Bolivia declara la guerra al contrabando con Chile

La aduana boliviana acusa a Sabaya, un pueblo fronterizo, de haberse dedicado colectivamente al contrabando y ha iniciado un proceso contra su alcalde y las autoridades indígenas que lo lideran. La investigación judicial se extiende a las dos localidades vecinas. La Fiscalía y el Ejército entraron en el municipio, situado en el oeste del país, para decomisar alrededor de 50 camiones con mercancía ilegal. Sin embargo, se encontraron con que los habitantes de Sabaya habían sustraído el botín a los pueblos vecinos de Huaripuri y Pakariza.

Estos municipios, en los que, aparentemente, los pobladores viven de una de las pocas actividades viables en la árida frontera que separa a Bolivia de Chile: la importación ilegal de mercadería que llega a los puertos chilenos.

Una de las pocas actividades viables en la árida frontera que separa a Bolivia de Chile es la importación ilegal  hacia los puertos chilenos

Cuando las autoridades aduaneras detectaron que un convoy de unos 50 camiones había llegado a Sabaya para eludir sus puestos de control, hizo trasladar tropas hasta allí y allanó 21 domicilios. Sin embargo, “la complicidad de las autoridades de la localidad”, entre ellas el alcalde Pablo Villca, impidió que el operativo tuviera éxito. Cuando los aduaneros revisaron los camiones, se encontraron con que los bienes que supuestamente iban en los vehículos habían desaparecido. Aprovechando la noche previa a la acción militar, los vecinos los habían llevado sigilosamente a los pueblos vecinos, al parecer con la complicidad de las autoridades de estos, y habían quemado algo de mercadería en los cerros cercanos. Así que lo único que los aduaneros encontraron fueron artículos “basura”, como ropa usada y un alijo de palos de golf. La aduana solo ha podido detener a nueve camiones, ya que la ley únicamente la autoriza a decomisar los vehículos que sean descubiertos en delito flagrante.

El 83% de las importaciones bolivianas, que son de alrededor de 10.000 millones de dólares, llega por carretera a través de Chile. No hay datos confiables, pero se supone que el contrabando equivale a un 20% de esta suma, unos 160 millones de dólares. La falta de alternativas lleva a los habitantes de la frontera, en su mayoría indígenas, a involucrarse en este delito: a veces de manera organizada y colectiva, lo que en el pasado ha derivado en importantes choques entre ellos y el Ejército, que es el que actúa en los lugares en los que la policía no llega. En esta tesitura, la directora de aduanas del Gobierno, considerada uno de los mejores funcionarios del Ejecutivo de Evo Morales, Marlene Ardaya, se ha convertido en la principal “enemiga” de los “pueblos”.

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