En un verdadero dolor de cabeza para las autoridades colombianas se ha convertido la convivencia de unos 400 yukpas venezolanos, quienes acondicionaron con tablas y bolsas de plástico un asentamiento irregular sobre un lote baldío, a un costado del puente internacional Francisco de Paula Santander, en plena frontera con Venezuela.
En las últimas semanas, esta comunidad indígena, proveniente de la Serranía del Perijá, del vecino país, ha protagonizado una serie de agresiones contra los funcionarios que están apostados en el filtro migratorio de este corredor fronterizo, cuando impiden el ingreso de mercancía de contrabando.
El hecho más reciente que puso en evidencia el carácter agresivo de estos migrantes se registró en la tarde del miércoles, cuando un uniformado de la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa) fue linchado con piedras por integrantes de esta tribu, que pretendían ingresar a la fuerza carne de procedencia ilegal.
El rostro herido de este policía, a quien le dieron un día de incapacidad por sufrir este ataque, sumado a las imágenes de indígenas que en días pasados agarraron a palazos a funcionarios de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), refuerzan el llamado de 4.000 habitantes del sector vecino del Escobal, de Cúcuta, quienes han exigido a través de quejas y derechos de petición una rápida intervención para esta población ancestral, cuyos niños y mujeres en gestación viven en precarias condiciones y a pleno rayo del sol.
Indígenas yukpas, provenientes de la Serranía del Perijá, en #Venezuela, agredieron a funcionarios de la Dian, cuando intentaban ingresar lo que sería carne de contrabando por el puente internacional Francisco de Paula Santander. pic.twitter.com/nOppASmq3i
— EL TIEMPO Colombia (@ColombiaET) 16 de marzo de 2018
Creemos que estos indígenas están siendo instrumentalizados por delincuentes que están al servicio del contrabando
“Esta problema se ha convertido en un verdadero dolor de cabeza, porque el tratamiento de estas personas se debe hacer desde el orden nacional. Por eso estamos a la espera de las indicaciones impartidas por el Gobierno para ver cómo entrar a dialogar y hacerles entender que no están por encima de la ley”, precisó Mauricio Franco, secretario de Gobierno de Cúcuta.
El año pasado, la administración municipal ofreció una alternativa de transporte a estos indígenas, quienes llegaban masivamente con la migración de venezolanos que huyen de la crisis social del vecino. Pero así como decidían retornar a su lugar de origen sin mayores forcejeos, a los pocos días, las imágenes de estos indígenas vendiendo sus artesanías en las calles se empezaron a multiplicar.
Según la Policía Metropolitana de Cúcuta (Mecuc), la concentración de estos nativos a un costado de esta corredor fronterizo, situado entre la capital nortesantandereana y la población venezolana de Ureña, estaría obedeciendo a una estrategia de las bandas de contrabandistas para facilitar el paso de sus productos.
“Estamos investigando esta situación con los indígenas, porque creemos que están siendo instrumentalizados por delincuentes que están al servicio del contrabando”, precisó el coronel Javier Barrera, comandante de la Mecuc.
Ante estos fuertes choques, en una reunión con varias entidades del orden nacional se acordó para el viernes habilitar un canal de diálogo con los líderes de esta comunidad para garantizarle su permanencia en el territorio nacional bajo cuatro parámetros, que consisten en respetar a las autoridades y la ley, permitir la atención asistencial de los niños y apoyar la conformación de un censo para determinar cuántas personas habitan este resguardo improvisado.
“Tenemos que estrechar con ellos un diálogo de manera urgente. Pensamos que el sábado, un equipo de la Oficina de Asuntos Étnicos del Ministerio del Interior con Cancillería, Icbf y Defensoría del Pueblo y la Alcaldía de Cúcuta se van a reunir en esa ciudad para empezar un proceso de acercamiento bajo unas pautas que son necesarias para avanzar en esta labor”, explicó Felipe Muñoz, gerente del Plan Fronteras ordenado por el presidente Santos.
En días pasados, la Defensoría del Pueblo envío una carta a la Cancillería, advirtiendo sobre los cuidados que se debían contemplar al momento de adelantar esta intervención, pues por su condición de pueblo ancestral el procedimiento se debe enmarcar bajo un enfoque diferencial, atendiendo las recomendaciones de organismos internacionales.
CÚCUTA
