (Concesionario Autovía Bucaramanga-Pamplona), y la Anla emitió un concepto en el que dijo que no se debía realizar un diagnóstico ambiental de alternativas, es decir, hacer un análisis ambiental de otros trazados.
Igual situación ocurrió con las autoridades municipales, a quienes tampoco se les permitió participar, concertar y estar informadas del proceso.
El personero de Floridablanca, Luis José Escamilla Moreno, manifestó su preocupación ante esta situación porque son procesos que se deben surtir previos al licenciamiento ambiental, que es el que actualmente cursa.
“Estos procesos son importantes porque ahora se quiere llevar a la comunidad a discutir ese trazado sin habérseles tenido en cuenta ni a los entes territoriales”, dijo Escamilla Moreno.
El magistrado encargado del pleito hará una visita en terreno y se espera que en abril del próximo año emita su concepto sobre la vía proyectada entre Floridablanca y Pamplona.
Jaime Moreno
El funcionario explicó que el diagnóstico ambiental de alternativas es un procedimiento previo a iniciar el licenciamiento ambiental o la radicación de los estudios de impacto ambiental. En él las empresas interesadas en la construcción de la vía presentan alternativas de trazados para que se les hagan los estudios de impacto ambiental, los cuales son valorados por la Anla para que escoja el ambientalmente sostenible, pero acá eso no ocurrió.
Otra de las fallas que se evidenció es que en el 2007 la Cámara de Comercio de Bucaramanga (CCB) presentó un estudio preliminar de la alternativa vial Piedecuesta-Sevilla-KM 40, que es la que la comunidad de Floridablanca pide para evitar la vía por Mensulí.
Por este tipo de situaciones es que las entidades del orden nacional chocan con el territorio
Además, el Área Metropolitana de Bucaramanga (AMB) cuenta desde 2012 el Plan Vial Metropolitano, que no contempla la construcción del tramo C1 y C2 y por el contrario sí incluye el Anillo Vial Externo para sacar el tráfico pesado de los municipios.
Para rematar, añadió el Personero, el tramo nuevo riñe con el Plan de Ordenamiento Territorial (POT).
“Por este tipo de situaciones es que las entidades del orden nacional chocan con los territorios, porque no tienen en cuenta su ordenamiento. Ya enviamos comunicación a la ANI y Anla para que arrimen copias de las actas de participación de la comunidad y concertación con las autoridades sobre el trazado, y del proceso en el que se conceptualizó que no se requería el diagnóstico ambiental de alternativas”, señaló Escamilla Moreno.
Frente al proceso de licenciamiento, Alejandro Alvarado, abogado de las comunidades de Mensulí, indicó que en la reunión informativa se presentaron las inquietudes a la Anla en el tema ambiental y se cuestionó sobre el choque con el POT y el Plan Vial.
Añadió que en contra del licenciamiento cursa una acción popular y el próximo 14 de enero el magistrado Milciades Rodríguez, quien la recibió, hará un recorrido por el trazado de Sevilla para tomar una decisión en abril.
“En la acción popular somos seis demandantes y 256 campesinos de Sevilla que intervendrán porque quieren que la vía se haga por allí. Esperamos que la justicia falle y proteja los derechos de las comunidades, porque nosotros no pedimos un trazado en específico sino que se haga una elección objetiva y racional que se ajuste al territorio”, dijo Alvarado.
LUIS CÁRDENAS
PARA EL TIEMPO
BUCARAMANGA
