Mauricio Macri tiene en el norte de Argentina un problema que se llama Milagro Sala. La militante kirchnerista, líder de la organización social Tupac Amaru, permanece encarcelada desde el 16 de enero de 2016 por un acampe en la capital de la provincia de Jujuy, una causa contravencional a la que la Justicia sumó luego otros seis expedientes, pero federales. Su prisión preventiva mereció la atención de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria (GTDA), de Naciones Unidas, quienes la calificaron de “arbitraria” y solicitaron al Gobierno argentino la “inmediata liberación” de la mujer de 52 años. Entre el jueves y el viernes, Sala ha sumado dos sentencias, la primera a tres años de prisión en suspenso por un escrache al senador Geradro Morales, hoy gobernador macrista de la proviincia. La segunda, una inhabilitación a integrar organizaciones civiles y una multa, por la protesta que su agrupación realizó en la plaza contra Morales, a principios de este año.
El Tribunal Oral Federal (TOF) 1 de Jujuy condenó a Sala a tres años de prisión en suspenso por el delito de daño agravado y deberá realizar tareas comunitarias para la institución religiosa Cáritas. Además, fue absuelta en la imputación por amenazas, debido a que prescribió el delito. La semana pasada, se produjeron serios incidentes en la puerta del tribunal mientras se esperaba la lectura del fallo, en los que fue agredida una diputada nacional kirchnerista.
Este jueves, Sala fue inhabilitada por la justicia local para formar parte de organizaciones civiles por tres años, ademas de cobrarle la mayor multa que dispone el código contravencional de la provincia de Jujuy, que es de 3.780 pesos (235 dólares). “Dignificar a los que menos tienen nos significó estar sentada en este sillón, pero les pido a los jueces que no se dejen apretar por el poder político, dicten lo justo”, manifestó la líder de Tupac Amaru en el primer juicio. “La cultura de trabajo es muy importante para nosotros después de la década del 90 y 2001, cuando [Fernando] De la Rúa y los que destruyeron a nuestro país nos conformaron con un plan Trabajar y nos dijeron que no había que trabajar”, agregó.
La Tupac Amaru nació en 1998 y tuvo a su cargo la construcción de 8.000 viviendas en Jujuy y otras tantas en el país, gracias a los aportes que recibía directamente del Gobierno de Cristina Fernández de Kichner. El desarrollo de esas obras son investigada por la justicia en otras dos causas, una que acusa a Sala de asociación ilícita, extorsión y fraude a la administración pública, por la desaparición de 60.000.000 de pesos (3.740.000 dólares) que nunca habrían llegado a un programa de mejoras habitacionales. En la otra está imputada por fraude a la administración pública por un total de 700.000.000 de pesos (43.600.000 dólares) junto al exgobernador Eduardo Fellner, el antecesor en el cargo de Morales.
No son los únicos problemas judiciales de la militante kirchnerista. Sala enfrenta otras tres acusaciones, una por lesiones graves, por un hecho ocurrido en 2006; otra por “tentativa de privación ilegítima de la libertad agravada”, en la que se le atribuye haber ordenado el secuestro de un bebe para intimidar a una familia en 2001; y la última por presuntas amenazas a una comisaría en 2014.
“Lamentablemente nunca me imaginé que iba a pagar este costo, que me iban a judicializar las protestas. Siento mucho dolor interno por la injusticia que estamos viviendo (los integrantes de Tupac Amaru) porque no hemos robado nada, hemos trabajado y dignificado a miles de compañeros. Hicimos piletas para que puedan tenerlas los pobres como cualquier hijo de rico. Ese fue nuestro pecado. Simplemente queríamos igualdad en un país muy rico”, expresó Sala.
El gobierno de Macri ha negado siempre que la detención de Sala responda a su militancia política o la guerra abierta que mantiene con el gobernador Morales. Ante cada requerimiento internacional ha derivado los reclamos a la justicia de Jujuy para informe sobre los motivos de la detención, Incluso ha invitado a una misión de la OEA para que visite la provincia y vea «de primera mano» los detalles de la causa.
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