“‘Aquarela’, ese edificio que está en obra lo voy a tumbar yo”, señaló en las últimas horas el alcalde de Cartagena, William Dau Chamat, quien anunció que la polémica torre que se levanta en el barrio Torices tiene las horas contadas.
“Después de una conversación que tuve con la Ministra de Cultura, con el subdirector de la Unidad para la Gestión del Riesgo y con el director de Agencia Nacional de Defensa Judicial estamos dando al luz verde para proceder con la demolición de ‘Aquarela’”, sostuvo ‘El Tractor’ William Dau.
De hecho, el mandatario envió una carta a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, UNGRD, solicitando la hoja de ruta que debe seguir el Distrito para establecer las fases que se llevarán a cabo para tumbar la obra y así restituir 619 metros cuadrados de espacio público que invade la mole.
“La voy a tumbar junto con las autoridades, obviamente”, subrayó el mandatario.
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Dau fue enfático en que la demolición de la obra tendrá como prioridad minimizar el riesgo para los vecinos del barrio Torices y la infraestructura histórica en los alrededores, como el Castillo de San Felipe, ubicado a una cuadra del edificio.
“No creemos que se pueda hacer una implosión porque afectaría a las comunidades aledañas y El Castillo de San Felipe”, señaló Dau.
La demolición puede costar entre 2 mil y 3 mil millones de pesos, la mayoría de los recursos los aportará la Unidad de Gestión del Riesgo.
Yomaira Grandett/ Archivo EL TIEMPO
Constructora deberá retornar gastos de la demolición
“La Ministra de Cultura, Doctora Carmen Vásquez, asegura que la demolición puede costar entre 2 mil y 3 mil millones de pesos, la mayoría de los recursos los aportará la Unidad de Gestión del Riesgo, otra parte del Ministerio y están pidiendo que el Distrito también aporte una parte”, expreso el alcalde.
Pero según la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE) la constructora deberá retornar los recursos.
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La Ministra de Cultura, doctora Carmen Vásquez, asegura que la demolición puede costar entre 2 mil y 3 mil millones de pesos
Tiene el visto bueno de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado
La decisión del alcalde cartagenero de tumbar la mole no es azar ni presionado por los órganos de control.
La administración ya recibió el concepto jurídico la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE) que considera que “la edificación debe ser destruida por completo, como quiera que existe una orden de demolición vigente que se encuentra contenida en las resoluciones 001 proferida por el Inspector de Policía 2 de Cartagena y 7589 de 2018, y proferida por la Secretaría del Interior y Convivencia, que ordenaron la restitución del espacio público ocupado indebidamente por la construcción”.
“La acción que procede es la demolición de la edificación, como lo establece el artículo 194 del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana”, suma Dau.
Para El Distrito las propuestas de la Promotora Calle 47, constructora del proyecto Aquarela, no aportaron condiciones de seguridad que garanticen que no habrá afectaciones en la edificación y viviendas aledañas, y jurídicamente la demolición parcial es inviable.
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La constructora perseguirá el resarcimiento de los daños causados
Según la constructora, «derribar el edificio sin que haya de por medio una orden judicial implica asumir la responsabilidad patrimonial de resarcir los daños contra los afectados, que además de los constructores, incluye a más de novecientas familias cartageneras que invirtieron sus ahorros en este proyecto habitacional debidamente licenciado».
La Promotora Calle 47 SAS, constructora de la mole, asegura que continuará atendiendo todos los requerimientos jurídicos, en el marco del debido proceso.
«La orden policiva de restitución del espacio público presuntamente ocupado solo versa sobre una pequeña parte de la edificación, que Promotora Calle 47 SAS siempre ha estado en la disposición de cumplir con arreglo a la Ley, y no lo ha podido hacer por órdenes judiciales y decisiones administrativas del Distrito», señala la Promotora Calle 47.
La constructora insiste en la legalidad del proyecto, el rigor técnico de la obra y asegura que de ser demolida «perseguirá el resarcimiento de los daños causados».
Y concluye «El Ministerio de Cultura busca una vez más escudar la falla institucional ante la no adopción oportuna de un plan integral de protección y conservación de la ciudad, que la UNESCO ha solicitado de manera reiterada al Estado colombiano».
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John Montaño
Redactor de EL TIEMPO
Cartagena
En Twitter: @PilotodeCometas
